18 Enero 2005
Las críticas a las obras de Minera Alumbrera en los Valles Calchaquíes y el resarcimiento por el deterioro ambiental reclamado por el Poder Ejecutivo tienen un fuerte respaldo en un informe especial que emitió la Unesco en 1997, y cuyas observaciones no se habrían alterado en este tiempo.
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas envió una delegación a Tucumán para relevar la situación. Vinieron María Cristina Jörgensen, especialista de programa de la Unesco en Argentina, y los consultores John Celecia (experto en ciencias ecológicas), y Héctor Arena (especializado en patrimonio cultural).
Entre sus conclusiones, los observadores destacaron que en forma repentina, y sin que Tucumán contara con la experiencia ni la vivencia necesarias, se comenzó una explotación minera a gran escala. Agregaron que esa nueva realidad obligaba a reformular marcos jurídico-legales apropiados y a velar por su estricta aplicación, así como también a reestructurar las instituciones encargadas de formular políticas, planificar, gestionar y definir mecanismos de control adecuados, para lo cual se cuenta con un capital humano de alto nivel.
Entre las advertencias vertidas en el documento, se destacó que las comunidades locales no están preparadas para reaccionar ante las consecuencias sociales, culturales, económicas y medio-ambientales de los emprendimientos empresariales de envergadura. En ese aspecto, consideraron que la experiencia adquirida en Bajo la Alumbrera y sus consecuencias positivas y negativas "deberán constituir valiosos antecedentes para que el NOA y el país entero puedan enfrentar el enorme desafío de la explotación minera".
Falta de diálogo
Casi ocho años atrás, los miembros de la misión internacional destacaron el evidente impacto negativo que tuvo la implantación del electroducto a través del Valle del Tafí y señalaron la ausencia de diálogo, concertación y colaboración entre los distintos actores.
Recomendaciones
Los enviados por la Unesco emitieron una serie de recomendaciones, entre las cuales figura que "antes de cualquier concreción de futuros emprendimientos mineros en la región, las autoridades provinciales deben realizar o encomendar los estudios de impacto ambiental correspondientes, en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán".
En 1997, la delegación sugirió que Minera Alumbrera formulara y ejecutara trabajos para mitigar los impactos directos o indirectos producidos por la instalación del electroducto, y que examinara la posibilidad de aumentar su contribución a la rehabilitación y valorización del patrimonio medioambiental y cultural del Valle del Tafí. Como ejemplos, se mencionaron la creación de museos de sitio, la mejora de los accesos a los lugares de interés turístico y la impresión de material gráfico didáctico sobre la zona.
"Las autoridades deben aumentar el número de áreas protegidas en Tucumán, para abarcar zonas particularmente representativas y sensibles de la diversidad cultural, natural y paisajística de la provincia, que hasta podrían ser transfronterizas e incluir zonas amortiguadoras", opinaron.
Formación académica
Un párrafo especial fue dedicado a la necesidad de propiciar la formación académica profesional en los campos afectados, "con planes de entrenamiento a largo plazo, que permitan a las fuerzas productivas del país participar plenamente en todo el proceso de desarrollo económico y social".
También se pidió la protección especial para los menhires de los Valles.
Según Sangenis, la firma sabe que está en falta
El legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) calificó de piratas modernos a los empresarios de Minera Alumbrera y advirtió sobre las negociaciones del Gobierno para un probable resarcimiento por daños ambientales causados en el Valle del Tafí. Dijo que si la empresa quiere firmar un convenio con la Provincia para resarcir el daño ambiental por $ 25 millones, "es porque sabe que está en falta y que, en un juicio, esa suma puede ser infinitamente mayor". "Pretenden dar migajas para calmar la ansiedad en obras públicas que bien podrían realizarse sin su contribución", afirmó.
Apuntó que la contaminación provocada por Minera Alumbrera está presente durante los 365 días al año y en un plazo que se estima de 20 años. "Estamos hablando de arsénico, cobre, hierro, aluminio y otros compuestos orgánicos que se utilizan para la separación del oro y que provocarían el agotamiento del oxígeno del agua, lo que pone en peligro la fauna ictícola", dijo.
El dirigente opositor resaltó que la firma está denunciada en los tribunales federales por contaminación con metales pesados al Canal DP2, que va directamente al dique Frontal, de Termas de Río Hondo. "Las muestras tomadas por Gendarmería Nacional así lo demostraron, y los últimos análisis del Instituto Nacional del Agua determinaron que los parámetros de conductividad eléctrica y de sulfatos estaban por arriba de los límites establecidos en la legislación", destacó.
