Cincuenta y dos ternas y ningún juez

Juan Manzur ya no podrá hacerlo. Tuvo un año para contribuir, pero no. Decidió que había otras cosas más importantes, o no tuvo tiempo para el análisis que un tema sí se lo merece. Pero es el único que podía aportar y no lo hizo. Ahora será el turno de quien lo sucede, Osvaldo Jaldo, que gobernará a partir del domingo. Hoy la situación en el Poder Judicial es cada vez más complicada y, a decir los abogados, ya se vive una crisis institucional. Pero en el medio está la política y, como ya está demostrado, eso no parece ser algo bueno.

Actualmente el Poder Judicial tiene más de 100 vacantes, lo que inevitablemente redunda en el degrado de la administración de Justicia. La semana pasada, durante el acto de certificación a 15 unidades con normas ISO, Daniel Leiva, presidente de la Corte, que no tiene nada que ver con la elección ni con el nombramiento de jueces, afirmó: “hemos asumido la responsabilidad que tenemos, la de dar una respuesta adecuada a las demandas que la sociedad nos plantea hoy por hoy, y que se acentuaron y cambiaron a partir de todo lo que fue este lamentable período de pandemia”. Y agregó: “Hoy me siento muy orgulloso por ser parte de un Poder Judicial que deja de dar explicaciones y pide disculpas, para ser un Poder Judicial que va dando respuestas a la altura de las circunstancias. Estamos convencidos de que esto tiene que ser el fin de todo esto. Una mejor prestación del servicio de Justicia”. Pero sus palabras chocan contra una realidad que incumbe a los otros dos poderes del Estado.

Ya pasó más de un año, el 26 de octubre de 2022, desde que la Legislatura trató pliegos de ternados enviados por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Y se están por cumplir 12 meses, el 3 de noviembre, desde la última asunción de magistrados. El problema es que se ata un servicio fundamental al ciudadano con la política. Por error u omisión. Resulta insostenible que en un año de gestión el gobernador y quienes con él deben elegir a los candidatos no hayan tenido tiempo o ganas de hacerlo. Aunque la ley no le otorgue plazos al gobernador. El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, otro fuero, lo dijo hace poco durante la asunción de Fernando Poviña: “es necesario que el Poder Ejecutivo, como el Senado de la Nación, avancen en la cobertura de cargos, dejando atrás enfrentamientos políticos”. Lo dijo también Miguel Piedecasas, presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación: “hay demoras tanto en el Senado como en el Ejecutivo a consecuencia de las coyunturas políticas de nuestro país”.

En Tucumán la situación es la misma. Los postulantes pasan tres filtros en el CAM hasta que son elegidos, y luego las autoridades del Consejo elevan las ternas. Hasta allí llega su trabajo. ¿Qué sucede después? La política mete sus narices. Cada uno de los postulantes debe pasar otro filtro, que atañe exclusivamente al Ejecutivo. ¿Puede favorecernos o perjudicarnos en algo? Es la pregunta que -parece- suelen hacerse. Va mucho más allá de los conocimientos de los postulantes, de su foja de antecedentes y hasta sus vínculos familiares. Es lo que pasó, por ejemplo, con el ex secretario de la Fiscalía Anticorrupción (¿alguien se acordaba que algo así funcionó en Tucumán?), Carlos López, quien fue vetado ocho veces tras ser ternado, solamente por haber investigado al ex gobernador José Alperovich. Aún hoy en Casa de Gobierno en lo primero que se fijan es en el apellido del o la postulante. Y eso no tiene nada que ver con la Justicia ni con tratar de que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos sin tener que esperar tres o cuatro años.

Ayer, justamente, fue la última sesión del CAM con su actual conformación. Los consejeros elevaron al Ejecutivo 10 ternas más para cubrir vacantes. Con ese número llegaron a 53 en el último período comprendido entre 2021 y 2023. Lo insólito es que actualmente el PE tiene 42 ternas a disposición. A esas habría que sumarles las 10 que elevaron ayer. Eso quiere decir que durante los dos últimos años no se nombraron jueces propuestos por esta conformación del CAM. Los que ingresaron lo hicieron porque sus pliegos fueron remitidos en 2020 o antes. Legalmente no hay mora, pero en la práctica la desidia aparece patente.

A principios de mes, el Colegio de Abogados envió sendas notas al gobernador Manzur y a la Corte Suprema de Justicia, alertando sobre la crisis derivada por la falta de jueces. Según el presidente del Colegio, Rodolfo Gilli, la infraestructura actual de Tribunales es de los años 70, “y hoy hace falta el doble de jueces de los que tenemos”. “La Corte trata con buena voluntad mediante acordadas de suplir las ausencias, pero necesitamos que se cubran los cargos. Un fuero como Familia necesita soluciones rápidas. Se necesitan soluciones”, explicó. El 5 de octubre hubo una reunión entre Leiva y Gilli, donde acordaron tratar de avanzar con algunas designaciones, y tender lazos con el Ejecutivo. Un día después Manzur y la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, anunciaron que, teniendo en cuenta la alarmante situación, enviarían a la Legislatura dos pliegos de jueces para que cubran cargos como subrogantes. Y así lo hicieron. Manzur requirió el acuerdo parlamentario para la designación de Pablo Eugenio Barbaglia y de Melisa Velia Hanssen Giffoniello como jueces de primera instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial de la Capital. Según el texto, Barbaglia fue propuesto para el juzgado de la IV Nominación, y Hanssen Giffoniello, para el de la VI. Lo extraño sucedió esta semana. Sin explicaciones bajaron a Barbaglia de la propuesta y sólo se aprobó el pliego de Hanssen Giffoniello. ¿Qué pasó en el medio, sobre todo teniendo en cuenta que había sido el mismo Manzur el que los había propuesto? Nadie pudo dar una respuesta concreta. Por lo bajo trataron de explicar que como en la última sesión del CAM se habían elevado ternas para los mismos fueros, ya no tenía sentido nombrar un subrogante. Pero entonces, ¿para un juzgado sí y para otro no? Otra vez, la política metida en el medio. Todo esto, además de la presunción de que la cantidad de vacantes comenzarán a ser ocupadas en el corto plazo. ¿Si en dos años casi no se nombraron jueces se cree que mágicamente comenzará un proceso inverso? Todo extraño, como mínimo. Así y todo, la semana pasada se informó de una reunión que el electo Jaldo había mantenido con quien será su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y con quien ocupará la secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el ex juez Federal Mario Racedo. El nuevo gobernador le encomendó a Racedo como prioridad el tema de las vacantes. Allí se vislumbra una pequeña luz de esperanza para ver si el problema comienza a solucionarse. Esto si, como ya viene sucediendo, la política no mete otra vez la cola. Si se quiere una mejor Justicia, sin jueces es imposible. Que sean amigos o enemigos de los funcionarios políticos de turno no debería ser impedimento si su saber puede favorecer al único que realmente importa: el ciudadano.