El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (JxC), insistió con sus reproches contra el modo en que la Provincia distribuye los fondos públicos para municipios y comunas tras la denuncia que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). “Consideramos inconstitucionales las leyes de coparticipación (6.316) y del ‘Pacto Fiscal’ ( 8.829). Creemos que lesionan las autonomías municipales porque permiten al Gobierno manejarse con discrecionalidad”, expresó.
A través de las redes sociales, el legislador electo y candidato a diputado mencionó que con la denuncia contra la Provincia, que también es respaldada por Bella Vista y Concepción, buscan que “cada municipio reciba el dinero que le corresponde”.
Con el patrocinio letrado del abogado constitucionalista Alberto B. Bianchi, Campero busca que la CSJN declare la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley de Coparticipación (6.316), el cual fija los porcentajes de distribución de los dineros para municipios y comunas.
La presentación, que también fue firmada por Gabriel Sabaté (apoderado de la Municipalidad), cuenta con el respaldo de los letrados Lino Galarce y Santiago Castro Videla. Objetan que no se hayan modificados los coeficientes de distribución de recursos desde la creación de la norma en 1991, a pesar de que la población del municipio creció vertiginosamente en población en las últimas décadas. Esto, según argumentaron, lesiona la autonomía municipal, algo que está previsto en la Constitución de la Nación.
De este modo, los radicales dieron otro paso en su estrategia de judicializar un reclamo que ya hicieron por vía administrativa sin respuestas. La semana pasada, Sebastián Salazar (Bella Vista) y Alejandro Molinuevo (Concepción), con el patrocinio del constitucionalista Antonio Hernández, hicieron una denuncia de características similares ante la Justicia de Tucumán.