Caso Lebbos: le concedieron la libertad condicional a un condenado

El ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, condenado por encubrimiento en el marco de la investigación por el crimen de Paulina Lebbos, recibió esta semana el beneficio de la libertad condicional, a cuatro años y 10 meses de haber sido sentenciado.

Barrera fue uno de los condenados en febrero de 2019 junto al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, al ex jefe de la Regional Norte Rubén Brito y al ex policía Waldino Rodríguez. En ese momento, quien era el segundo jefe de la fuerza cuando se encontró el cuerpo de la estudiante en marzo de 2006, fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión.

El ex funcionario, quien siempre negó haber participado en maniobras de encubrimiento que hayan permitido que hasta ahora no se conozca a los asesinos de la estudiante estuvo sólo seis meses en el penal de Villa Urquiza. El 12 agosto 2019 el juez Roberto Guyot le otorgó la prisión domiciliaria al considerar que su estado de salud era riesgoso, “teniendo en cuenta que en la cárcel carecen de atención básica e indispensable”. Desde ese momento estuvo detenido en su casa con una tobillera electrónica para que cumpliera con la pena por haber sido hallado coautor de encubrimiento y falsificación de instrumento público.

Barrera cumpliría el total de su pena el 27 de julio de 2024, por lo que ya completó los ¾ de condena que estipula la ley para otorgar la libertad condicional.

A lo largo del proceso, la jueza de Ejecución, Ana María Iácono, le había advertido que para acceder al beneficio de la libertad condicional debía someterse a un tratamiento psicológico, algo que el ex funcionario cumplimentó este último mes, luego de haberse negado constantemente. El padre de Paulina, Alberto Lebbos, además, se opuso al beneficio aduciendo que no sólo no había mostrado arrepentimiento sino que, a pesar de haber sido condenado, Barrera (ni ninguno de los otros sentenciados) habían colaborado en el esclarecimiento de la causa. “Fue un homicidio brutal, horrible y no dicen la verdad”, se quejó el hombre.

Iácono, a la hora de decidir, además le impuso una serie de obligaciones a Barrera como continuar con el tratamiento, no consumir bebidas alcohólicas, no acercarse a menos de 500 metros de cualquier integrante de la familia Lebbos y usar una tobillera electrónica, según se informó.

Barrera se sumó así a la situación de Brito, condenado a cinco años de prisión, a quien le concedieron la libertad condicional el 23 de agosto pasado. El ex jefe de la Regional Norte había sido beneficiado con la prisión domiciliaria en abril de 2020, en plena pandemia, al tener problemas de salud. Di Lella, sentenciado a seis años de prisión, cumple su condena bajo la modalidad arresto domiciliario desde el 10 de diciembre de 2021, cuando se tuvo en cuenta su estado de salud. En el caso de Sánchez, condenado a seis años de prisión, a fines de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario, también por cuestiones de salud. La Justicia ya rechazó varios planteos en los que el ex jefe de la fuerza solicitaba la libertad condicional. El 21 de septiembre del año pasado, los miembros de la CSJ Claudia Sbdar, Stela Maris Arce y Wendy Kassar, confirmaron las condenas del juicio que había llevado adelante los jueces Dante Ibáñez –presidente- y los vocales Carlos Caramuti y Rafael Macorito. Pero además dispusieron que se investigue al ex gobernador José Alperovich y al ex subsecretario de Seguridad, José Ardiles, por haber aceptado el ascenso del ex comisario Enrique García, cuando ya estaba imputado por presuntas irregularidades en la investigación del caso

El único que por el momento permanece detenido en el penal de Villa Urquiza es el ex fiscal Carlos Albaca, condenado a seis años de prisión, a quien le rechazaron ya varios pedidos para que se le otorgara la prisión domiciliaria. Su defensa pretende que pueda cumplir el resto de la pena en su departamento atendiendo su edad (más de 70 años) y razones de salud.

A Paulina la secuestraron el 26 de febrero de 2006 a la salida de un boliche en la zona de El Abasto y su cuerpo apareció días después a la vera de la ruta 341, en Tapia. Hasta aquí la Justicia sólo pudo determinar y juzgar maniobras de encubrimiento, pero no avanzaron en cuanto a la autoría del crimen.