Sangenis calculó que la firma vuelca más de 1,2 millón de litros de agua contaminada por día. "Por los cómplices locales, desde la gestión de Antonio Bussi, se le extendieron numerosos permisos de vuelco de efluentes sin cumplir con la ley", sostuvo.
Causa en Rosario
El legislador recordó, además, que en 2002, la Justicia Federal inició una investigación para saber si la empresa sólo sacaba oro y cobre del yacimiento o si había otros elementos químicos, considerados estratégicos en el mundo actual, como el torio y el uranio, que estarían siendo transportados por el mineralducto a Tucumán y desde aquí al puerto de Rosario. "La causa es por tráfico documental y exportación ilegal de metales, ya que las supuestas regalías de la minería, que se calculan sobre el oro y cobre que la empresa declara, resultarían muy superiores", planteó.
"A raíz de esta investigación el fiscal federal de Rosario, Ricardo Vásquez, solicitó que se cite a declarar como imputados a directivos de Minera Alumbrera, al ex titular menemista de la AFIP, Carlos Silvani, y al ex titular de la Aduana, Gustavo Pariño, porque habrían permitido la salida de elementos no declarados y en consecuencia se habrían pagado menos impuestos", aseveró.
Sangenis advirtió que se estaría utilizando a Tucumán "como puerta de salida de un colosal contrabando de minerales estratégicos".
Critican las tratativas que realizó el Gobierno
El Movimiento Popular Tucumano (MPT) cuestionó las negociaciones entre el PE y Minera Alumbrera para acordar un resarcimiento por los daños ambientales causados en los Valles Calchaquíes por las obras realizadas para la explotación de la mina Bajo la Alumbrera.
"El convenio es profundamente inmoral e ilegal, en la medida en que mercantilizan groseramente bienes inmateriales de pertenencia de toda la comunidad, como son los del medio ambiente y los del paisaje tucumano", afirmó el titular del MPT, Tiburcio López Guzmán.
El dirigente resaltó que hay algunos bienes colectivos que están fuera del comercio por definición legal expresa, y que, por consiguiente no es válida ninguna transacción sobre ellos. Además reclamó que ese aspecto de no comerciables sea taxativa y oportunamente declarado por la Legislatura ("es necesario intervenir en este tema por la naturaleza del acuerdo", aseguró). Incluso, dejó abierta la puerta para que la Justicia se pronuncie sobre el asunto.
"Si hay bienes inmateriales que han sido agredidos, como sostiene el PE, lo único que corresponde es la destrucción de la obra mal hecha por la empresa y un nuevo emplazamiento donde no cause daño", consideró.
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas envió una delegación a Tucumán para relevar la situación. Vinieron María Cristina Jörgensen, especialista de programa de la Unesco en Argentina, y los consultores John Celecia (experto en ciencias ecológicas), y Héctor Arena (especializado en patrimonio cultural).
Entre sus conclusiones, los observadores destacaron que en forma repentina, y sin que Tucumán contara con la experiencia ni la vivencia necesarias, se comenzó una explotación minera a gran escala. Agregaron que esa nueva realidad obligaba a reformular marcos jurídico-legales apropiados y a velar por su estricta aplicación, así como también a reestructurar las instituciones encargadas de formular políticas, planificar, gestionar y definir mecanismos de control adecuados, para lo cual se cuenta con un capital humano de alto nivel.
Entre las advertencias vertidas en el documento, se destacó que las comunidades locales no están preparadas para reaccionar ante las consecuencias sociales, culturales, económicas y medio-ambientales de los emprendimientos empresariales de envergadura. En ese aspecto, consideraron que la experiencia adquirida en Bajo la Alumbrera y sus consecuencias positivas y negativas "deberán constituir valiosos antecedentes para que el NOA y el país entero puedan enfrentar el enorme desafío de la explotación minera".
Falta de diálogo
Casi ocho años atrás, los miembros de la misión internacional destacaron el evidente impacto negativo que tuvo la implantación del electroducto a través del Valle del Tafí y señalaron la ausencia de diálogo, concertación y colaboración entre los distintos actores.
Recomendaciones
Los enviados por la Unesco emitieron una serie de recomendaciones, entre las cuales figura que "antes de cualquier concreción de futuros emprendimientos mineros en la región, las autoridades provinciales deben realizar o encomendar los estudios de impacto ambiental correspondientes, en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán".
En 1997, la delegación sugirió que Minera Alumbrera formulara y ejecutara trabajos para mitigar los impactos directos o indirectos producidos por la instalación del electroducto, y que examinara la posibilidad de aumentar su contribución a la rehabilitación y valorización del patrimonio medioambiental y cultural del Valle del Tafí. Como ejemplos, se mencionaron la creación de museos de sitio, la mejora de los accesos a los lugares de interés turístico y la impresión de material gráfico didáctico sobre la zona.
