En términos geográficos, entre Tucumán y Salta hay una distancia de poco más de 300 kilómetros, pero en términos electorales las diferencias son tan profundas por la forma de elegir a sus representantes. Al menos eso ha quedado en evidencia en el panel “Reforma Electoral” del Tercer Encuentro de Empresarios del Norte Argentino, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), que se realiza en el Hilton Garden Inn Tucumán.
Las ponencias de la constitucionalista Carmen Fontán y de los secretarios del Tribunal Electoral de Salta María José Ruiz de los Llanos y Pablo Finquelstein. La abogada tucumana arrancó su exposición señalando que, a lo largo de la historia de los últimos años, los modelos electorales aplicados en la provincia “siempre han sido existosos para los oficialismos”. Recordó que el sistema de Acoples nació con la Constitución de 2006. “La coyuntura es grave. Lo vemos en la cantidad de boletas que se distribuyen en el cuarto oscuro. No sabemos qué vamos a votar. No hay acceso a la Ley de Información Pública, pese a que la Corte Interamericana se ha pronunciado que es un derecho humano imprescindible para que los procesos electorales sean transparentes, con elecciones libres y auténticas”, indicó.
Fontán refirió a un estudio sobre Mapa de la Integridad Electoral, elaborado por Transparencia Electoral en el que Tucumán es uno de las ocho provincias deficitarias en cuestiones eleccionarias, lugar que comparte con La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz, Formosa, Misiones y San Luis, al analizar la transparencia del proceso y la competitividad de las normas que regulan el sistema. En ese sentido, rememoró que durante la Convención Constituyente de 2006, el oficialismo justificó la necesidad de la reforma constitucional en brindar más transparencia a las elecciones, eliminando Lemas y Sublemas, mientras que la oposición advirtió que con el sistema de Acoples se apuntaba hacia la perpetuidad, a la concentración del poder y al alquiler o compra de partidos políticos, algo naturalizado en las elecciones pasadas.
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Según la constitucionalista, tras los cambios en la Carta Magna, la división de la provincia en tres secciones electorales (Capital, Oeste y Este) causó mayores distorsiones en el reparto de la representación legislativa, algo que la sociedad debería repensar, porque los acoples con mayor poder económico terminan imponiéndose en la conformación y dañan aquella representatividad. “La Corte Suprema nos instó a una reforma electoral. Una provincia con problemas de hambre, de salud y de educación no puede darse el lujo de dejar sin representatividad a una porción mayoritaria de la sociedad”, argumentó.
Los funcionarios judiciales salteños arrancaron luego sus ponencias marcando las diferencias que se exteriorizaron desde que esa provincia dejó el voto tradicional para aplicar el electrónico. De Los Llanos señaló que Salta no fue la excepción al fenómeno del sistema tradicional en el que el elector se sentía desbordado cada vez que entraba al cuarto oscuro. Recordó que en 2009, en el municipio de San Lorenzo, se aplicó la experiencia piloto del voto electrónico, cuando el uso de las redes no era masivo. “Las trampas con las boletas de papel ya no eran posible. El sistema no generaba quejas, ni siquiera entre los apoderados que asistían al escrutinio definitivo”, acotó.
Finquelstein, a su vez, reconoció que, si bien ningún sistema es perfecto, el voto electrónico le permitió a Salta superar problemas y complicaciones como el de la estructura de los partidos de llevar ejércitos de fiscales para interferir en el escrutinio. “En nuestro sistema de boleta única electrónica, el fiscal no tiene mayor relevancia ni participación, simplemente en la verificación de datos del elector”, expresó. “No hay posibilidades de robos de boletas ni de voto cadena como en el esquema tradicional”, acotó.
Al leer las consultas de los asistentes, el moderador Dante Mirra consultó a los expositores acerca del costo financiero de esa tecnología. De los Llanos reconoció que el sistema no es barato, pero sí brinda igualdad de condiciones a los partidos políticos, tal como lo resaltó también Finquelstein. “Es un beneficio para el elector que tiene bien claro a quién votar, lo identifica, y no buscar una boleta tradicional en un aula o habitación llena de papeles”, agregó recordando la escena que expuso Fontán de varios pupitres llenos de papeles de las elecciones provinciales del 11 de junio pasado.