Juicio por sedición policial: acusaciones cruzadas entorpecen el desarrollo del debate

Como en el antón pirulero, en el juicio por la sedición policial que derivaron en los saqueos de diciembre de 2013, cada uno atiende su juego. Hay una batalla de intereses entre dos poderes: el político y los comisarios que ocupaban los mandos superiores de la fuerza. Ese conflicto está alterando el normal desarrollo de un debate en el que nadie se atreve a predecir cuál será su final. Mucho menos si servirá para esclarecer lo que sucedió en esos días.

El jefe de Policía Jorge Racedo, el único funcionario de peso sentado en el banquillo de los acusados, planteó la hipótesis de que él no actuó porque los funcionarios del área de Seguridad y hasta el ex gobernador José Jorge Alperovich no le dieron la orden de frenar la protesta de los uniformados cuando se inició diciembre de 2008. Por el momento, su versión fue avalada por dos ex miembros de la plana mayor de la fuerza.

Esa posibilidad fue descartada por el ex ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer, su asesor José Sarmiento y el subsecretario del área Martín Nieva. Los tres coincidieron en señalar que la responsabilidad operativa es de los jefes de la fuerza, es decir, de Racedo o de Sánchez o de cualquiera de los miembros de la plana mayor. En la audiencia quedó en claro que el inicio de la protesta era un delito en flagrancia y los uniformados podrían haber actuado sin recibir una orden o con una autorización judicial.

Nuevos elementos

El ex subjefe de Policía Víctor Sánchez no sólo confirmó los dichos de Racedo, sino que agregó otro condimento. Acusó al ex secretario de Seguridad Paul Hoffer de haber ordenado apagar las cámaras de seguridad del servicio 911. También indicó que al menos dos veces le pidió al funcionario que restableciera el servicio, pero que nunca aceptó su recomendación.

A esa dura declaración se sumó una nueva prueba que presentó durante el debate el ex jefe de Inteligencia Criminal de la Policía Jorge Urueña. Le entregó en noviembre de 2013 al tribunal integrado por Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lesica, un informe que dijo haber presentado a Gassenbauer y a Racedo. “Nunca entendí por qué no le dieron la importancia”, explicó el ex jefe.

El documento reveló tres cuestiones fundamentales:

- Los informes de inteligencia habían advertido sobre la posibilidad de que se registraran saqueos en la provincia.

- Marcaron los supermercados, distribuidoras que terminaron siendo atacados.

- El documento no figura ni una palabra sobre el malestar policial que terminó en la huelga, aunque en su declaración en el juicio mencionó que había descontento en las filas por la cuestión salarial.

“Lo único importante de este documento es que otra vez quedó demostrado que ninguno hizo nada en esos días. Había información clara de que algo malo podía suceder, pero nadie reaccionó. Dejaron que todo creciera”, explicó la defensora Julieta Jorrat. “Me hago una sola pregunta: ¿en las manos de quién estuvimos en esos días?”, razonó Ernesto Baaclini.

El informe, que estuvo oculto durante casi 10 años y que ni siquiera fue presentado a los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni cuando investigaron el caso, no tiene fecha de realización, no cuenta con firma del autor y tampoco posee un sello de que haya sido recibido por alguien. “Después se discutirá la legalidad, pero no menos cierto es que arroja algunos indicios de lo que no se hizo en esos días. Creo que ahora están surgiendo indicios de que debería haber más personas enjuiciadas, entre ellas, el ex gobernador Alperovich”, indicó Pablo Rivera, otro defensor.

¿Una reunión?

“No podemos descartar que este informe sea una maniobra para desviar la atención o para enredar el trámite del debate”, sostuvo el defensor Luis Cajal. “Creo que están embarrando la cancha para deslindar responsabilidades”, añadió.

El juicio, fundamentalmente, es en contra del personal policial que estuvo al frente de la protesta de los uniformados. Son 43 los imputados, pero hasta el momento, surgieron indicios en contra de uno de ellos: Diego Herrera. No sólo no surgieron elementos sólidos que compliquen a los otros 42, sino que apareció el nombre del ex policía Marcelo Vogler que ni siquiera está imputado.

En los pasillos del quinto piso de tribunales se instaló una versión que fue desmentida rápidamente por los protagonistas. Cuentan que antes del inicio del debate, Racedo habría mantenido una reunión con los ex miembros de la plana mayor para fijar una estrategia en común y sería la de responsabilizar a los funcionarios del área de seguridad de no haber actuado a tiempo. Según el rumor, de ese encuentro no participaron los mandos medios, es decir, los comisarios de segundo nivel.

Ayer declaró el primero de ellos: Leandro Herrera, el responsable del centro de monitoreo del 911. Desmintió tajantemente que el ex secretario de seguridad Hofer le haya ordenado que apagara el sistema (ver nota aparte), desmintiendo la declaración de sus jefes. A partir de ahora, seguirán declarando los mandos medios de la fuerza y sus dichos podrían ser claves para que se puedan abrir nuevas investigaciones.