Sin Pacto: ¿con qué contarán los municipios?

El modo en que la Provincia distribuye los fondos a los municipios que se encuentran dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes conocido como “Pacto Social”, Ley 8.829) quedó en el centro de la polémica como consecuencia de las acusaciones realizadas por los intendentes radicales de Bella Vista, Concepción y Yerba Buena.

Sebastián Salazar, Alejandro Molinuevo y Mariano Campero denuncian que el Gobierno hace un reparto discriminatorio y discrecional de la masa coparticipable -reintegrable y no reintegrable-, según su signo político, algo que fue rechazado tajantemente por el Poder Ejecutivo. A su vez, el gobernador electo, Osvaldo Jaldo, anticipó que en su gestión tiene previsto eliminar el “Pacto Social”.

La coparticipación es la distribución de fondos obtenidos a través de impuestos de origen nacional y provincial, ya sea entre Nación y provincias o provincias y municipios.

En el caso local, la mayoría de los distritos ceden lo que les corresponde de la coparticipación, a cambio de que la Casa de Gobierno les gire los dineros suficientes para cubrir la planilla salarial, brindar los servicios y otros gastos de funcionamiento.  El régimen de coparticipación federal de impuestos de la Nación a las provincias es establecido a través de la Ley 23.548.

Dentro de esta norma se establecen los porcentajes de distribución primaria (Nación - Provincias) y secundaria (porcentajes entre cada provincia). También se establecen excepciones; es decir, impuestos que no son coparticipables de acuerdo a los criterios fijados en esta ley, sino que pueden distribuirse entre Nación y provincia por regímenes especiales de coparticipación.

El Gobierno de la Provincia coparticipa a través de las Leyes 6.316 (de 1991) y 6.650 (de 1995) recursos tributarios a los municipios y comunas. Dentro de la masa coparticipable de la primera norma se incluye el 16,5% de todos los impuestos de origen nacional (el 89% de lo recaudado por IVA; el 100% de Ganancias; el 100% de Impuestos Internos, entre otros). También se reparte el 85% de lo recaudado por Impuesto Automotor y el 12% del Impuesto Inmobiliario. En esta norma no se contempla Ingresos Brutos, impuesto que representa alrededor del 80% de lo que recauda la Provincia.

La norma también establece los coeficientes de distribución de la masa coparticipable, siendo el 46% para San Miguel de Tucumán. Al ser una ley con más de 30 años de vigencia hay cuestiones que han quedado desactualizadas, por ejemplo el crecimiento demográfico de algunos distritos y que Las Talitas no tenía entonces el rango de municipio.

La Ley 6.650 (Fondo de Desarrollo del Interior), en tanto, establece un régimen especial de asistencia financiera adicional a los municipios y comunas del interior (deja fuera a San Miguel de Tucumán) el cual incluye dentro de la masa de recursos tributarios coparticipables el 7,9% de: la totalidad de los recursos que por todo concepto perciba Provincia por coparticipación de impuestos nacionales. También por impuestos provinciales sin asignación específica como Ingresos Brutos; Automotor; Inmobiliario; Sellos; y Juegos de Azar), previa deducción del monto que le corresponde en conjunto a los municipios y comunas rurales, en virtud de la aplicación de la ley 6.316.

Ambas leyes previo al depósito de los recursos, establecen una retención del 5% para todos los municipios y comunas, excepto para la Capital con el fin de constituir un fondo para desequilibrios financieros manejado por el Ministerio del Interior.

Reproches de opositores

Los intendentes radicales sostienen que no sólo se debe eliminar el “Pacto Social”, sino que debe haber un nuevo régimen de coparticipación. Afirman que, de lo contrario, a los municipios les llegarán menos recursos de los que necesitan para funcionar. “Se prenderán fuego en cinco minutos”, graficó Salazar.

En ese sentido, autoridades de la Capital rechazaron las declaraciones del bellavistense. “San Miguel de Tucumán paga los sueldos, brinda servicios y hace obras con los fondos que le corresponden. Hace ocho años que no está en el ‘Pacto’ y tiene superávit fiscal”, cuestionó el secretario de Obras Públicas y legislador electo Alfredo Toscano (PJS).

El funcionario capitalino embistió contra los intendentes radicales. “Tienen que reconocer la incapacidad que tuvieron para administrar. Tuvieron ocho años para sanear las cuentas y no lo hicieron. Las municipalidades que se ‘incendiarían’ si salieran del pacto serían las de los intendentes que no saben manejar los recursos”, disparó.

Y añadió: “hace unos meses decían que no eran discriminados y se ponían a disposición del Gobierno. Ahora dicen todo lo contrario”.

Toscano consideró que los radicales confunden el tipo de fondos al discutir la forma en la que el Gobierno distribuye. “El manejo discrecional y político de los fondos es mediante el dinero de los aportes no reintegrables. Es otro asunto distinto al ‘Pacto’. La Provincia se dedica a un manejo discrecional de esos fondos en beneficio de las ciudades con gobiernos políticamente afines. Dan millones y después tienen que pedir préstamos para llegar a fin de mes y tienen paralizadas las obras públicas ¿Cómo se explica eso? Es un estado irresponsable”, sentenció Toscano.