Fernando Sebastián Medina (25 años) cumplía una condena por robo cuando fue asesinado el 22 de noviembre de 2017 en el patio del penal de Villa Urquiza. Al principio se pensó que se había tratado de una mortal pelea entre internos, pero después se fue confirmando que el crimen estaba vinculado a la venta de drogas en el penal.
La víctima denunció ante la Justicia que personal del servicio penitenciario lo obligaba a vender cocaína, marihuana y psicofármacos. Para preservar su seguridad, fue trasladado a la seccional 7ª. El 19 de noviembre de 2017, sin ninguna orden judicial, fue llevado nuevamente al penal de Villa Urquiza y alojado en un pabellón común, a pesar de que había órdenes de que se lo protegiera.
Al día siguiente, Medina a través de una carta, le informó al juez de Ejecución Roberto Guyot de la situación irregular, que en el trayecto había recibido una feroz golpiza y que estaba seguro que lo querían matar. Como no tuvo respuesta, envió a sus familiares para que se entrevistaran con el magistrado, pero nunca los recibió. El 22 de noviembre, el testigo fue asesinado por el también penado Sebastián “Pichi” Mendoza.
La fiscala Adriana Giannoni recibió la declaración de la pareja del interno fallecido. Ella no sólo le confirmó que vendía drogas, sino que le explicó que Medina le entregaba el dinero de la venta de las sustancias para que se lo llevara a los líderes de la organización.
Dio muchos nombres, entre ellos, el de Walter Vallejo, un guardiacárcel que fue condenado a 11 años de prisión por ingresar drogas al penal. En ese juicio, el fiscal Pablo Camuña desistió de escuchar los testimonios de compañeros de trabajo del penado, ya que estaban siendo investigados por el tráfico de drogas en el penal.
Después de más de seis años de espera, para marzo fue agendado el juicio por este crimen. Estarán sentados en el banquillo de los acusados Mendoza como autor del hecho y los funcionarios Guillermo Snaider, Víctor Cassasola, Claudio González, José Fernando Cisterna y Sergio Patto, todos mencionados en la causa por comercialización de drogas en la cárcel.
Giannoni intentó en vano que el ex juez Guyot sea sometido a una investigación por su actuación en el caso.