21 Septiembre 2023
La información del gobernador electo de que cuando asuma va a eliminar el Pacto Social y que los municipios y las comunas van a tener administrar sus gastos para pagar salarios, prestar servicios tener una política tributaria dentro de cada jurisdicción, abre una puerta a una sustancial modificación del funcionamiento administrativo de los 19 municipios y de las 93 comunas, y de su relación con la provincia.
La decisión de cambio llega al cabo de varios días de debates con respecto al reparto de fondos reintegrables y no reintegrables, tras un informe publicado por LA GACETA y las denuncias de intendentes opositores de que hay discriminación. El análisis de las cifras mostró que incluso hay administraciones del mismo signo político que el Gobierno que son menos favorecidas que otras. En medio del debate desatado, el gobernador electo dijo que las quejas opositoras responden a cuestiones políticas pero al mismo tiempo anunció que “se viene un cambio de fondo”, en función de la emergencia económica que vive el país. Añadió que “nadie puede gastar más de lo que ingresa porque vamos a terminar con un endeudamiento o con un incumplimiento”.
El sistema, se sabe, nació en medio de una crisis a fines de los 90, con municipios y comunas endeudados e imposibilitados de pagar sueldos. Cedieron coparticipación a cambio de que la Provincia se ocupase de pagar planillas salariales. El pacto se mantuvo en los tiempos de recuperación de comienzos de siglo. Algunos municipios pequeños salieron del acuerdo y se las arreglaron con la coparticipación, manteniendo relativamente ordenada su administración. Pero los medianos y grandes se quedaron, con excepción de la capital. Otro, como Las Talitas, está fuera incluso de la coparticipación; recibe de la parte que le corresponde a la Provincia, porque fue creado después de la sanción de la ley de coparticipación provincial. De esa dispersión de ingresos a los municipios y comunas habrá que ordenar todo para saber cómo se logra administraciones ordenadas. Precisamente el debate por la entrega discrecional de fondos generó preguntas sobre cómo se controla la ejecución de esos dineros.
Un eje a tener en cuenta debería ser estudiar cómo se lleva a cabo el reparto de la coparticipación provincial, ya que, según se sabe, el 75% de los fondos surgen de Ingresos Brutos, que la Provincia no coparticipa. También habría que considerar cómo se va a lograr la autonomía de los municipios, establecida por la Constitución pero nunca reglamentada. Tanto el reparto de fondos como la autonomía deben ser estudiados porque de otro modo se va a llegar a municipios inviables, salvo que se repita el mismo régimen de reparto discrecional que está bajo debate ahora. También esto requeriría que se ponga racionalidad a la empleomanía municipal, lo cual genera otro debate: ¿los lugares donde ha caído la radicación de fuentes de trabajo sólo pueden ser viables si hay ocupación de parte del Estado? En este sentido es importante analizar cómo han hecho los municipios que han podido administrarse solos, y qué deberían hacer los que quedaron atados al pacto social.
Correspondería, entonces, formar equipos que investiguen cómo es el funcionamiento de las administraciones -más allá del planteo del gobernador electo de pedir un informe sobre el endeudamiento de los municipios- para que tras ese diagnóstico cada municipio dicte su carta orgánica y tenga autonomía plena. También, discutir una moderna y equitativa ley de coparticipación provincial. Cada uno deberá trabajar por lo suyo, pero debe haber un acuerdo previo entre todos, despojado de intereses políticos.
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