Malditas polillas

Antonio Costa, primer ministro de Portugal, ha presentado su renuncia esta semana. Tomó la decisión al verse envuelto en un escándalo de corrupción vinculado con proyectos de energía. En una investigación por irregularidades en concesiones para la exploración de litio y la producción de hidrógeno fueron imputados y arrestados desde jefes de despacho hasta alcaldes. Según consignó la fiscalía, Costa “fue mencionado por los sospechosos”.

La reacción de Costa fue casi inmediata. “Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha de mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión”, manifestó el funcionario. Es decir, el primer ministro de Portugal se fue porque “lo mencionaron”.

Aquí en la Argentina, en diciembre pasado, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera Vicepresidenta en ejercicio que resultó condenada por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”. Según la Justicia, el redireccionamiento de la obra vial para Santa Cruz, entre 2003 y 2015, en favor de Lázaro Báez, ocasionaron 1.000 millones de dólares el perjuicio al Estado.

La Presidenta del Senado, condenada en primera instancia, sigue en funciones. Alega que es inocente. Que no es victimaria, sino víctima del “lawfare”. La “guerra judicial” de “los poderes concentrados” contra los gobiernos populares. El kirchnerismo invoca ser el abanderado en la pelea por la puja distributiva. Lucha por la redistribución de la riqueza contra aquellos que sólo quieren acumularla en manos de unos pocos. Claro está, no cuenta que el anterior gobierno, en el último semestre de gestión, dejó una pobreza acumulada del 35,5%, mientras que el cuarto gobierno “K” anota, para la primera mitad de este año, una pobreza consolidada del 40,1%. Esos son detalles en el cuento de aventuras por la justicia social que narra el oficialismo: son una reedición de Robin Hood, ese arquero de cuna noble que era perseguido por el imperialismo (británico) como un forajido, cuando en realidad sólo se encargaba de quitarles un poco a los ricos para repartirlo a los pobres…

Hadas

Frente a la condena por corrupción contra la Vicepresidenta de la Nación en funciones, ¿se activó la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados? Sí, pero en contra de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿La razón? El superior tribunal se empecina en que el derecho legítimo no puede consistir en lo que se le antoje al poderoso; y que en la república no hay gobernantes con más poder que aquel que la Ley confiere. Por ello, el manoseo kirchnerista del Consejo de la Magistratura de la Nación de 2006 fue fulminado de inconstitucionalidad. Y la desfinanciación de la Ciudad de Buenos Aires, concretada en 2020, fue revertida.

Esos miembros del Poder Judicial de la Nación, a los que el kirchnerismo acusó de poner en riesgo la gobernabilidad, fueron objeto de espionaje ilegal: la mayor operación, y la más grave, desde el retorno de la institucionalidad a la Argentina. El verdadero tributo “K” a los 40 años de la recuperación de la democracia, que tanto supieron bastardear.

Claro está, no fueron espiados todos los jueces, sino sólo los que fueron siempre incómodos para el multiprocesado kirchnerismo. Porque a la Vicepresidenta también le fueron reabiertas las causas “Hotesur - Los Sauces”, sobre presunto lavado de activos, que tiene directa relación con la causa “Vialidad”; y la causa por el “Memorándum de Entendimiento” con Irán, cuyas consecuencias entrañaban el delito de infame traición a la patria, según el fiscal Alberto Nisman. El titular de la UFI AMIA que apareció muerto en su departamento en la víspera de comparecer ante el Congreso para sostener su denuncia contra la entonces Presidenta de la Nación. Por cierto, entre los documentos del caso de espionaje que ahora sale a la luz hay documentos vinculados con la muerte de Nisman.

Dicho sea de paso, no sólo jueces fueron objeto de la red de persecución paraestatal. La detención del ex agente de policía Ariel Zanchetta, sindicado por la Justicia como un agente “inorgánico” de la AFI (en su “currículum” declara haber prestado servicios en la inteligencia estatal en 2009), permitió descubrir una maniobra de espionaje con 1.196 informes de inteligencia. Desde el presidente Alberto Fernández hasta los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa, pasando por periodistas, sindicalistas y hasta religiosos. Todo ese seguimiento fue realizado a lo largo de 10 años e incluye la elaboración de informes con datos íntimos, de orientación sexual, propiedades o filiación política y cámaras ocultas. Esto consigna el informe del fiscal federal Gerardo Pollicita.

Los allanamientos y los peritajes confirman el intercambio de mensajes de Zanchetta con el diputado kirchnerista Rodolgo Tailhade, ex funcionario de la AFI durante la presidencia de Cristina y fanático acusador de los vocales de la Corte Suprema. También están corroborados los contactos entre el ex policía y el vocero de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, ex presidente de Télam y actual directivo de la AFIP. Léase, hay huellas del kirchnerismo por todas partes.

Zanchetta se presentaba como periodista porque tenía un portal de Internet, “Enclave”, por el que recibió $ 2 millones de pauta publicitaria oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No es la única huella del Estado en esta maniobra de persecución contra ciudadanos argentinos. Utilizó una aplicación de uso restringido a los gobiernos para infiltrar los teléfonos de sus objetivos.

