Presupuesto 2024: una caja con menos fondos preocupa a las provincias

Las provincias quieren tener la certeza de que el Gobierno nacional contribuirá con una compensación financiera del Ministerio de Economía de la Nación, por las medidas anunciadas por el titular de esa área y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa y que tendrían impacto negativo en las transferencias por coparticipación federal de impuestos.

Si bien el propio Massa reconoció el mes pasado en Salta el planteo formulado por los gobernadores, ahora los ministros de Economía de cada distrito volvieron a la carga para que en el Congreso de la Nación, donde se debatirá el Proyecto de Presupuesto para 2024, se incluya una cláusula del “dos por uno”: la posible baja en Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a cambio de una mayor distribución de la recaudación por el impuesto al Cheque. El mes pasado, el ministro candidato había puesto también al impuesto PAIS como garantía. Sin embargo, hay jurisdicciones que quieren seguridad, ya que ese tributo no es tan permanente como el del Cheque.

En medio de la campaña presidencial rumbo a las elecciones generales del domingo 22, Massa anunció el proyecto que actualmente está en manos del Congreso que impulsa una modificación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría a partir del período fiscal 2024. En particular, se establece un impuesto cedular para esos ingresos -con ciertas excepciones-, a los que se les aplica un mínimo no imponible anual de 180 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) y una nueva tabla de alícuotas marginales, también definida en función del valor del SMVM.

Pero, además, expuso otra iniciativa que postula la creación, a partir del 1° de enero de 2024, del Programa “Compra sin IVA”. Mediante este Programa se establece un reintegro de hasta el 21% del gasto en bienes de la Canasta Básica Alimentaria (con un tope mensual equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria de un Hogar Tipo 2) para un universo de alrededor de 21 millones de beneficiarios.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de los cambios en Ganancias serán equivalentes a $ 1,4 billón, mientras el “Compra sin IVA” implicaría un costo fiscal estimado en $ 1,3 billón.

En septiembre de 2023, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi $ 1,4 billón en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, frente a $ 598.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Esto equivale a una suba nominal del 137,2%, pero descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 1,6%, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Esta suba es explicada principalmente por el buen desempeño real en la recaudación de IVA del orden del 26,1% interanual. El aumento en la recaudación del IVA, lograría compensar la caída de ganancias (20,5%) y el resto de los tributos coparticipables, puntualiza el diagnóstico. Sin embargo, el impacto del anuncio de Massa se dará durante este mes.

El IARAF, dirigido por el economista Nadin Argañaraz, calcula que, para el cuarto trimestre de este año, el costo directo de la reforma en Ganancias sería de $ 5.309 millones para el caso de Tucumán y de $ 206.000 millones para todos los distritos de la Argentina. En cuanto al costo neto del “Compre sin IVA”, el IARAF lo estimó en $ 8.288 millones hasta fines de año. En un escenario menos optimista, el costo de ambas medidas puede llegar a reducirse a unos $ 7.000 millones para el caso tucumano si es que se produce una mayor recaudación del IVA por efecto de una base imponible más amplia, advierte el reporte al que accedió LA GACETA.

La otra demanda

Las provincias necesitan certezas de cómo se dará la relación Nación-provincias en lo que queda del año y también lo que se proyecta para el próximo ejercicio antes de que el presidente, Alberto Fernández, entregue el mando a su sucesor, el 10 de diciembre próximo. Sucede que varios distritos, entre ellos Tucumán, se encuentran en un plazo casi límite para la elaboración de los respectivos presupuestos para el ejercicio 2024. En este esquema asoma otra inquietud que el gobernador electo de la provincia, Osvaldo Jaldo, planteó el viernes pasado al ministro de Economía, Eduardo Garvich: la deuda de unos $ 22.000 millones que la provincia debe saldar al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial durante los primeros meses de 2024. De acuerdo con los datos que maneja el actual vicegobernador, los vencimientos rondarán los $ 5.000 millones desde el primer mes del año que viene y eso dificultará el margen de maniobra financiera de su administración. De allí que requirió que el actual gobernador, Juan Manzur, gestione ante Massa la reprogramación de los vencimientos de tal manera de aliviar las cuentas públicas para el primer año del nuevo mandato. La situación, no obstante, no se circunscribe tan sólo a Tucumán: lo padecerán las 23 jurisdicciones subnacionales y, en menor medida, CABA. A partir de la próxima semana se profundizarán los contactos con las autoridades del Palacio de Hacienda de la Nación de tal manera de consensuar un mecanismo de refinanciación a mediano plazo de ese endeudamiento. Mientras tanto, algunos gobernadores están instruyendo a los representantes de sus provincias en el Congreso de la Nación para que gestionen la inclusión de un artículo que le brinde una herramienta legal a la reprogramación de vencimientos.

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial se creó a través del Decreto 286/95 del Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector Público Provincial Argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias. Durante este año, en este programa de financiamiento una decena de provincias (entre ellas Tucumán) por un monto total de $ 37.600 millones y se refinanciaron deudas por $ 103.230 millones, de acuerdo con un reporte de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía.