El salario ya no será Ganancias, pero ¿quiénes pagarán la cuenta?

Los políticos se llenaron la boca de ese eslogan que en cada campaña asomaba, pero no en los despachos del Ministerio de Economía de la Nación, como tampoco alumbraba en el Congreso de la Nación: el salario no es Ganancias. La media sanción del proyecto de ley con el que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, intenta enderezar su campaña es un avance en tal sentido, pero no deja de tener un tinte electoralista, apremiado por un resultado adverso más que por la convicción de que en la Argentina se acumulan más de 150 impuestos, tasas y contribuciones y que toda esa maraña tributaria necesita una simplificación.

Resistirse a esta medida sería un suicidio político frente a un cúmulo de contribuyentes y de ciudadanos en general que observan cómo la inflación carcome, cada vez más, sus ingresos. Javier Milei entendió el juego. Se subió a la sanción del proyecto, despotricando contra el sistema impositivo nacional. Mantuvo el discurso, pero acompañó la iniciativa del oficialismo, al considerar que no significa una pérdida de votos hacia su espacio.

A partir de octubre se implementarán cambios significativos en el impuesto a las Ganancias. Hasta septiembre, el umbral para comenzar a tributar este impuesto es de $ 700.875 de salario bruto o $581.726 de salario neto. Desde octubre, el mínimo no imponible se elevará considerablemente, a $ 1.770.000 de salario bruto o $ 1.607.255 de salario neto mensual. Estos números surgen de sumar 15 salarios mínimos. Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), esta transformación en el impuesto a las ganancias tendrá un impacto significativo en el conjunto de trabajadores en relación de dependencia del país, pues aproximadamente 800.000 de ellos dejarán de estar sujetos al pago del impuesto. Los únicos obligados a pagar ganancias serán aproximadamente 80.000 trabajadores (0,9% de todos los empleos registrados en la Argentina).

A partir de octubre, los asalariados que perciban un sueldo menor a $1,77 millones mensuales van a estar liberados del pago del tributo, por lo que sus salarios de bolsillo se verán incrementados entre un 18% y 39%. Por ejemplo, un trabajador que percibe $ 1 millón (bruto) mensuales, dejaría de pagar $ 179.153 al mes, lo que implica una mejora en su salario neto de cerca del 27%, plantean los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Azul Chincarini.

Más allá del beneficio, lo que inquietan a los agentes económicos es el impacto de esta medida en las cuentas fiscales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que impulsa el Gobierno tendría un costo fiscal cercano a los $ 3 billones. Y el mayor costo se coparticipa a las provincias, de acuerdo con el diagnóstico del organismo público: sobre el total, las provincias deberán absorber una pérdida de unos $ 1,6 billón, ya que Ganancias es precisamente coparticipable. Hasta que no aparezca la planilla mágica del proyecto de Presupuesto Nacional 2024, no podrá establecerse el costo en particular de la medida para Tucumán. A simple vista, y tomando en consideración lo que los técnicos tributarios han estimado, el impacto en el caso provincia sería equivalente a unos $ 54.000 millones al año, casi el valor de una planilla y media del sector público tucumano.

¿Qué harán las provincias frente a esta detracción de recursos? Poco y nada. Los gobernadores estarán atados de pies y de manos frente a esta pérdida, independientemente de quién se imponga en los comicios presidenciales. En el Gobierno apuntan que esto implicará una aceleración inflacionaria que licuará el gasto excesivo a través de una suba nominal en la recaudación por efecto del incremento de precios al consumidor. No obstante, hay otra herramienta que pueden echar mano si es que no le cierran las cuentas: una retoque de los impuestos provinciales para compensar aquella pérdida. Ese es un sendero peligroso frente al clamor social de bajar la carga fiscal en la Argentina.

En el mercado hay cierto temor de que la batería de medidas anunciadas por Massa impliquen un aumento del déficit fiscal y, por ende, de la emisión monetaria. Este combo indudablemente acelerará la inflación (la oposición advierte que estamos en camino a una hiperinflación) y las tensiones cambiarias porque, mientras más cerca esté la elección, mayor es el apetito de los ahorristas por dolarizar su capital.