Caso Brand: proponen que se prohíba la renuncia de jueces con causas pendientes

La comisión de Juicio Político clausuró las actuaciones contra la jueza de Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Brand, quien el miércoles presentó la renuncia a su cargo. La determinación generó malestar entre los denunciantes y críticas de la oposición, que impulsa que se modifiquen las leyes vigentes para eliminar esta “vía de escape” de los magistrados acusados.

Notificado por la dimisión de Brand (la cual fue aceptada en el Poder Ejecutivo), el comité que encabeza el legislador oficialista Raúl Ferrazzano (FdT) siguió los lineamientos que marca la ley que regula el proceso de enjuiciamiento (8.734). El artículo 30 establece que las actuaciones serán clausuradas “en el estado que se encuentren” si el titular del Ejecutivo acepta su renuncia. “Esta consecuencia se aplicará únicamente a la renuncia lisa y llana del denunciado”, se plasmó en la norma.

Tres iniciativas

En ese sentido, legisladores de la oposición expusieron la necesidad de que se modifique dicha norma y se elimine este privilegio para los funcionarios públicos denunciados. Nadima Pecci, referente de la candidata Patricia Bullrich en Tucumán, recordó que tiene un proyecto de ley para prohibir la renuncia de magistrados y funcionarios de la Casa de Gobierno sometidos a pedido de juicio político antes de que concluya el proceso. 

"No podemos mirar para otro lado cuando vemos que la justicia se derrumba y sus responsables buscan escapar de las sanciones utilizando para ello pequeñas grietas del sistema que les permiten -aun sin quererlo- lograr su tan ansiada impunidad. No podemos permitir que quienes no cumplen con su deber, lejos de ser sancionados, pretendan evadir su responsabilidad mediante una renuncia", manifestó la parlamentaria.

No es la única iniciativa que se presentó en la Cámara en este sentido. En noviembre de 2020, durante la controversia que se desató en torno al ahora ex juez Juan Francisco Pisa por el caso “Tacacho”, el legislador Raúl Pellegrini (PJS) presentó un proyecto de ley para que se modifique el artículo 30 de la ley. La iniciativa, que pasó al archivo por el tiempo sin tratamiento, buscaba que se continuara con el proceso de enjuiciamiento, en la etapa que se encuentre, cualquiera sea la modalidad de la renuncia. “Este sistema vigente lo que habilita es una vía de escape, de salvación, que no corresponde. Te tenés que quedar y responder, porque sos funcionario público. Es tu obligación responder por tus actos”, dijo el parlamentario a este diario.

El también miembro del comité de enjuiciamiento, que acercó a la Cámara a familiares de Lucio Dupuy, consideró que es irritante para las víctimas que un funcionario cuestionado se vaya con una simple renuncia. “La víctima también quiere verdad, que se le encuentre razón a lo que ha denunciado. Hay que modificar esto”, dijo. Respecto a la determinación de la comisión, Pellegrini señaló que el marco legal es claro, pero afirmó que hubieran querido otro desenlace.

Sin debate del FdT

El radical José María Canelada, en mayo de 2021, también introdujo un proyecto en igual sentido para que se modifique el régimen de Juicio Político. Consideró que es una deuda que tiene la actual conformación legislativa. “El oficialismo jamás abrió ese debate. La dimisión de la jueza Valeria Brand frustra la discusión sobre las denuncias realizadas y eso no es razonable”, expresó.

“Lo lógico sería garantizar que se sepa la verdad de los hechos y no proteger a quien está cuestionado. El actual régimen garantiza impunidad, por eso damos esta pelea desde hace tiempo”, dijo el concejal electo. Además, consideró que hace falta un debate de fondo sobre el enjuiciamiento de los miembros del Poder Judicial y el resto de los funcionarios políticos. “Tenemos que desterrar los privilegios y eso se hace con decisión política. Lamento que no se haya debatido el proyecto que presentamos hace más de dos años, pero sería saludable que no se posterguen más los cambios que hacen falta para hacer de Tucumán una sociedad donde todos seamos iguales ante la ley”, concluyó.

El presidente del bloque de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, expresó que casos de gravedad con acusaciones de mal desempeño amerita que no sólo se trate la destitución sino también la inhabilitación para ocupar cargos públicos. “Hemos decidido presentar, en las próximas horas, un proyecto de modificación de la ley que rige este procedimiento a los fines que, declinada la acusación para destituir al funcionario/a por haber renunciado al cargo, la comisión de Juicio Político pueda estudiar el avanzar sobre la aceptación de la acusación a los fines de tratar la inhabilitación para ocupar cargos públicos por parte del funcionario/a acusado/a”, dijo el legislador.