Seguirán detenidos dos acusados de realizar amenazas de bomba

La Unidad Fiscal especializada en Cibercriminalidad continúa investigando los casos de amenazas de bomba que se registraron en la provincia en el último año y que se intensificaron entre agosto y octubre. En ese sentido, ayer solicitaron extender las prisiones preventivas de dos acusados de haber efectuado falsas alarmas en distintas instituciones.

Por un lado, la auxiliar fiscal Jessie Luz García solicitó extender por un mes la cautelar al policía Matteo Santiago Galván, de 19 años, quien según la acusación, el 28 de julio del corriente año, a las 8 aproximadamente, se comunicó en forma anónima a través de la línea de la cual es titular, al teléfono de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, ubicada en calle Crisóstomo Álvarez 100, en la capital. En ese llamado, que fue recepcionado por un empleado, el instigador dijo: “van a tener novedades, si pueden salir porque acaban de poner una bomba y en 15 minutos no tendría que haber nadie”. De esta manera, provocó temor en los miembros de la institución y la población en general, a consecuencia de ello debió intervenir personal policial y bomberos quienes aplicaron el protocolo del caso, para ello, evacuaron el establecimiento a fin de registrar el lugar lo que provocó tumulto y caos en el tránsito mientras se aplicaba el protocolo preventivo, con resultado negativo en las inspecciones realizadas.

Galván venía cumpliendo arresto domiciliario desde el 23 de octubre, pero luego se le sumó otra acusación (habría hecho otra amenaza a la escuela Sarmiento) y el 26 de ese mes le dictaron la preventiva por 15 días. Ayer García, siguiendo órdenes del fiscal Carlos Saltor, solicitó la prórroga de un mes para concluir la investigación. El juez Lucas Taboada evaluó el caso y resolvió otorgar una prórroga de siete días de arresto.

Por otra parte, ayer la defensa de María José “Majo” Lizárraga, a quien le dictaron el arresto domiciliario el 24 de septiembre por al menos una amenaza de bomba en la escuela Normal, planteó que la joven sea liberada, pero su pedido no prosperó. La auxiliar fiscal Monica Torchán, de la Fiscalía de Delitos Complejos, que comenzó esta investigación, argumentó que los riesgos procesales seguían vigentes y finalmente un juez de impugnación le dio la razón al ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, el 28 de agosto Lizárraga, quien estudia la carrera de profesorado de Biología en la Normal, envió un correo electrónico a la casilla de la fotocopiadora de la escuela, advirtiendo que un equipo iba a estar dejando un dispositivo de bomba en un rincón de la institución a modo de protesta por el “mal desempeño del personal administrativo”. De esta manera, provocó temor público y generó la evacuación de la institución. Del análisis de su celular surgió que podría estar implicada en otros casos de amenaza en esa escuela.