El diseño de poder en la nueva Legislatura tucumana ha cobrado una dimensión inusual, más aún en el marco político e institucional bajo el que transita el país. Al punto que el desenlace se leerá como la primera pulseada que pierda o que gane el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, a horas de su asunción en el cargo.
Suena a nimiedad teniendo en cuenta que Tucumán será entre hoy y mañana el núcleo político del oficialismo nacional. Gobernadores y vicegobernadores, legisladores nacionales y hasta el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegarán a la provincia. El peronismo tiene tradición en utilizar estos actos de recambio de autoridades para transmitir fortaleza electoral. Y la de este fin de semana no será la excepción. Pero, por debajo de la espuma, la interna provinciana sigue su curso.
El disparador de la reciente convulsión fue el corroborado acuerdo político que sellaron Jaldo y el intendente saliente de la Capital, Germán Alfaro. Ocurre que los acontecimientos se precipitaron en la última semana. A la cena privada entre el líder del Partido por la Justicia Social y el nuevo mandatario le siguieron el pacto por la constitución de la mesa de autoridades en el Concejo Deliberante y la avanzada por el reparto de poder en la Legislatura. El objetivo del tranqueño es evidente: contar con aliados que le permitan sortear los focos de conflicto interno que pudieran surgir en la transición con el manzurismo.
Con el argumento de la apertura, Jaldo diseña un sistema de escudos para el primer tramo de su gestión. Para ello, se valió del plan de facilidades de pago que la coyuntura política obligó a la oposición a abrir. Con el alfarismo en la banquina y con el radicalismo huérfano, a cargo de tres intendencias y sin Pacto Social, el escenario quedó a merced de “El Comisario”.
La reunión del miércoles entre los 34 legisladores oficialistas, Jaldo y el vicegobernador electo Miguel Acevedo tuvo el propósito de contener los ánimos de sedición interna, alentados desde referentes manzuristas. Es curioso, pero el desparramo que dejó el año electoral configuró alianzas impensadas hasta hace poco tiempo. ¿O uno imaginaba que radicales y manzuristas pudieran enfrentarse a una coalición de alfaristas y jaldistas? Aunque circunstanciales, hoy son los dos bloques en pugna. Insólito.
De ese almuerzo sólo quedó en claro que la imposición de una mesa legislativa constituida por el manzurista Sergio Mansilla, el jaldista Aldo Salomón y un referente del alfarismo no cae bien a un nutrido grupo de legisladores oficialistas. Este sector es integrado entre otros por los ex intendentes Javier Noguera y Jorge Leal, los ex funcionarios Christian Rodríguez y Gabriel Yedlin; y el delegado regional del Enohsa, Gerónimo Vargas Aignasse. Por lo bajo y en conversaciones con Acevedo, algunos parlamentarios han expresado sus reparos y advertido incluso con partir la idea de un bloque único del peronismo. No reclamaban siquiera un lugar para alguien de ellos, sino que la vicepresidencia segunda no sea para el espacio de Alfaro sino para alguien de la Unión Cívica Radical. “¿Por qué debería tener ese premio el único opositor que perdió en Tucumán?”, se preguntó un referente manzurista, en alusión a que el PJS cayó ante Rossana Chahla en la disputa por la Municipalidad capitalina.
La explicación está en lo que el alfarismo tiene para ofrecerle a Jaldo y en lo que el radicalismo tiene para perder si se enfrenta a Jaldo. A Beatriz Ávila, esposa del ya ex intendente, aún le quedan cuatro años como senadora nacional y en un escenario nacional fragmentado, cada voto puede ser determinante. Mucho más para un gobernador que necesita fortalecerse si quiere contener un eventual intento de regreso de su antecesor. Basta con pensar que si Massa no obtiene la presidencia, el destino de Juan Manzur será la banca en el Senado que hoy ocupa Pablo Yedlin. La otra senadora por Tucumán es Sandra Mendoza, esposa del siempre pragmático José Fernando Orellana.