Es un gobierno que se dice democrático realiza espionaje ilegal de hombres y mujeres de la democracia. Es una operación en la que un gobierno que se presenta como defensor de los derechos humanos apela a prácticas de los tiempos en los que los derechos humanos estaban abolidos. Es un aparato de persecución en el que un gobierno que se dice peronista espía a peronistas.

Pero aquí Tailhade no renunció. Aunque la Coalición Cívica acaba de solicitar su expulsión de la Cámara Baja, el diputado anunció que se presentará como querellante en la causa porque resulta ser que él no es victimario, sino víctima. Reconoce el ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia que sí intercambió mensajes con Zanchetta, creyendo que era periodista, pero que no le interesó lo que le ofrecía, porque visitó el portal “Enclave” y le pareció poco serio.

El kirchnerismo es siempre una desdichada víctima de las coincidencias. Un mártir de esa desgracia fue Amado Boudou, que de casualidad vivía en un departamento de Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Found. Esa firma que de casualidad pasó a manejar la ex imprenta de billetes Ciccone, que de casualidad logró que un levantamiento “express” de su quiebra cuando, de casualidad, Boudou era ministro de Economía de la Nación. Eso sí: Amado no conocía ni de vista a Vandenbroele, aunque de casualidad era el único que sabía pronunciar correctamente el apellido.

Es decir, las explicaciones del kirchnerismo es un cuento de hadas. Todo ocurre como en el caso de la princesa que fue sorprendida con un hombre en sus aposentos. “Hace cinco minutos era un sapo”, fue el descargo de la doncella. Ella tan sólo le dio un beso (se ve que en la Edad Media era una práctica muy extendida lo de besar batracios anuros) y, de casualidad, se convirtió en príncipe…

Exterminadores

El Gobierno de Uruguay se tambalea. En 2021, el narcotraficante Sebastián Marcet fue detenido en Dubai con un pasaporte falso de Paraguay. Tras una gestión de urgencia, la Cancillería uruguaya le extendió un pasaporte que le permitió salir en libertad y esfumarse. En diciembre pasado, el entonces canciller Francisco Bustillo le envió un mensaje a su vicecanciller, Carolina Ache, sugiriéndole que “pierda el celular” donde estaban los mensajes que habían intercambiado para conceder el documento a Marcet. Pero Ache entregó el teléfono a la Justicia y renunció. Desde la semana pasada ya renunciaron, además de Bustillo, también el ministro y viceministro del Interior.

Aquí, Martín Insaurralde sigue siendo intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Porque resulta que al yate con el que navegaba el Mediterráneo, en realidad, se lo prestaban. Al reloj Rolex, a la pulsera Cartier, al collar de Tiffany y a la cartera de Louis Vuitton que lució la modelo Sofía Clerici se los pagó ella. Gustitos que todo monotributista de la categoría más baja se da de vez en cuando en la Argentina. Le faltó explicar que a la champaña la había comprado en el “free shop” con Ahora 12 y estaba configurado por completo el chiste del exterminador de polillas.

Cuenta esa humorada el caso de un hombre que llega de improviso a su casa y encuentra su dormitorio revuelto y a su esposa en una actitud visiblemente nerviosa. El dueño de casa se dirige al placard, abre la puerta, y encuentra a un tercero en paños menores. Sorprendido, lo interpela y le pregunta quién es. Y el sujeto del armario le dice. “No lo ve: soy el exterminador de polillas. ¿No me diga que esas infelices ya me comieron la ropa?”.

El kirchnerismo es ese exterminador de insectos. Más un núcleo de seguidores indignados con los bichos que se comieron el uniforme de ese trabajador. Malditas polillas. Toda la culpa es de ellas…

De buenas a primeras, todo parece reducirse a “relato” y “posverdad”. Pero en el cotejo entre los recientes casos de Portugal y de Uruguay surge un contraste evidente: los escándalos del poder no tienen aquí, ni remotamente, el mismo resultado que en otras latitudes. Aun cuando lo que ocurre en la Argentina es severamente más grave.

Aquí apareció sin vida Nisman durante el tercer gobierno kirchnerista; la Justicia investiga un homicidio, pero ahora hay cuarto gobierno kirchnerista. En el transcurso de esta cuarta gestión “K” estalló el escándalo del vacunatorio “VIP” o las “fiestitas” en la quinta presidencial de Olivos de la “querida Fabiola”, más todo lo descripto con anterioridad, y el oficialismo ganó el balotaje.

“El escándalo tiene una función social: inhibir al político que lo protagoniza”, explica el consultor mexicano Braulio González en su conversatorio en el postgrado de Comunicación política de la UCA. Si no hay rechazo social, entonces no hay escándalo, sintetiza. Y lo grafica con una pregunta. “¿Hay ofensa sin ofendidos?”. La sociedad de ninguna manera es responsable de los delitos de los gobernantes, pero sí lo es en el hecho de que no los condene.