Las luchas silenciosas que aturden al peronismo

Evitan hablar de resistencia. Tampoco quieren que se instale la idea de que hay una interna. Incluso niegan que se trate de movimiento netamente manzurista. Pero como sostiene el dicho: si tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, ¡es un perro!

La realidad es que la Legislatura se ha convertido en las últimas horas en el cobijo de muchos de los colaboradores y dirigentes enrolados hasta el 29 de octubre en el espacio del ex gobernador Juan Manzur. Ya con oficinas y aires de poder, por el espejado edificio de avenida Sarmiento y Muñecas van y vienen ex funcionarios provinciales. Los casos más emblemáticos son los del ex ministro de Economía, Eduardo Garvich; y de la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Laura Pérez. A ellos se suma la apoderada del Partido Justicialista, Ana Escobedo, hasta hace poco funcionaria del Ministerio del Interior.

Los tres integran el círculo rojo del vicegobernador Miguel Acevedo, quien luego de ocho años de conducción de Osvaldo Jaldo en la Legislatura parece desconfiar hasta del agua con la que le preparan el café. Desde luego, la llegada en banda de ex funcionarios manzuristas ya despertó recelos, incomodidades y molestias entre el personal de un poder del Estado que hace culto del hermetismo. Principalmente, porque nadie tiene en claro cuáles son las funciones y los roles que llegaron a cumplir bajo el concepto de asesores. Como secretario legislativo continúa Claudio Pérez y como prosecretario, Alejandro Martínez. El primero se hizo fuerte durante los años de Manzur como vicegobernador y, luego de un comienzo complicado, se ganó la confianza de Jaldo durante sus dos mandatos como presidente de la Cámara. El taficeño, en tanto, se sumó en junio de 2020 a la Legislatura, en plena pandemia de coronavirus.

Legisladores oficialistas y hasta opositores se sorprendieron en esta última semana por los armados de comisiones. Aducen que algunos no fueron consultados o que sus preferencias no fueron tenidas en cuenta, y apuntaron contra Escobedo. Más allá de esos pataleos menores, el gran problema que tienen ahora pasa por identificar a los interlocutores válidos o con poder de decisión y manejo de recursos en esta nueva etapa. ¿Seguirá siendo Claudio Pérez el hombre que tendrá todas las llaves en la Cámara? Demasiadas dudas se amontonan justo en un recambio institucional tormentoso.

Pero el desembarco manzurista no es el único motivo de enojo entre los parlamentarios. La cuestión presupuestaria los aflige. Básicamente, porque no tienen certezas respecto de cómo se reacomodarán las partidas para personal ni mucho menos de cómo se contendrá a los miles de dirigentes que fueron dados de baja de la controvertida Unidad de Reconversión Laboral (Unrel). Según cuentan, el vicegobernador tira la pelota hacia adelante para ganar tiempo cada vez que le preguntan. “Nos pide que esperemos hasta marzo”, rezongó un oficialista que tenía unos 150 contratos en la unidad que dio de baja Jaldo y que busca respuestas.

El aire que se respira es denso en el peronismo. Pero no sólo el gobernador es el blanco de las molestias por el ajuste dispuesto, sino también el ex gobernador Manzur. Quienes estuvieron junto a él en la interna de 2021 le reprochan que los haya dejado a merced de la voluntad de “El Comisario”. “No pidió por ninguno”, resumió un referente capitalino que hasta hace un par de semanas se autopercibía manzurista.

Por eso la Legislatura promete un cierre de año intenso y la comisión de Hacienda y Presupuesto va a concentrar todos los chisporroteos. Con parlamentarios todavía haciendo pie y aprendiendo la dinámica parlamentaria, la rueda gira y se traba con facilidad. En la última reunión de ese comité lo padeció su presidente, Carlos Gallia. El ex intendente de Lules intentó que se diera dictamen a la extensión de muchas leyes de emergencia que vencen en los próximos días, pero recibió una respuesta desafiante: que el gobernador Jaldo pida las prórrogas de las controvertidas normas. “Que el costo político lo pague quien necesita de esas leyes, por qué lo vamos a asumir nosotros”, alertó otro parlamentario justicialista y consiguió el apoyo de un par de opositores. La docena de emergencias en vigencia abarca desde la situación carcelaria y de violencia de género hasta los museos y los clubes. El principal reparo es que se trata de mecanismos que posibilitan excepciones, como la contratación directa en lugar de licitaciones públicas.

Sin embargo, el asunto que más puede exponer el quiebre dentro del oficialismo es el diseño de la nueva relación entre la Provincia y los municipios. ¿Qué tiene que ver la Legislatura? Al menos 14 legisladores del oficialismo electos por el interior tienen relación directa con los intendentes de sus ciudades. Es decir, la eliminación del Pacto Social y el mano a mano que propone Jaldo les preocupa y los involucra, al punto que comenzó a gestarse una maniobra inédita. Claro, aún falta mucho para que pueda concretarse, pero que al menos haya asomado es un dato revelador del malestar existente.

Esta semana, un almuerzo entre oficialistas alumbró una idea que puede desafiar a la Casa de Gobierno. Varios de los comensales, algunos de ellos con ascendencia en las administraciones municipales, sugirieron la posibilidad de modificar la ley de coparticipación de la provincia para adecuar el goteo de recursos a las intendencias a la nueva realidad. Ocurre que las leyes que establecen los porcentajes que les corresponden a cada distrito son de la década del 90, y no contemplan por ejemplo que se coparticipe Ingresos Brutos, que representa el 80% de la recaudación provincial. Ayer los radicales lanzaron una movida con ese propósito, algo que no sorprende porque representan a la oposición y administran tres ciudades. Pero sí llama la atención que una intentona similar se geste en el seno del oficialismo.

Así, lo que parecía una bravuconada sin mayor sustento comenzó a generar adhesiones y fue derivada a algunos asesores para dotarla de respaldo técnico y legal. El objetivo de este grupo de legisladores, que trabaja con sigilo para evitar intromisiones y eludir las presiones, es condicionar la aprobación del proyecto de Presupuesto 2024 que envió la Casa de Gobierno a esta iniciativa. Por supuesto, nadie se atreve a garantizar el éxito ni tampoco que el texto siquiera pueda tomar estado parlamentario, porque una revuelta así en el PJ se castiga. Sin embargo, que haya avanzado tanto es todo un síntoma.

En otras palabras, lo que buscan es garantizar cierto margen de maniobra y autonomía política para los intendentes que, desde enero, ya no contarán con el Pacto Social. En consecuencia, estarán obligados a sentarse a negociar las asistencias todos los meses con el gobernador y con el ministro del Interior Darío Monteros. Y en clara disparidad de posiciones.

Uno de los asistentes a esa comida, con años en el entramado oficialista, recordó al alperovichismo para graficar el temor a lo que, sostiene, se les puede avecinar. “No podemos volver a ser empleados de nadie”, arengó. Si logran emanciparse o no se develará antes de que termine el año, cuando en el recinto se trate el presupuesto del año próximo. Por lo pronto, prefieren evitar hablar de resistencia y de internas. No vaya a ser cosa de que tanto mencionarlas, terminen siendo ciertas.