“Nunca sufrí violencia de género”, aseveró Florencia Elizabeth Zelarayán, la joven de 22 años que fue imputada ayer por el crimen de su pareja, Franco Rodrigo Santucho (30 años). La calificación legal fue por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por este hecho se le dictó la prisión preventiva por tres meses a la mujer, que está embarazada de 11 semanas. La acusada, que aseveró que la víctima se autolesionó para quitarse la vida, informó también que Santucho iba a ser padre.
En la audiencia de ayer surgieron varias revelaciones. Además de quedar expuesto el difícil pasar económico de la pareja, lo más preocupante fue que se advirtió la situación de descuido que estaría atravesando la hija de tres años de la imputada. A raíz de esa cuestión, hay dos causas abiertas, y una de ellas implicaría un hecho gravísimo.
La acusación
La auxiliar fiscal Luz Becerra, en representación de la Fiscalía de Homicidios que encabeza Carlos Sale, planteó la acusación. Sostuvo que durante la madrugada del sábado 16 Santucho y Zelarayán estuvieron bebiendo junto con Miguel Eduardo Muro y Silvana Santucho (no tiene parentesco con la víctima) en la casa de Martín Fierro al 500, en Yerba Buena. Todos los mencionados alquilaban habitaciones y convivían en esa vivienda. En ese contexto, entre las 6.30 y las 8 Zelarayán y su pareja comenzaron a discutir hasta que la mujer “tomó un cuchillo de la cocina -explicó Becerra- y con clara intención de quitarle la vida, le asestó una puñalada en el pecho a Santucho”.
La auxiliar fiscal indicó que consideraban que Zelarayán entorpeció la investigación, porque cuando la Policía llegó al domicilio sostuvo que se había tratado de un suicidio, versión que fue sostenida también por Muro y por Silvana; sin embargo, otros vecinos que también alquilan en esa propiedad contradijeron a la imputada y a sus amigos. Por esa razón, el hombre y la mujer que compartieron la velada con la víctima y el imputado también están siendo investigados, aunque por ahora se los considera solo testigos.
Como pruebas de la teoría fiscal, Becerra explicó que hubo vecinos que oyeron a Zelarayán lamentarse y decir “¡esto es mi culpa!”, mientras que otra mujer le reclamaba: “lo has matado, boluda... si era un excelente ‘vago’”. Luego otro reclamo: “se te cumplió el sueño: ¡está muerto!”.
Uno de esos testigos contó que la acusada y su amiga fueron a tocarles la puerta y pedirles ayuda. “Florencia decía que ella lo había matado, pero también que ella no lo había apuñalado... No se tomaban en serio lo que había pasado, no querían llamar a la Policía”, señaló ese testigo. La pareja de ese hombre aseguró que al oír la discusión tocó la puerta de sus vecinos y que Zelarayán la corrió con un empujón y la advertencia: “¡no te metás!”.
Por otro lado, la autopsia confirmó que la puñalada cortó una arteria vital, por lo que la Fiscalía entiende que difícilmente Santucho podría haberse quitado el puñal del pecho en ese estado. Además en la casa había manchas de sangre que exhibían un arrastre.
Un suicidio
Asistida por el defensor oficial Hernán Molina, Zelarayán decidió declarar ante el juez Matías Graña. El juez había preguntado si existían denuncias previas por violencia de género. La Fiscalía le respondió que no, pero además la imputada confirmó que nunca fue agredida por Santucho. “Trabajamos como vendedores ambulantes; esa noche tomamos vino y a la mañana peleamos porque él no quería que fuéramos a trabajar ese día. Sí hubo un par de empujones, pero él tomó un cuchillo y se apuñaló. No tuve nada que ver con eso”, aseguró Zelarayán. También dijo que el joven ya se había autolesionado con un puñal en el brazo tiempo atrás (el hermano de Santucho negó esa versión) y que el sábado le advirtió: “¿qué pensás que no me voy a matar? ¡mirá!”.
Zelarayán no pudo explicar quién le quitó el cuchillo del pecho a la víctima. “La verdad, no me acuerdo, no vi si se lo sacó él o si Silvana lo hizo. Lo que sé es que ella lo sujetó apenas se hirió”, sostuvo.
Una niña en peligro
Becerra explicó que en el sistema figuraban tres denuncias contra la imputada. La primera tenía relación con un niño extraviado, situación que no pasó a mayores. La segunda fue considerada grave. La auxiliar fiscal anunció que en junio el Siprosa había denunciado a la mujer por incumplimiento de asistencia familiar debido al descuido que presentaba su hija. Los médicos la acusaron de que no llevaba a la pequeña a los controles médicos, no la llevaba a vacunar y que cuando la asistían la niña presentaba falta de higiene. También que cuando quisieron asistir a la nena en el domicilio no los recibieron y que hubo vecinos que informaron que la pequeña era maltratada.
La tercera denuncia fue la más grave de todas, Becerra explicó que al detener a Zelarayán le dieron intervención a la Dinayf para que determine qué sería lo mejor para la pequeña. Los profesionales determinaron que la niña quedara al cuidado de una tía, dado que no se conoce el paradero de su padre desde que nació. Tras hacer una breve entrevista con la víctima, solicitaron que se investigue si la criatura sufrió algún tipo de abuso.
Medidas
Por último, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva para la acusada. La Defensoría Oficial pidió que se le impongan medidas menores a Zelarayán y que conserve la libertad para poder trabajar, cursar el embarazo y cuidar de su hija de tres años; subsidiariamente pidió que le den prisión domiciliaria. El juez Graña finalmente avaló el pedido fiscal al entender que la mujer podría amedrentar o influenciar a los testigos (que viven en la misma casa) si le daba el arresto en la casa de Yerba Buena. Además remarcó que por las denuncias sobre la situación de su hija, no podía considerar el cuidado de la pequeña como argumento para atenuar las condiciones de arresto. Por esas razones ordenó la preventiva por tres meses.