Imputaron a un policía por una amenaza de bomba

Un policía fue imputado por el delito de intimidación pública dado que habría llamado a la Secretaría de Trabajo para hacer una amenaza de bomba. El acusado es Matteo Santiago Galván, de 19 años, quien el mismo día del hecho -según reconoció- estaba haciendo recorridos preventivos en inmediaciones del lugar. El juez Guido Cattaneo decidió aceptar el pedido fiscal y le ordenó que el sospechoso cumpla con 30 días de arresto domiciliario.

La audiencia de ayer contó con dos particularidades, por un lado la condición laboral del acusado, que paradójicamente por su función tenía que estar previniendo el delito y, además, tomaría intervención ante un procedimiento de evacuación que ocurriera en el sector que estaba cubriendo. Por otro lado, la de ayer fue una de las primeras actuaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, que quedó en manos del fiscal Carlos Saltor.

La auxiliar fiscal Jessie Luz García fue quien expuso el hecho y relató que el 28 de julio a las 8.30 recibieron la denuncia de un empleado de la secretaría de Trabajo que explicó que a las 8 un hombre llamó advirtiendo que había una bomba dentro de la institución y que desalojaran el inmueble. A raíz de eso comenzó a aplicarse el protocolo de evacuación y se cortó la calle en Crisóstomo Álvarez al 100, lo que generó caos en el tránsito y un despliegue policial y de bomberos innecesario ante una falsa alarma.

“Según el informe que nos presentó una empresa telefónica, la línea desde la que se había hecho la llamada pertenece al acusado. Por esa razón, hace unos días allanamos una casa en Lastenia, donde se encontraba Galván. Allí además secuestramos tres celulares y una tarjeta de memoria externa. Además durante la investigación conseguimos los videos de una cámara de seguridad de la esquina de Crisóstomo Álvarez y Moreno (a metros de la secretaría), donde el imputado hacía guardia, en las imágenes se lo puede ver haciendo la llamada”, contó García describiendo las pruebas cosechadas hasta el momento.

Por todo eso, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario de Galván por el plazo de 30 días para terminar la investigación. “Creo que hay elementos suficientes para entender que es el responsable el hecho, y es peor el detalle de que se trata de un miembro del personal transitorio policial, cuyo deber es la prevención de delitos. Con esto demostró su desprecio por la seguridad pública. Él cumplía funciones en ese sector de la ciudad y podría conocer a los vecinos, amedrentarlos o influir en ellos para evitar que declaren en su contra”, argumentó García para sostener un riesgo de entorpecimiento. Queda pendiente además peritar los teléfonos que fueron secuestrados en la casa del imputado.

Un hombre misterioso

“El día del hecho salí de la base y tomé servicio en esa esquina. A esa hora aproximadamente se me acercó un hombre de pantalón jean oscuro y me dijo que tenía una urgencia, me pidió el celular para hacer una llamada. Le presté el teléfono e hizo una llamada que no duró más que unos segundos”, aseveró Galván. “Al poco tiempo vino otra persona, se presentó como empleado de la secretaría de Trabajo y me avisó que habían recibido una amenaza, luego intervine en las tareas que me solicitaron”, agregó.

El defensor Juan Peñaloza Costilla se opuso a la cautelar y pidió que Galván siga ligado al proceso en libertad. “Entendemos las sospechas pero él no es el responsable, tiene 19 años y el cargo más bajo en la Policía, ni siquiera fue nombrado agente aún. El hombre que él menciona también aparece en los videos”, señaló.

El juez finalmente aceptó el pedido fiscal y ordenó el arresto domiciliaria por 30 días.