Si puede empeorar, empeorará

Sobre el tiempo económico que se viene sólo hay una certeza: puede ser peor. Si casi es una constante nacional; una derivación argentina de la Ley de Murphy, bien criolla: si puede empeorar, empeorará. Hasta el más optimista sabe que tendrá que prepararse para lo peor porque se viene un ajuste en las cuentas, se quiera o no. Lo anticipó Milei; el libertario afirmó que habrá que soportar una estanflación, una pésima noticia para la clase media que ya viene en picada, mucho más grave para los nuevos pobres, y dramática para los que son pobres e indigentes crónicos.

En el futuro que advierte el presidente electo nadie se salva, aunque algunos más que otros sentirán los rigores de los efectos de la crisis y hasta de las posibles medidas que quiere impulsar el outsider para cambiar la realidad del país. Para eso lo votaron, no sólo para respaldar su bronca y sus acusaciones contra la clase política, la casta, sino también para que mejore las condiciones de vida de los argentinos y garantice el bienestar general. ¿Cómo lo conseguirá?

En siete días más lo hará público, entonces se sabrá de qué manera y con quiénes planea hacerlo, con qué socios para afrontar el caos que preanuncia y con qué adversarios. Por el momento, a sus votantes les viene advirtiendo que se alisten para las tormentas. Sin embargo, más preocupados deben estar los que tienen y tendrán responsabilidades de gestión, aquellos que deben administrar los recursos de sus estados -provinciales, municipales y comunales-, porque también les avisaron: no hay más plata; basta de déficit fiscal, a pagar los sueldos sin la ayuda nacional. A salvarse como se pueda, con mucho esfuerzo y con mucha creatividad.

Si la amenaza se verifica, lo que debería acabar es la discrecionalidad centralizada en el manejo de los fondos públicos. En ese marco resultará interesante exigir explicaciones al Gobierno libertario -más adelante- sobre cómo administra los dineros del Estado aprovechando la ley 27.275, que establece el derecho ciudadano de acceder a la información pública. Una norma que data de la gestión presidencial de Macri, el que pretende someter a sus intenciones al líder de La Libertad Avanza.

Tener responsabilidades ejecutivas y escuchar decir al administrador de las arcas del Estado que no habrá más dinero debe alterar los ánimos y generar dudas sobre las propias capacidades para responder a los electores. Alguno que otro no podrá dormir tranquilo hasta saber exactamente a qué se tiene que atener con Milei conduciendo el país desde su ideología; por ahora sólo pueden especular y tratar de prepararse para lo peor.

Y lo peor para un dirigente político que alcanza el cargo de gobernador o de intendente debe ser sucumbir ante el desafío de realizar una buena gestión, el no poder cumplir con las expectativas de sus votantes, de sus vecinos. El de fallarles, de no tener la suficiente imaginación, creatividad y resiliencia para superar el trance de no contar con las ayudas de los que están más arriba, de saber que la discrecionalidad no será un rasgo de la época que se aproxima -como viene sucediendo hasta ahora producto de las amistades y de las conveniencias políticas entre gobernantes- a partir de las definiciones del liberal libertario. Así cada uno deberá valerse con los dineros que les corresponden por ley y de lo que puedan generar en sus administraciones para no ahogarse financieramente. ¿Cuasimonedas?, ¿pedir préstamos? Algo van a tener que hacer, como agudizar el ingenio.

Seguro tendrán que ajustarse, limitarse y acomodar sus números y ver de dónde obtendrán fondos sin romper una ecuación clásica: no gastar más de lo que les ingresa. Y si les ingresa poco, poco podrán hacer. Todo pasará por ver cómo consiguen recursos para atender las prestaciones que debe brindar un Estado, para asegurar el buen funcionamiento de sus administraciones; en suma, cómo llevar alivio a la sociedad y evitar un clima de malestar social que, por lo que se dice desde el poder, va a ser inevitable.

En el caso personal de Milei el tiempo para mostrar resultados positivos va a ser clave, porque la paciencia de sus votantes tendrá un límite. ¿Seis meses?, ¿un año? Dependerá, tal vez, de que se verifique una esperanzadora ley antiMurphy: si no empeora, puede mejorar. Recursos, ¿dónde obtenerlos, cómo conseguirlos?, es lo que se deben preguntar con insistencia y preocupación los mandatarios de todos los colores políticos. La incertidumbre los desvela.

El viernes, los gobernadores del Norte Grande, incluyendo a Jaldo, pidieron al presidente, Alberto Fernández, que prorrogue hasta 2050 la vigencia del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial porque los préstamos que se generan con este instrumento favorecen a la región. Una cabel muestra de desesperación a causa de los recursos coparticipables que perdieron a partir de la eliminación del impuesto a las ganancias. Y Milei dijo que no lo va a restituir. A usar la imaginación, es el reto de los que gestionarán teniendo a Milei en la presidencia.

