La “mula” que pateó varios de los códigos narco

En el narcotráfico el silencio lo es todo. Cuando alguien decide romperlo, posiblemente termine pagándolo con su vida. Una mujer violó ese código para poder seguir viviendo. María Magdalena Zelarayán es el nombre de quien pasó a ocupar un espacio en la historia policial de la provincia. Fue la que ventiló lo peor de esta actividad ilícita, pero lo hizo en los medios y no en un expediente judicial: el sistema de traslado de droga, cómo se la distribuye, el robo de la sustancia, las fallas de los sistemas de control y la corrupción policial son algunos de los temas que denunció.

La denunciante, quien dijo dedicarse a la compra de ropa, calzados y cubiertas en Bolivia que luego revende, contó que fue contratada para traer mercadería desde la localidad salteña de Orán para una pareja por U$S 400. Lo hizo en un auto que una mujer alquila para realizar esta actividad. Según contó, cruzó todos los controles sin problemas porque conoce a los miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que deben evitar el traslado de estupefacientes. Denunció que al llegar a Tucumán fue perseguida por supuestos efectivos policiales de civil que no se movilizaban en patrulleros. Acorralada, abandonó el vehículo y escapó. Desconocidos lo abrieron y sacaron lo que había adentro que nunca llegó a investigarse porque su propietaria, en menos de dos horas, logró retirarlo de la seccional 9ª sin que nadie le preguntara nada.

Los dueños de la carga, supuestamente nueve kilos de cocaína, no creyeron su versión. Primero fueron a buscarla a la casa de su madre donde, además de robarle algunos bienes, le avisaron que la matarían si no aparecía la sustancia. Dos días después la secuestraron y golpearon en una vivienda del barrio Manantial Sur y sobrevivió porque una vecina denunció que se la habían llevado de su vivienda a la fuerza. Temiendo por su vida durmió dos días seguidos en la seccional 13ª.

No se trata del libreto de una serie narco de Netflix: es lo que estaría sucediendo en la provincia y en la región. Los traficantes no sólo siguen creciendo, sino que con su actividad ilícita brindan cada vez más “oportunidades” a terceros. Las “mulas” son un claro ejemplo: les pagan hasta U$S 100 por cada kilo de droga que trasladan. También pagan a personas para que les alquilen vehículos hasta con tarjeta azul a nombre del ocasional conductor. También pueden “emplear” a policías. Sobre este caso en particular hay dos versiones sobre la presunta participación policial: una indica que efectivos se apoderaron de la cocaína para entregársela a otro narco. La otra, que le quitaron la cocaína por pedido del boliviano, que la vendió por una deuda o porque no le pagaron el envió que realizó la mujer.

Negocio millonario

Un kilo de esa droga en la frontera cuesta U$S 2.500. En Tucumán su costo es de U$S 3.500. Los traficantes las venden a ese valor en menos de 24 horas a proveedores de “quioscos” o a transas directamente para evitar ser descubiertos por las autoridades. En el caso denunciado por la “mula”, la droga secuestrada representa una pérdida de U$S 22.500, de los cuales U$S 9.000 son ganancias netas para el narco.

En la calle el valor es mucho mayor. El precio de la dosis de un gramo depende de la calidad. Si es “alita de mosca” (la de mejor calidad) su costo llega a $ 5.000, pero si es “merca” común, no supera los $ 3.500. Los transas estiran hasta nueve veces la droga que reciben para poder obtener mayores ganancias. Por ejemplo, con los nueve kilos, podrían haber obtenido hasta 81 kilos, es decir, 81.000 dosis con las que podrían haber obtenido en promedio $ 688 millones (más de U$S 624.000).

Esos números sirven para explicar por qué será tan difícil luchar contra el narcomenudeo. También permite entender porqué es importante que la Nación se involucré en mayor medida en la lucha contra el tráfico de drogas. El esfuerzo de las provincias, como Tucumán, para combatir el microtráfico nunca será suficiente si no está acompañado por políticas que eviten el ingreso de sustancias al país. Con semejantes ingresos, los transas no solo tienen el poder de dominar los barrios (y no sólo los de la periferia), sino que consiguen importantes fondos para comprar voluntades y garantizarse la impunidad.

En la historia reciente de nuestra provincia se registraron varios casos en los que efectivos de la fuerza provincial quedaron vinculados con causas narcos. En 2013, una agente que prestaba servicios en la Dirección General de Drogas Peligrosas fue procesada por brindar información al clan Los Garra. Un año después, 10 efectivos de la ex Brigada Norte fueron detenidos por pedir coimas a un ganadero chaqueño, pero siempre sobrevoló la versión de que a la víctima le habrían robado una carga de marihuana, posibilidad que cobró fuerza al probarse que uno de los detenidos estaba vinculado sentimentalmente con una condenada por droga y la víctima fue procesado en su provincia por una causa narco.

En 2019, en una investigación realizada por el fiscal Diego López Ávila, se desarticuló una banda integrada por policías y civiles con antecedentes por robo que se habría volcado a la comercialización de sustancias y que, entre otros planes, habría pensado eliminar a varios integrantes del clan Toro para apoderarse del manejo de la droga en Villa 9 de Julio. Los dos casos siguen impunes, ya que los acusados nunca fueron enjuiciados.

En 2021, una banda integrada por uniformados fue detenida por el secuestro de un taxista vinculado al microtráfico de sustancias. En febrero de 2022 cinco efectivos, utilizando el uniforme y las armas de la fuerza, asaltaron a un supuesto transa en Famaillá. Por las imágenes que se difundieron de ese caso, logró detener a más hombres de la fuerza. Son al menos 13 miembros, de los cuales ocho ya fueron condenados. La banda fue conocida como los “narcopolicías” y, según fuentes judiciales, seguiría actuando. La lista no para de extenderse. Semanas atrás, un agente que prestaba servicios en Villa 9 de Julio fue condenado en Salta por trasladar 46 kilos de cocaína. Un compañero suyo, días antes de ser enjuiciado por la sedición policial que derivó en los saqueos de 2013, quedó tras las rejas por una causa relacionada a las drogas. Está acusado de facilitar lugares de aterrizaje de vuelos narcos y brindarle protección a una organización de traficantes.

El caso de Zelarayán, la mujer que denunció el robo de droga y que fue secuestrada, desató una interna dentro de la fuerza. Los dedos acusadores fueron de un lado a otro. Varias de las versiones salpicaron a los hombres que piensan ascender cuando Osvaldo Jaldo asuma como gobernador. Otras indican que es un síntoma de que en la Policía suceden estas situaciones porque los mandos inferiores están descontrolados y pueden cometer groseras irregularidades.