Las cajas chinas que dejó la minería en la UNT

Se va a correr el telón del escándalo por el uso de las regalías mineras en obras de la UNT entre 2006 y 2009. Va a ocurrir a partir de abril, cuando comience el juicio oral contra el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca (ex subsecretario Administrativo), Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones). La acusación es por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el manejo irregular de $ 353 millones de pesos (unos 85,5 millones de dólares a la cotización de 2010) llegados de regalías mineras y usados en el llamado Plan de obras en las dependencias universitarias.

La prehistoria de la UNT minera

El antecedente lejano y que se actualizará en este juicio es el proyecto de la Ciudad Universitaria de 1947. Entonces la administración del rector Horacio Descole había definido la construcción de la megaestructura para que funcionase la Universidad en San Javier y Horco Molle y para 1958 se previó que las obras se iban a hacer con fondos de la minería, ya que la UNT había sido beneficiada por Abel Peirano, quien descubrió el yacimiento de Farallón Negro en Catamarca y le cedió sus derechos a la UNT. En 1958, con la sanción de la Ley 14.771, se creó Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) ente constituido por la Nación, Catamarca (recibe beneficios en un 60%) y la UNT (recibe el 40%). En la ley se estableció que el 40% de la UNT se destinaba a la construcción de la Ciudad Universitaria y que cuando ésta estuviera concluida ese 40% se dividiría en un 20% para las otras universidades argentinas y un 20% de libre disponibilidad.

El acta del verano de 2008

Durante años la UNT minera fue un área olvidada, porque YMAD no generaba divisas o apenas tenía movimiento. Pero con los cambios en las normas de minería en los años de Carlos Menem aparecieron las grandes empresas mineras y se hizo cargo del yacimiento la Minera Alumbrera. Para 2003 comenzaron a llegar las regalías de la explotación y el dinero del oro generó ilusiones de que se harían obras en la Universidad siempre atrasada ediliciamente.

Cerisola (rector entre 2006 y 2014), mediante tres resoluciones (365, 366 y 367/08), hizo que se realizara un plan de obras para la UNT; adujo que los fondos de YMAD no eran dineros públicos y por lo tanto no encuadraban dentro de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y pasó Construcciones Universitarias a dependencia directa del Rectorado. El 2 de enero de 2008 firmó un acta con el directorio de YMAD (también firmaron los dos delegados por la UNT, Mario Marigliano y Rodolfo Campero) por la que se declaraba concluida la Ciudad Universitaria y se disponía que a partir de ese momento el 40% de las regalías de la UNT debía repartirse un 20% a las otras universidades y un 20 % llegaría a la UNT de libre disponibilidad. Seis años después, en 2014, el ex delegado de la UNT en YMAD Florencio Aceñolaza daría a conocer que a causa de ese cambio la Universidad había dejado de obtener divisas por $ 500 millones.

Las presuntas irregularidades

La causa comenzó en 2010 con la denuncia del arquitecto Ramón Eudal por las obras que la Universidad realizó entre 2006 y 2009 con los fondos mineros. La denuncia fue después ampliada con una denuncia de Oscar López ante la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y también con otra denuncia anónima, con lo que el fiscal federal Carlos Brito investigó presuntos sobreprecios en la realización y/o refacción de unas 13 obras en predios universitarios, así como la colocación de dinero en plazos fijos en entidades financieras. También investigó la disminución del porcentaje que debía recibir la UNT respecto del dinero proveniente de YMAD, y la falta de control de esas remesas de dinero, porque en varios años habría entrado menos dinero del que correspondía. En la investigación fueron llamativas las presuntas irregularidades en obras realizadas en una casa de la reserva de Horco Molle, en la llamada “Casa 8” en San Javier, en la refacción de la Facultad de Derecho, en una obra en la Facultad de Agronomía y en otra en la Facultad de Filosofía y Letras. Brito pidió intervenciones de la Sigen (auditoría interna), Gendarmería (supervisión de 20 obras) y Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Planteos rechazados

