Por Roberto Delgado
03 Diciembre 2023
Ya está en marcha el proceso oral contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y tres ex funcionarios por la presuntas anomalías con dinero proveniente de regalías mineras en obras que se realizaron en la UNT entre 2006 y 2009. Se trata de saber cómo se usaron $ 353 millones (unos 85 millones de dólares de esa época) para realizar reparaciones y obras nuevas en varias dependencias de la Universidad. En 2010 el arquitecto Ramón Eudal hizo la denuncia, ante presuntos sobreprecios y ante las supuestas irregularidades en colocaciones financieras de grandes sumas de dinero.
Ilusiones y preocupaciones
Cuando a partir de 2003 empezó a llegar dinero de la minería a la UNT se abrió un amplio panorama de ilusiones y de preocupaciones. Ilusiones, porque siempre habían faltado fondos para mantener los edificios y para emprender proyectos. La Universidad, que había soñado en la época del rector Horacio Descole (1948) con construir en el cerro San Javier una ciudad universitaria que fuera un faro en Latinoamérica, veía renacer esas expectativas que habían estado postergadas por cinco décadas. El proyecto estaba hecho por Descole con los más grandes arquitectos de Tucumán a fines de los 40, enmarcado en el plan quinquenal del primer peronismo y se inició a toda marcha, como puede verse aún en las instalaciones que han quedado en San Javier y en Horco Molle. A partir de 1951, por falta de fondos, el proyecto entró en parálisis y las expectativas se marcaron a fuego en 1958 con la sanción de la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La UNT es socia en el ente minero porque el yacimiento Farallón Negro fue descubierto en los años 40 por Abel Peirano y este legó sus derechos a la Universidad.
El uso del dinero
YMAD nunca dio regalías como para pensar en la Ciudad Universitaria hasta que con la etapa minera del menemismo llegó la Minera Alumbrera y tuvo la concesión otorgada por YMAD. De allí es que volvió el sueño. Cerisola -que asumió como rector en 2006 y estuvo hasta 2014- estaba obligado por la ley a usar esos dineros en la Ciudad Universitaria. El artículo 18 de la 14.771 dice que “las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma: a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. b) El cuarenta por ciento restante (40%) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados”. Y continúa: c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%), se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
La estrategia
Cerisola hizo que Construcciones Universitarias diseñara un plan de obras; hizo resoluciones para que los fondos provenientes de YMAD se pudieran usar por fuera de la Ley de Obras Públicas y el 2 de enero de 2008, reunido con el directorio de YMAD, firmó un acta por la que se declaraba concluida la Ciudad Universitaria (con ese plan de obras). A partir de ese momento las regalías mineras que llegasen a la UNT tendrían que ser repartidas en un 50% a las otras universidades y la otra mitad quedaba de libre disponibilidad.
El juicio contra Cerisola, que se hará en 2024, es por los dineros usados entre 2006 y 2009, en el marco de las regalías ingresadas para terminar la Ciudad Unversitaria. En el juicio deben aparecer quiénes son los que, dentro del andamiaje u organigrama universitario, colaboraron con los cuatro enjuiciados para que todo lo que pasó pudiera suceder. El juicio intentará determinar responsables por: 1) Colocaciones en plazos fijos de dineros provenientes de YMAD; 2) Contrataciones de obras realizadas más otras sólo iniciadas y no concluidas; 3) Firma del acta acuerdo que da por concluida la construcción de la Ciudad Universitaria. 4) Indagar si YMAD, en algunos períodos, envió menos porcentaje del 40% a la UNT.
Pero se ignora qué pasó con el dinero que ingresó después de ese 2 de enero. Se sabe que llegó en cantidades variables hasta 2014, cuando la Minera Alumbrera empezó su período de cierre de mina.
El 22 de septiembre de 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza, que había sido uno de los dos delegados de la UNT en YMAD, dijo que la Universidad había dejado de ganar 500 millones de pesos (eran unos 110 millones de dólares) a causa del cambio que había generado el acta. Entonces, seis años después de la firma del acta, el Consejo Superior tuvo conciencia de lo que había sucedido. Como la cifra de todo ese dinero perdido causó fuerte impacto, poco se tuvo en cuenta que había ingresado una cantidad equivalente (110 millones de dólares) que desde el acta de 2008 era de libre disponibilidad. No se debía usar obligadamente en la terminación de la Ciudad Universitaria. ¿Cómo se usaron esos dineros? Como no hubo denuncia por supuestos malos manejos, cabe pensar que los controles de los organismos pertinentes de la Universidad funcionaron. ¿Pero se los usó con las mismas normas con que se utilizaron los dineros de las obras que motivaron el juicio?
La vuelta a la Ciudad Universitaria
Correlativamente, como el Consejo Superior pidió la anulación del acta de 2008 -la declaró nula porque Cerisola no tenía potestad para hacer ese acuerdo- y lo ha reclamado en la Justicia Federal en Catamarca, si quedara establecido que el acta no tiene valor, esos 110 millones de dólares ingresados desde 2008 y los que se enviaron a las otras universidades... ¿debieron ser usados en la finalización de la Ciudad Universitaria?
Y queda además el debate instalado desde marzo, cuando se hallaron, arrumbados en una caja humedecida en un galpón en la ex Quinta Agronómica, miles de planos y láminas referidos a la Ciudad Universitaria y quedó en danza el debate: ¿se debe volver al proyecto original y retomar y terminar las construcciones en el cerro? Las autoridades universitarias dicen que ya no se puede hacer eso, que estamos en otros tiempos y que la sociedad es diferente. Pero hay una ley que las obliga, porque en su marco se generó todo este desbarajuste. ¿Hay que obedecerla en sentido estricto o en sentido amplio?
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