Por supuesto, no es difícil aventurar cómo será el comportamiento de Ávila en la Cámara Alta en esta nueva etapa, en particular por los indicios que dio anoche el alfarista Alfredo Toscano respecto de la postura del Partido por la Justicia Social de cara al balotaje del 19 de noviembre. “Nosotros nunca podríamos votar a alguien que busca retroceder en materia de derechos, destruir en vez de construir”, dijo el hombre más cercano a Alfaro y seguramente vicepresidente segundo de la Legislatura. Un dato no menor: un día antes de estas declaraciones, el propio Alfaro había dicho públicamente que no era momento de sentar posición ni de apresurarse en definiciones. “Se terminó la elección, y se tenía que ir madurando (el resultado). No había necesidad, había que ser ‘tiempistas’”, había cuestionado Alfaro sobre los cruces entre el PRO y la UCR. Incluso había apelado a una frase demasiado coloquial: “como se dice, ‘el muerto está calentito’; hay que hacer el duelo, y una vez que baje la espuma te va a permitir ver las cosas con mayor objetividad”. Vale decir que él tampoco dejó enfriar su postura del jueves antes de que su alter ego la cambiara el viernes.
En definitiva, si bien el alfarismo cuenta con cinco bancas y ninguna intendencia, y la UCR reúne seis escaños y las municipalidades de Concepción, de Yerba Buena y de Bella Vista, las matemáticas en política no son siempre una ciencia exacta. Jaldo interpreta que le reditúa mucho más entablar un acuerdo político con el PJS que con los correligionarios, poco afectos al verticalismo y más propensos al anarquismo interno. Además, con el actual sistema de distribución de la coparticipación y una crisis económica de final abierto, muchas administraciones municipales deberán pasar la gorra por la Casa de Gobierno con frecuencia, y en ese lote pueden anotarse las radicales.
A esto se suma que Jaldo ya anticipó el final del Pacto Social, por el que la Provincia paga sueldos a las intendencias. Desde 2024, ese régimen ya no continuará y cada municipio deberá cubrir sus gastos con recursos propios; previamente, habrá una financiación a 20 años de las deudas contraídas por los gobiernos locales. No obstante, son muy pocos los que podrán ser autosustentables en el corto plazo. Con este nuevo escenario, varios correligionarios se preguntan si fue oportuna la judicialización del reparto de fondos liderada en el fragor de la campaña por Mariano Campero, Sebastián Salazar y Alejandro Molinuevo. El concepcionense debe seguir al frente de su ciudad, mientras que al yerbabuenense lo sucederá un aliado suyo, Pablo Macchiarola; y al bellavistense su esposa, Paula Quiles. Difícil que puedan desentenderse de sus necesidades y dejarlos desamparados.
En las últimas horas se multiplicaron las reuniones informales y operaciones dentro del oficialismo y de la oposición, y hoy será la ocasión para que todos esos murmullos queden en simples anécdotas porque difícilmente haya alguna expresión pública. La primera sesión de la nueva composición legislativa exhibirá ese nuevo mapa de alianzas. ¿Se atreverá ese grupo de ocho o 10 manzuristas a exponer en el teatro San Martín su oposición a la mesa que impulsa el gobernador electo? Ayer, a modo de señal, varios de los preocupados recibieron por la noche el mensaje de Acevedo de que se debe acatar lo resuelto. Además, el contexto del peronismo nacional unificado hacia la segunda vuelta presidencial y el arribo del propio Massa a Tucumán unas horas después ejercen una presión extra en favor de la pretensión de Jaldo.
Por esto la disputa interna se esconderá unos días más, hasta la conformación del bloque de legisladores unificado o la escisión del oficialismo dentro del recinto. Los manzuristas, relegados en el reparto del gobernador electo, dicen estar dispuestos a resistir. El desafío es sostener la independencia política siendo parte de un sistema de poder concentrado y clientelar, que va desde las intendencias y comunas hasta contratos en órganos legislativos y unidades creadas para la contención de miles de dirigentes. Y todo eso, desde mañana, pasará a estar en manos de Jaldo.