Fin del Pacto Social: ¿Cómo se hará y cuánto impactará en los municipios?

Si el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, pretende avanzar en el corto plazo con la eliminación del Pacto Social deberá antes sincerar las finanzas de al menos 13 municipios, además de diseñar una refinanciación general de deudas en un complejo contexto económico del país.

En septiembre, a partir de cuestionamientos de intendentes radicales por discriminación, el actual vicegobernador anticipó que el mecanismo mensual de asistencia a los gobiernos locales cambiará apenas comience su gestión. “Vamos a tomar decisiones de fondo para que cada uno se maneje con los recursos (nacionales y provinciales) que por Ley y Constitución le corresponde”, había dicho Jaldo.

De concretarse este anuncio,  habrá una reconfiguración de la relación entre los municipios y la Provincia luego de más de 23 años de vigencia del Pacto Social. Este esquema tuvo su origen el 12 de enero de 2000, en el gobierno de Julio Miranda. Junto a su ministro de Economía, José Alperovich, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 37/3, cuyo primer artículo decía que “el Poder Ejecutivo remitirá al municipio los fondos suficientes para garantizar el pago de sueldos de los trabajadores municipales…”. A partir de entonces, el instrumento se ratificó cada año, con sucesivas leyes, que precisaban su validez para un período puntual de un año, y para partidas especiales, como el Sueldo Anual Complementario (SAC) y bonos extra. El “Pacto Social”, al que no siempre adhirieron todos los municipios, se disoció luego como “Pacto Sueldo” y “Pacto Obras”, pero siempre bajo la misma modalidad: ceder a la Provincia los fondos que por coparticipación correspondían a la Municipalidad firmante.

En 2015, la relación volvió a cambiar sobre el cierre de la gestión de Alperovich. Ese año, se resolvió no renovar el Pacto Social en la Legislatura. La Cámara sancionó entonces la Ley 8.829, aún vigente. Este instrumento faculta al Ejecutivo a suscribir convenios de préstamos para municipios y comunas (aportes reintegrables), así como otorgar asistencias financieras para la atención de obligaciones salariales, realización de obras públicas, prestación de servicios y desarrollo de actividades culturales deportivas y sociales (fondos no reintegrables).

Precisamente, esa norma es la que al finalizar 2023 no sería extendida. De esa manera, todos los municipios involucrados en el Pacto Social a lo largo de este tiempo deberán sentarse a negociar las pautas financieras con la Casa de Gobierno a partir de 2024. Los únicos que se encuentran exentos son Burruyacu, Graneros, Trancas, Las Talitas, La Cocha y San Miguel de Tucumán. Los cuatro primeros nunca estuvieron dentro del Pacto, mientras que la administración de la Capital pudo salir de ese convenio en 2016.

Ese antecedente es el que servirá de base para poner en práctica el anuncio de Jaldo. En aquel año y luego de un extenuante tironeo político, el intendente Germán Alfaro y el gobernador Juan Manzur acordaron el financiamiento de $296 millones correspondientes al Fondo Fiduciario, pagaderos en 240 cuotas y con un año de gracia (en 2016 el municipio no abonó ninguna cuota).

En caso de que Jaldo emule ese procedimiento, el primer paso será que intendentes y Gobierno se pongan de acuerdo respecto del monto de las deudas que cada administración mantiene con la Provincia, en caso de que así sea. Ocurre que a lo largo de estos 23 años, muchos municipios que estuvieron dentro del Pacto Social tuvieron gastos por encima de sus ingresos, y ese desfasaje fue suplido mediante asistencias del Poder Ejecutivo. Son cuatro las fuentes de recursos genuinos de las intendencias: coparticipación nacional y provincial, Fondo de Desarrollo del Interior y recaudación tributaria. En tanto, las posibilidades de financiamiento a través de la Casa de Gobierno son dos: aportes reintegrables y no reintegrables.

Así, una vez clarificados los números de estas 13 municipalidades, el gobernador debería firmar un decreto estableciendo la refinanciación y, probablemente, enviarlo a la Legislatura para su ratificación. El asunto es que esta discusión, aunque será inmediata, no tendrá aplicación efectiva sino hasta enero de 2024. Ocurre que no hay intenciones de modificar las reglas de juego en los últimos dos meses del año, en pleno inicio de los nuevos mandatos y en un período difícil desde lo económico.

Lo que aún no está resuelto desde lo operativo es cómo se sostendrán aquellos municipios que tienen gastos fijos (operativos y salariales) por encima de lo que recibirán mensualmente, ya sin la asistencia del Estado provincial. Ese punto es el que genera mayores dudas entre muchos intendentes, sean oficialistas y opositores, porque avizoran que deberían ir a golpear las puertas de Jaldo y quien seguramente sea su ministro del Interior, Darío Monteros.