"Las autoridades deben aumentar el número de áreas protegidas en Tucumán, para abarcar zonas particularmente representativas y sensibles de la diversidad cultural, natural y paisajística de la provincia, que hasta podrían ser transfronterizas e incluir zonas amortiguadoras", opinaron.
Formación académica
Un párrafo especial fue dedicado a la necesidad de propiciar la formación académica profesional en los campos afectados, "con planes de entrenamiento a largo plazo, que permitan a las fuerzas productivas del país participar plenamente en todo el proceso de desarrollo económico y social".
También se pidió la protección especial para los menhires de los Valles.
Según Sangenis, la firma sabe que está en falta
El legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Peronista Tres Banderas) calificó de piratas modernos a los empresarios de Minera Alumbrera y advirtió sobre las negociaciones del Gobierno para un probable resarcimiento por daños ambientales causados en el Valle del Tafí. Dijo que si la empresa quiere firmar un convenio con la Provincia para resarcir el daño ambiental por $ 25 millones, "es porque sabe que está en falta y que, en un juicio, esa suma puede ser infinitamente mayor". "Pretenden dar migajas para calmar la ansiedad en obras públicas que bien podrían realizarse sin su contribución", afirmó.
Apuntó que la contaminación provocada por Minera Alumbrera está presente durante los 365 días al año y en un plazo que se estima de 20 años. "Estamos hablando de arsénico, cobre, hierro, aluminio y otros compuestos orgánicos que se utilizan para la separación del oro y que provocarían el agotamiento del oxígeno del agua, lo que pone en peligro la fauna ictícola", dijo.
El dirigente opositor resaltó que la firma está denunciada en los tribunales federales por contaminación con metales pesados al Canal DP2, que va directamente al dique Frontal, de Termas de Río Hondo. "Las muestras tomadas por Gendarmería Nacional así lo demostraron, y los últimos análisis del Instituto Nacional del Agua determinaron que los parámetros de conductividad eléctrica y de sulfatos estaban por arriba de los límites establecidos en la legislación", destacó.
Sangenis calculó que la firma vuelca más de 1,2 millón de litros de agua contaminada por día. "Por los cómplices locales, desde la gestión de Antonio Bussi, se le extendieron numerosos permisos de vuelco de efluentes sin cumplir con la ley", sostuvo.
Causa en Rosario
El legislador recordó, además, que en 2002, la Justicia Federal inició una investigación para saber si la empresa sólo sacaba oro y cobre del yacimiento o si había otros elementos químicos, considerados estratégicos en el mundo actual, como el torio y el uranio, que estarían siendo transportados por el mineralducto a Tucumán y desde aquí al puerto de Rosario. "La causa es por tráfico documental y exportación ilegal de metales, ya que las supuestas regalías de la minería, que se calculan sobre el oro y cobre que la empresa declara, resultarían muy superiores", planteó.
"A raíz de esta investigación el fiscal federal de Rosario, Ricardo Vásquez, solicitó que se cite a declarar como imputados a directivos de Minera Alumbrera, al ex titular menemista de la AFIP, Carlos Silvani, y al ex titular de la Aduana, Gustavo Pariño, porque habrían permitido la salida de elementos no declarados y en consecuencia se habrían pagado menos impuestos", aseveró.
Sangenis advirtió que se estaría utilizando a Tucumán "como puerta de salida de un colosal contrabando de minerales estratégicos".
Critican las tratativas que realizó el Gobierno
El Movimiento Popular Tucumano (MPT) cuestionó las negociaciones entre el PE y Minera Alumbrera para acordar un resarcimiento por los daños ambientales causados en los Valles Calchaquíes por las obras realizadas para la explotación de la mina Bajo la Alumbrera.
"El convenio es profundamente inmoral e ilegal, en la medida en que mercantilizan groseramente bienes inmateriales de pertenencia de toda la comunidad, como son los del medio ambiente y los del paisaje tucumano", afirmó el titular del MPT, Tiburcio López Guzmán.
El dirigente resaltó que hay algunos bienes colectivos que están fuera del comercio por definición legal expresa, y que, por consiguiente no es válida ninguna transacción sobre ellos. Además reclamó que ese aspecto de no comerciables sea taxativa y oportunamente declarado por la Legislatura ("es necesario intervenir en este tema por la naturaleza del acuerdo", aseguró). Incluso, dejó abierta la puerta para que la Justicia se pronuncie sobre el asunto.
"Si hay bienes inmateriales que han sido agredidos, como sostiene el PE, lo único que corresponde es la destrucción de la obra mal hecha por la empresa y un nuevo emplazamiento donde no cause daño", consideró.
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