Como nadie sabe qué hará específicamente y qué propondrá, ni siquiera se avanza con definiciones políticas en cuanto a la composición y el rol que tendrá el futuro Congreso. No hay certezas sobre cuántos bloques habrá finamente -por ahora hay amagues-, quiénes los integrarán, si Unión por la Patria subsistirá unido o si se fragmentará, si se quebrará Juntos por el Cambio, qué hará el PRO macrista -que ya perdió a Patricia Bullrich- y dónde se ubicará la UCR. Puede que haya grupos que se integren por razones ideológicas, otras por lazos partidarios y posiblemente otros atendiendo a los intereses de los gobernadores de provincias. Por lo que se ve, faltarán colores para pintar a todos los bloques legislativos.

Lo que pueda suceder en el Parlamento dependerá bastante de lo que diga Milei el 10 de diciembre, cuando esclarezca qué y cómo lo hará; porque es posible que divida las aguas. De allí derivarán reacomodamientos según los intereses comunes, de los que se puedan ver beneficiados o bien afectados. Por estos días se trata de abrir el paraguas, se tiran rumores, y se busca acomodarse lo mejor posible para lo que pueda sobrevenir y que afecte las gestiones.

Por ejemplo, la decisión de Jaldo de eliminar el Pacto Social a partir de enero fue en la línea de transferir responsabilidades de gestión a los jefes municipales, para que aprendan a no depender de las ayudas de la Provincia -el favoritismo y la discrecionalidad, en algunos casos- y para que pergeñen cómo sobrevivir con lo que les ingrese por ley, o sea por coparticipación y por el Fondo de Desarrollo del Interior.

El tranqueño se adelantó a Milei, anunció en septiembre el cese del Pacto Social, con lo que puso en alerta a todos los intendentes, a los propios y a los ajenos. Les saca una herramienta que desde su vigencia en 2000 llevó paz social a las ciudades del interior, ya que el Ejecutivo pagaba los sueldos a empleados y atendía las obras públicas a cambio de la cesión de los fondos coparticipables.

Fue negocio para ambos lados mientras duró, pero la crisis se profundizó y llegó la hora de atender lo que exclusivamente le corresponde a cada uno; no hay más acuerdo por parte del Gobierno provincial. Cese de ayudas, igual a comienzo de hostilidades. Eso traduce la frase no hay más plata. Nadie espera que Murphy los abofetee y les anticipe que todo va a empeorar. Así es como la primera reacción vino del lado de los intendentes radicales, que deberán ajustarse a lo que fija la ley de coparticipación de 1991, la 6.316, firmada por el interventor federal Julio César Aráoz.

Allí se establecieron los porcentajes coparticipables para cada municipio y comuna, estas últimas de acuerdo a la categoría en que revisten. Si se observan los valores que determina, es razonable que las municipalidades manejadas por los radicales planteen la inconstitucionalidad de la norma y reclamen una nueva ley.

A la Capital le corresponde el 46%, a Banda del Río Salí 5,3%, a Tafí Viejo 4,7%, a Concepción 4,55%, a Monteros 4,2%, a Aguilares 4,05%, a Lules 3,7%, a Bella Vista 3,25%, a Simoca 3,1%, a Yerba Buena 3,05%, a Famaillá 3,05%, a Alberdi 2,7%, a Burruyacu 2,05%, a Tafí del Valle, a Trancas, a Graneros, a La Cocha y a Alderetes, 2%. Concepción aparece en el puesto cuarto, Bella Vista en el octavo y Yerba Buena en el décimo; no están entre las más beneficiadas en el reparto.

Se entiende que sus intendentes demanden barajar y dar de nuevo, apoyándose en el crecimiento que tuvieron sus ciudades. Además, el ser opositores los pone fuera del círculo de confianza político, lejos de los beneficios de la discrecionalidad; discrecionalidad que tampoco será posible para el Ejecutivo provincial que, proporcionalmente, debe lidiar con la Nación de la misma manera que los municipios con la Provincia. Un ajuste de arriba hacia abajo; mileísmo, se podría decir.

Será una prueba de fuego para todos los jefes municipales, sin exclusiones, porque deberán demostrar que tienen la capacidad suficiente para dar respuesta a sus vecinos sin otra ayuda que lo que les corresponda por ley. O aparecen nuevos gestores, imaginativos para afrontar la crisis, con capacidad de administrar la pobreza; o esas ciudades pueden quedar atrapadas ante la eventual incompetencia de sus jefes territoriales. Sin pacto social, las consecuencias pueden ser las mismas que las del siglo pasado cuando no existía este convenio: conflictos sociales y sindicales que explotaban en todas las municipalidades, algunos de los cuales resonaban en la plaza Independencia.