Amenazas de bomba: 15 días de prisión a la madre de una alumna del Huerto

Las causas por las amenazas de bomba a los establecimientos educativos continúan avanzando. “Estamos haciendo un allanamiento por día, la semana que viene tenemos otra audiencia para formular cargos y pedir las medidas cautelares. Tendremos avances de las investigaciones en muy poco tiempo para llegar a una etapa de juicio y de control de acusación, lo cual resulta importante porque en Argentina no hay muchos antecedentes de condenas por amenazas de bombas”, sostuvo el fiscal Carlos Saltor, quien ahora coordina las investigaciones.

Parte de estos avances se debe a la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, dirigida por Saltor e inaugurada el pasado 2 octubre, que se hizo cargo de los delitos de estafas virtuales y de los de intimidación pública, que previamente eran investigados por la Fiscalía de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira y con la colaboración del fiscal Carlos Picón.

A la hora de realizar las acusaciones, los representantes del MPF solían basarse principalmente en los informes de titularidad de las líneas telefónicas y empresas prestatarias de internet, en los registros de geolocalización, en el horario en que se registraba la intimidación y en pericias científicas a los dispositivos electrónicos que pertenecían a los sospechosos.

El fiscal Saltor le explicó a LA GACETA que cuando se creó la Unidad de Cibercriminalidad los investigadores se apoyaron “en la experiencia y en los resultados que venían sosteniendo en Delitos Complejos”, por lo que decidieron seguir sus pasos. Pero advirtió una serie de diferencias, como ser la inclusión de personal especializado y nuevos recursos tecnológicos, sumado a la colaboración de otras áreas del Ministerio Público Fiscal y del Gobierno. “Lo que tiene de importante es que al haber una Fiscalía de Cibercrimen la totalidad de las causas que recibe son de este tipo y la especialización se hace mucho más rápida; a diferencia de la Fiscalía de Delitos Complejos que recibe una gran cantidad de causas de distintos tipos penales. Se buscó incorporar personal que tenga un perfil muy específico para este tipo de delitos, como abogados especializados en delitos informáticos, ingenieros, especialistas en redes, en programación, que nos permita hacer una investigación muy adaptada a la modalidad virtual de estos hechos”, informó.

Nuevos avances

El pasado 24 de agosto, entre las 10 y las 10.30 ingresó un llamado telefónico al 911 que manifestaba que había un explosivo en el colegio secundario San Patricio. Los directivos del establecimiento iniciaron el protocolo y evacuaron a todo el alumnado para que el personal de Defensa Civil, la Policía y la División de Explosivos de los Bomberos pudieran trabajar en las instalaciones. Finalmente se confirmó que se trató de una falsa alarma.

Por este caso, el martes se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Alto Verde I, ubicado en Cebil Redondo, Yerba Buena, en el que secuestraron tres teléfonos celulares y una notebook. “Al día siguiente el imputado se presentó y entregó un celular más. Ahora viene la etapa de investigar qué hay dentro con los software especiales que tenemos. Los teléfonos dejan muchos datos entonces uno puede reconstruir todo lo que ha pasado, quién ha sido, si fue o no la persona dueña del teléfono”, indicó el fiscal.

El martes también se imputó por el delito de intimidación pública a Silvia Isabel Medina, madre de una alumna del colegio Nuestra Señora del Huerto, por ser la principal sospechosa de haber enviado el 30 de agosto un mail con el título “hay artefactos explosivos en el edificio” a los correos electrónicos de los colegios secundarios Nuestra Señora del Huerto y María Auxiliadora, y un nuevo mail al Huerto el 31 de agosto que decía “van a morir como unas hijas de puta”.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Jessie Luz García explicó que los informes de Google indicaron que los mails utilizados para realizar las amenazas fueron creados los mismos días en que se produjeron las amedrentaciones y que tiene dos direcciones IP informadas; también hizo alusión a un informe de una empresa de telefonía, donde consta que estas IP corresponden a la imputada. Además, el 18 de octubre se allanó el departamento de la acusada y se secuestraron dos teléfonos celulares.

García solicitó que Medina sea sometida a cuatro meses de prisión preventiva para poder cautelar la investigación. El juez Lucas Taboada hizo lugar parcialmente a lo requerido y sólo dispuso 15 días de preventiva, resolución que la Fiscalía impugnará. “Estamos yendo con medidas cautelares de máxima intensidad porque son personas a las que ya tenemos identificadas y contamos con muchos elementos para tener la sospecha razonable de que tuvo participación en esto, y que podría afectar a la investigación si queda libre, porque podría tener o destruir algún teléfono o notebook o amenazar a los testigos. Además, solicitamos estos plazos porque consideramos que son los necesarios para poder realizar todas las medidas restantes, sobre todo cuando se libran oficios y cuando hay que practicar las pericias a los dispositivos electrónicos secuestrados”, dijo Saltor.

La mayoría de los expedientes abiertos por los delitos de intimidación pública hacia establecimientos educativos tienen como imputados a padres y a madres de alumnos porque eran los titulares de las líneas telefónicas o de la dirección IP desde donde se emitieron las amenazas. Algunos de los acusados dijeron no ser los responsables y en ciertos casos, como sucedió en el Colegio Calasanz, manifestaron que los autores fueron sus hijos o compañeros de clase. “Nosotros tenemos que trabajar con elementos objetivos, que son las líneas de teléfono, la red wifi, el IP, el momento en el que impactó la llamada, la ubicación geográfica. Una vez que tenemos todos estos elementos determinados la persona sabrá cómo defenderse, cómo plantearlo y cómo aportar lo que tiene a la Fiscalía. Obviamente si son menores de edad ya veremos qué responsabilidad recae sobre los padres y cómo actuar para que esto no siga pasando”, explicó el subrogante de la Fiscalía de Cibercriminalidad.

Producción Periodística: Micaela Pinna Otero.