09 Noviembre 2023
En menos de dos semanas tendrá lugar el balotaje que definirá quien será el presidente argentino en los próximos años, decisión trascendente si la hay pues en un sistema presidencialista como el nuestro en manos de un hombre quedará atado en gran medida el destino de 46 millones de compatriotas. En ese sentido alarman algunas de las propuestas de uno de los candidatos, partidario de una apertura irrestricta de los mercados y enemigo acérrimo de protecciones arancelarias y regulaciones. Tiemblo solo con pensar que en caso de un triunfo del mismo se reiterará el intento del ex presidente Menem de abrir la importación de azúcar, que por fortuna fue resistida con éxito en el Congreso de la Nación en la década de 1990. Es necesario recordar que el surgimiento de la moderna industria azucarera argentina a fines del siglo XIX fue producto de inversiones privadas que se conjugaron con aranceles proteccionistas y otras medidas de fomento que se transformaron en política de Estado a partir de la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Con los años, se denominó a ese sistema “proteccionismo racional”, se lo articuló durante los gobiernos radicales de la década de 1920 con el principio de la “justicia distributiva” (que benefició al sector cañero con el Laudo Alvear), lo que se profundizó con el de la “justicia social” durante el peronismo para hacer partícipe de los beneficios de la protección estatal también a los asalariados. Hasta el presente uno de los secretos de la pervivencia de la producción azucarera argentina, orientada básicamente a satisfacer la demanda del mercado interno, ha sido una constante defensa de la economía regional norteña contra los peligros de la libre importación, que es imprescindible sostener. Como también es indispensable profundizar el fomento a la producción de bioetanol para modificar la matriz energética argentina bajo la supervisión estatal. El drástico cambio de orientación de las políticas económicas con el que amenaza el candidato fundamentalista del libre mercado retrotraerá a la provincia a la triste década de 1960, en la que se destruyó gran parte de su aparato productivo, se generó la pérdida de miles de puestos de trabajo, se hundió en la ruina a agricultores, comerciantes, transportistas, proveedores, etc., y se forzó a emigrar a unos 200.000 tucumanos acuciados por la miseria y el hambre. Llama la atención que la ciudadanía no fue alertada sobre este inminente peligro por las entidades representativas del mundo empresario ni por los sindicatos que tienen el deber de velar por la salud y el bienestar de los trabajadores.
Daniel Campi
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