Hubo tres leyes laborales que intentaron incentivar el empleo registrado en la últimas cuatro décadas

Durante los 40 años que transcurrieron desde la vuelta de la democracia, se fueron modificando las legislaciones que regulan al mercado laboral y que intentaron incentivar el trabajo registrado. Algunas tuvieron un buen desempeño y otras, en cambio, resultaron contraproducentes.

Julieta Tejerizo, abogada e integrante de la Asociación Argentina del Derecho de Trabajo y Seguridad Social, en diálogo con LA GACETA realizó un análisis sobre cuáles fueron las principales normas laborales que influyeron en la realidad del mercado laboral desde 1983 hasta el presente.

Ley de Empleo

La Ley 24.013 fue promulgada en 1991, con el objetivo de promover y defender el empleo, regularizar el trabajo no registrado y proteger a los trabajadores desempleados. Para ello “incluye en sus artículos intimaciones a los empleadores para que dentro de un determinado plazo registren al empleado; en caso de no hacerlo se le aplican sanciones con multas agravadas y muy onerosas para el supuesto de que se produzca la desvinculación del contrato de trabajo. Estas indemnizaciones agravadas las puede reclamar el trabajador, mediante un proceso judicial, sólo para el supuesto de que se desvincule, si ha cumplido con ciertas intimaciones o si demuestra que hubo una irregularidad en su registración o no registración”, explicó Tejerizo.

Según la especialista, esta ley no tuvo el éxito que pretendía porque no logró zanjar la dificultad de tener a los trabajadores no registrados y tampoco resultaba financieramente tentadora para los empleadores. “Los empresarios, sobre todo dueños de las Pyme, tratan de sobrellevar la economía diaria y dentro de este esquema económico no les alcanza para poder registrar al trabajador, o quizás les alcanza pero les es muy caro y prefieren correr el riesgo de ver cómo solucionan después una demanda judicial”.

Ley de Pasantías

La Ley 26.427 fue promulgada en diciembre de 2008, con la cual se intentó realizar un híbrido entre un contrato de trabajo y un contrato de aprendizaje. Sin embargo esta norma “tampoco tuvo el éxito pretendido porque se crearon bastantes fundaciones truchas para simular que existía un contrato de aprendizaje entre el pasante y el empleador cuando en realidad terminaban siendo trabajadores disfrazados de pasantes porque el costo era mucho más económico”, indicó la letrada.

Repsal

En mayo de 2014, a través de la ley 26.940, que tenía por objetivo fomentar el empleo registrado y prevenir el fraude electoral, se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Esta ley, principalmente, prevé que tanto el Ministerio de Trabajo como la Seguridad Social difundan cuáles son las sanciones a las que podrían ser sometidos los empleadores en caso de incumplir las normas, sobre todo las que están vinculadas a la no registración de sus trabajadores.

Ayuda estatal

En sus artículos, la Ley 26.940, también incluye una promoción de contratación del trabajo registrado, en donde de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengan las empresas, y si entran dentro de los programas de incorporación de fomento de trabajo que promueve el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Estado por un tiempo determinado se encarga de pagar un 50% o 75% de las contribuciones a la seguridad social. “Estos programas son tentadores y convenientes para los trabajadores. Los programas que más se conocieron fueron los que estuvieron en este último tiempo para las empleadas de casas particulares, en donde además de hacerse cargo de parte de las cargas sociales, el Estado también se encargaba del 50% de las remuneraciones por un tiempo determinado” explicó la abogada.

Quienes también forman parte de este convenio son algunas empresas multinacionales o macroempresas, como los call centers o cadenas de reconocidas franquicias. Tejerizo explicó que este tipo de empresas suelen amenazar al Gobierno con retirarse de la provincia o del país debido a la carga impositiva, para conseguir beneficios, a los cuales el gobierno termina cediendo al contemplar la cantidad de trabajadores que estas empresas tienen dentro de su plantel. “Este beneficio debería ser mucho más acentuado para las Pymes en Argentina antes que para las empresas multinacionales que recaudan millones de pesos y dólares y que en definitiva pueden solventar la registración de sus trabajadores sin necesidad de obtener beneficios del Estado”, analizó la profesional.

Falta de difusión

La Dirección de Empleo es quien se encarga de llevar a cabo la gestión de los programas benefactores que buscan fomentar el empleo registrado, ayudando a las empresas a solventar una parte de la carga impositiva. A pesar de que la considera una buena iniciativa, la integrante de Asociación Argentina del Derecho de Trabajo y Seguridad Social notó que el programa viene arrastrando una falla desde hace un tiempo: hay pocas personas inscriptas. Para Tejerizo la baja presencia puede deberse a un desconocimiento por parte de la sociedad. “Si se promueve la publicidad de este tipo de programas puede resultar muy beneficioso para todos y sin duda alguna lo que va lograr es la registración de los trabajadores”, argumentó. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero).