29 Septiembre 2023
Diosquez Dupuy. CAPTURA DE VIDEO
El concejal bandeño Miguel Diosquez Dupuy (PRO) elevó un pedido de informe al Concejo Deliberante de Banda del Río Salí para solicitar la Cuenta de Inversión del año 2022, el Presupuesto 2023 y las ejecuciones presupuestarias trimestrales de este año. El edil busca que le informen los destinos de casi $ 11.000 millones que recibió el Municipio hasta julio, por el “Pacto Social” y como fondos no reintegrables.
De acuerdo a lo que indicó el edil en un comunicado, en el Boletín Oficial de la Provincia se publicó que el distrito que administra Darío Monteros percibió, entre enero y julio de este año, $9.176.451 por el “Pacto Social” (ahora llamado Convenio Consensuado de Fondos Unificados), que sirven para pagar sueldos y atender los gastos de funcionamiento. Además, se consignó que el municipio fue favorecido con $ 1.840 millones para obras, en calidad de fondos no reintegrables, tal como se publicó en una investigación que realizó este diario.
“El Municipio de la Banda del Río Salí fue uno de los grandes beneficiados por el gobierno de la provincia en la distribución de fondos. El objetivo del pedido de informes es conocer qué se hizo con ese dinero”, manifestó Diosquez Dupuy.
Desembolsos para Bella Vista
Un informe publicado por este diario en septiembre evidenció que entre enero y agosto la Provincia autorizó fondos no reintegrables para 14 municipios y algunas comunas por $ 11.853 millones, todos de signo oficialista. Los jefes municipales de Juntos por el Cambio (JxC) expresaron discriminación. También mencionaron que habría discrecionalidad con los giros de dineros reintegrables, alejados de los porcentajes de coparticipación.
Sin embargo, este viernes se publicó en el Boletín Oficial un aporte financiero no reintegrable por $ 20 millones para Bella Vista. La Municipalidad que administra Sebastián Salazar (JxC) solicitó los dineros para “hacer frente a desequilibrios financieros que atraviesa el Municipio”, según se precisó en el Decreto N° 3.007, con fecha del 7 de septiembre.
La mayoría de los municipios se encuentran dentro del Convenio de Asistencia Garantizada, un mecanismo que se implementa desde el alperovichismo (Ley 7.974) mediante el cual el Poder Ejecutivo garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación. El modo de distribución de los fondos quedó en el centro de la polémica y los intendentes radicales Salazar, Mariano Campero y Alejandro Molinuevo afirmaron que irán a la Justicia nacional.
El ministro del Interior, Miguel Acevedo, rechazó las acusaciones y consideró que todo es una movida política. El gobernador electo, Osvaldo Jaldo, en tanto, anticipó que eliminará el “Pacto Social” en su gestión.
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