Denunciaron ante la Justicia Federal a cinco funcionarios argentinos sospechados de movimientos de dinero en negro

Denunciaron ante la Justicia Federal a cinco funcionarios argentinos sospechados de movimientos de dinero en negro

Los nombres trascendieron en un expediente que tramita en la Justicia de Estados Unidos, vinculados a la coalición oficialista. Ercolini fue designado al frente de la causa.

José Ignacio de Mendiguren José Ignacio de Mendiguren
13 Octubre 2023

El juez federal Julián Ercolini recibió la denuncia contra cinco funcionarios que están sospechados de mover dinero en negro tal cual figura en un expediente judicial que tramita en Estados Unidos.

La denuncia la hizo Republicanos Unidos que dirige José Magioncalda y Juan Fazio y apunta por los delitos de “lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito”.

De acuerdo a NA, la acusación manciona al secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas; Matías García, director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, entre otros.

En las últimas horas, una nota periodística dio cuenta de que los denunciados habrían realizado movimientos por elevadas sumas de dinero en Argentina y hacia el exterior.

Según esa noticia, “el abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina”.

La causa quedó en poder del juez Ercolini que ahora correrá vista a la fiscalía para que determine si impulsa o no una investigación formal por el supuesto movimiento sospechoso de fondos.

Si bien por el momento la denuncia apunta a funcionarios públicos argentinos, también señala a ciertas corporaciones empresariales con conexiones políticas, aunque de momento no fueron sindicadas en el expediente.

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