La defensa de Sacca dijo que las colocaciones financieras pasaron por todos los organismos de control, que no se había demostrado el perjuicio al erario de la UNT y que los fondos de regalías no entraban bajo control de la Ley 13.064. También la defensa de Cerisola adujo que no se trataba de fondos públicos del Tesoro nacional, que los organismos de la UNT (como el Consejo Superior, la Secretaría General con la Unidad de Auditoría Interna y Asuntos Jurídicos) habían controlado todo y que, por otra parte, no correspondía elevar a juicio la causa porque la pesquisa no estaba terminada. La defensa de Cudmani adujo, sobre todo, “obediencia debida”, puesto que dependía del Rectorado. El entonces juez Fernando Poviña rechazó los planteos argumentando que en varios casos ya fueron tratados en otras instancias de la causa; en el caso de Cudmani, dijo que “el principio general es que en un Estado de Derecho el subordinado no está obligado a ejecutar una orden que sea ilegal”.

La causa fue a la Cámara Federal de Apelaciones, que la devolvió indicando que se ampliara la investigación en busca de responsabilidades en las empresas contratadas por la UNT para hacer las obras, lo cual sería dirimido en otro juicio oral contra 22 empresarios que también se encuentran procesados. Lo único que faltaba era el informe sobre las pericias sobre las obras que el fiscal Brito hizo hacer con personal de Gendarmería, que cotejó los precios de las obras con los valores publicados en la revista Vivienda en esos años. El informe del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, acompañado por el perito de parte ingeniero Luis Rafael Antolini, fue entregado hace un mes y resuelve esos cuestionamientos. Tiene 600 páginas y va a insumir bastante tiempo del juicio que podría abarcar varias jornadas con, al menos, 50 testigos.

Inquietudes a resolver

La causa genera varias inquietudes que se han de abrir como las cajas chinas, que encierran muchas historias hasta llegar a la principal. Una es cuánto se extenderá entre funcionarios de la UNT la investigación –como pidió la Cámara y como ha insistido hace poco el fiscal General Gustavo Gómez-, lo cual forma parte de la defensa de Cerisola, que extiende responsabilidades.

Otra es si logrará desarmarse el acta de 2008 que cambió el destino de fondos mineros, puesto que todavía está vigente, a pesar de que el Consejo Superior la declaró nula. Pero se debe desarmar con la Justicia Federal y en eso se encuentran negociando un acuerdo la UNT y el Gobierno de Catamarca. De allí se deprende también qué va a pasar en la relación UNT-YMAD, puesto que podría determinarse en el juicio que la empresa entregó mal los porcentajes de regalías en algunos años.

Una tercera inquietud es el amplio debate que hubo este año acerca de cómo debieron usarse siempre los fondos para las instalaciones en San Javier y Horco Molle, puesto que en la Ley 14.771, de 1958, se establece que el 40% debe destinarse hasta terminar la Ciudad Universitaria “conforme planos aprobados”. Por eso el hallazgo, en marzo pasado, de láminas y planos arrumbados ha dado pie a la idea de que en el juicio podría haber planteos sobre si correspondía el plan de obras de Cerisola o si debió concluirse el gigantesco proyecto en el cerro, que abarca la extensión de las 14.033 hectáreas del Parque Sierra de San Javier.

La cuarta inquietud es la participación de la UNT en la minería. Todo esto ha formado parte de cuestionamientos en dos sesiones secretas del Consejo Superior de hace dos años que han sido analizadas por comisiones del organismo y que podrían poner bajo cuestionamiento lo que se va a hacer en el futuro con concesiones mineras. ¿Incidirá en esto el debate del juicio oral? Como sea, la exposición pública del proceso a Cerisola hace pensar que varios paradigmas de la UNT están a punto de ser replanteados.