El primer acuerdo nacional es la Constitución

Hoy son las elecciones presidenciales y los políticos suelen apelar a la idea de la unión nacional. Suena lindo, pero hay que tener cuidado. La unidad nacional no debe querer decir uniformidad de pensamiento, ni compartir gobierno ni dejar de criticar a quienes ganen. Que al país lo sacamos adelante entre todos es sólo una frase hecha cuando oculta un deseo antidemocrático y olvida la importancia del cotejo de diferencias y el respeto por ellas. Eso es una parte medular de la democracia, además del sufragio. De allí que el primer paso para un “entre todos” útil es cumplir con la Constitución Nacional, el acuerdo básico de la civilidad.

Porque pensamientos ampliamente compartidos hubo muchas veces. Que Juan Domingo Perón es imprescindible para pacificar el país, que debe acabarse como sea con la subversión, que criticar la guerra de Malvinas es traición, que la convertibilidad es intocable, que la emisión no causa inflación. Todos fracasos.

Por eso hay dos aspectos de la Constitución que deben verse en conjunto cuando se la piensa desde la economía. Uno es el garantista, el otro el programático. Pensada en el siglo XIX, cuando el principal sentido de las reglas era limitar las atribuciones de los gobernantes rompiendo con la herencia absolutista, en gran medida el texto vigente responde a la idea de garantizar los derechos ciudadanos y ellos tienen mucho que ver con las condiciones económicas, siendo una clara expresión al respecto lo normado sobre el derecho de propiedad privada.

Con relación a lo programático hay indicaciones para líneas de gobierno todavía vigentes, así como algunas introducidas en 1994. Pueden destacarse de éstas las pautas para una ley de fondo de coparticipación federal de impuestos y el encargo de planes para reducir las diferencias de desarrollo relativo entre las provincias (artículo 75, incisos 2 y 19). Ambas disposiciones deben trabajarse en conjunto pues una sin la otra deja a las provincias en el atraso económico, político y social.

Pero también, dada la urgencia de la hora y la necesidad de acciones claras, profundas y coherentes, hay que recordar que el análisis combinado de los artículos cuarto, 17 y 75 inciso 19 indica que debe haber una política fiscal prudente para evitar el endeudamiento creciente, la sobrecarga de impuestos y la inflación.

Los acuerdos deben apuntar a materializar esas líneas para atender problemas que apremian hoy, como la inflación, pero al mismo tiempo responden a cuestiones de fondo (las malas reglas para el gasto público y la emisión), y emprender caminos hacia el desarrollo integrado del país, como sería a través de las normas de coparticipación y la inversión pública regional. Y todo ello debe hacerse respetando las restricciones que la Constitución impone al uso de los poderes del Estado, tanto en el funcionamiento de los contrapesos, o sea el mandato republicano, como en algo que simultáneamente es su consecuencia, el respeto a la libertad y propiedad de los ciudadanos.

Un resultado de lo anterior es la seguridad jurídica. Ella significa no que las normas sean invariables sino que cuando cambien lo hagan mediante un procedimiento preestablecido, transparente, que permita el debate, que considere las posiciones inclusive de las minorías, y que la consecuencia normativa respete los derechos básicos, se mantenga dentro del espíritu garantista de la Constitución. Eso incluye el respeto al Poder Judicial para que pueda funcionar preservando esa línea, vigilando que los poderes constituidos no la violen. No es menor, pues sólo con seguridad jurídica hay crecimiento sostenido. El ahorro y la inversión, imprescindibles para materializarlo, implican renunciar al presente para apostar al futuro. Y eso no se hace sin alguna tranquilidad sobre la posibilidad de cumplir los planes de negocio porque las reglas no cambian en lo esencial y de disponer del resultado si lo hubiera.

Todo lo anterior tiene que ver con un hecho del que se cumplen 51 años pero puede malinterpretarse y es el abrazo entre Perón y Ricardo Balbín. ¿Unión nacional? Sí, pero no reparto de cargos ni compartir ideas o planes de gobierno o promesas de votos para el otro. Sólo dejar de verlo como enemigo. La frase del líder radical en el velorio de Perón “este viejo adversario despide a un amigo” muestra la calidad personal de Balbín para superar la relación histórica entre las fuerzas políticas. Durante años el otro fue un enemigo con manifestaciones como represión ilegal por parte del peronismo, mantenimiento de la proscripción peronista por parte del radicalismo y apoyos de uno a los golpes de Estado contra los gobiernos del otro.

Una aplicación al día de hoy de tal abrazo resaltaría la importancia de la convivencia civilizada, que en el fondo es respeto por la Constitución. No jugar sucio, no perseguir, no amenazar con “carpetazos”, no abusar del poder y sobre todo no confundir Estado, gobierno y partido.

Los conceptos se relacionan. La república trae seguridad jurídica porque los contrapesos de poderes evitan arbitrariedades en la producción de legislación, por lo tanto hay menor variabilidad. Al mismo tiempo eso ayuda a la democracia pues las minorías tienen más protección contra los abusos de las mayorías o de quienes creen que el Poder Ejecutivo es todo el Estado. Por ejemplo, un “vamos por todo” es antirrepublicano y por lo tanto antidemocrático porque además de afectar negativamente la economía del país al espantar inversiones, no deja espacio a las disidencias.

¿Utilidad para hoy? Es importante quién gane la Presidencia, y sacando aprendizajes del pasado hay un punto (no el único) que considerar: por respeto a la restricción de mensajes no se pueden dar detalles, pero algo clave, sobre todo cuando ya no compite el preferido por cada uno, no es cuál de los candidatos dice tener más apego por la democracia sino cuáles son las respectivas probabilidades de abusar del poder. Porque incluso si se confía en la visión y liderazgo de alguien no hay que olvidar que es humano. Democracia, república y economía van de la mano.