08 Octubre 2023
RECHAZO A LA INSTALACION. Los pobladores de la localidad piden que trasladen la obra a otro lugar. as dfasdfasdfasdf
Vecinos de Burruyacu impulsan un reclamo judicial en contra de la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Monte Caseros. Sostienen que la obra que se financia se está construyendo en un terreno que se encuentra a menos de 300 metros de las viviendas, por lo que temen que afecte la calidad de vida de la población en forma significativa, así como degradar el ambiente y contaminar las napas de agua.
Fabiana Corvalán y su cuñada Mercedes Ponce presentaron ante la Justicia un pedido de amparo ambiental colectivo que aguarda sentencia de la Corte Suprema de Tucumán (CSJT). En paralelo, recurrieron a la Defensoría del Pueblo de la Nación dado que las obras son ejecutadas a través del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa), con fondos nacionales.
La presentación judicial se realizó contra la Provincia y la Municipalidad de Burruyacu. Solicitaron también que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 8.649 y 9.268, mediante las cuales se procedió a expropiar un fragmento de un terreno propiedad de la familia Ponce. En el escrito descalificaron también el informe de impacto ambiental inserto en el expediente dado que -dicen- no contempló varios factores clave, entre ellos la evaluación de riesgo para los pobladores cercanos a la planta.
Denunciaron que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental llevado a cabo para el otorgamiento de la licencia ambiental, prevé una instancia de información y participación ciudadana que debe garantizarse con carácter previo a la aprobación del proyecto; y, en consecuencia, al no encontrarse cumplidos, revestiría el carácter de ilegitimo, según mencionaron. Añadieron que sí se presentó un estudio de impacto ambiental, pero que fue posterior al inicio del proyecto.
En ejecución
En enero de 2022 la Provincia firmó el contrato por una inversión de $ 175 millones (el costo actualizado es de $ 343 millones. La obra comprende la planta de tratamiento, una laguna de 129 metros de largo por 43 de ancho, con una red principal colectora de 200 milímetros de diámetro. También se contempló una red de 160 milímetros para conectar a unas 850 familias. Se anunció que la planta se ubicaría en un terreno que se expropió al este de la ruta 304 y que la obra, a cargo de la UTE Omodeo - Batcon, tendría una duración de 540 días.
El Mapa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación sostiene que el proyecto tiene un avance de casi el 70% y un avance financiero del 45,5%. Sin embargo, Corvalán sostiene que lo que se observa en el terreno no se condice con una obra de tan elevado porcentaje de ejecución. “Hay una casilla de madera con una antena de televisión satelital, no se ve ese avance de la obra. Los tubos que se ven son chiquitos”, afirmó. Sostuvo que se observaron algunos movimientos de tierra, pero pocos operarios.
CARTELES. Con estos elementos apuntan por qué no quieren la planta.
“Nadie nos escucha”
Según las denunciantes, para continuar con la obra debería salir una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “Es un amparo ambiental colectivo, no puede cerrarse. Afecta a toda la comunidad”, dijo. Aseguró que las partes buscaron que se clausuren las actuaciones por caducidad de instancia.
“Nadie nos escucha. Somos dos mujeres que no tenemos miedo, queremos que se haga lo que corresponde, que se respeten las leyes. Se pasan las leyes ambientales por donde ellos quieren”, protestó.
Las denunciantes solicitan que se tomen las medidas necesarias para evaluar el impacto ambiental que puede provocar la instalación de una planta depuradora de líquidos cloacales tan cerca de la urbanización. Remarcó, a su vez, que no están en contra de una obra de infraestructura de estas características, sino que quieren que haya un estudio profundo de la situación. “Burruyacu se caracteriza por tener agua de muy buena calidad. Donde ellos se apoyan hay acuíferos. De allí salen 13 pozos de agua, se va a contaminar todo”, dijo Corvalán. Consideró que se debe reubicar la obra, lejos de los pobladores. Sostiene que hay un sector ideal con tierras agotadas a dos kilómetros de la ciudad, que ya no sirven para cultivos.
Desde la Provincia se limitaron a decir que el apto ambiental fue presentado y que en base a esa documentación la Nación habilitó la obra.
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