Habría unos 1.500 ocupantes ilegales en el parque de la UNT

Las 14.200 hectáreas del parque Sierra de San Javier, que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, están ocupadas por mucha gente. Entre ellos hay unos 1.500 ocupantes ilegales, según el cálculo del secretario de Bienestar Universitario, Gustavo Vitulli, que realizó su estimación a partir de un relevamiento de viviendas en el parque, realizado en 2018 a pedido del abogado de la UNT, Máximo Castro.

El parque Sierra de San Javier ocupa una amplia extensión del cerro tucumano, entre Villa Nougués (al sur) Horco Molle -Yerba Buena y Tafí Viejo (al este) La Sala (al oeste) y Raco y Tapia (al noroeste). Los terrenos fueron expropiados en 1947 a varias familias por la Nación para cedérselos a la Universidad para construir la Ciudad Universitaria, que años después quedó a medio hacer, aunque la UNT erigió varias instalaciones entre Horco Molle y la parte alta del cerro.

Muchas personas que vivían y trabajaban en las fincas siguieron viviendo en esos terrenos y después sus descendientes. Bastante gente trabajó también en la UNT y sigue haciéndolo.

Nuevo cálculo

En el informe sobre gestión de la Dirección de Regularización Patrimonial Universitaria, expuesto el 16 de agosto en el Consejo Superior, Vitulli dijo que en el relevamiento de 2018 se habían contado 169 viviendas de ocupantes ilegales, 34 en la zona cercana a Villa Nougués (donde está el barrio privado “Las Pirámides” erigido por Próspero Marcelo Sosa en el terreno de la UNT) y 135 en la zona de Horco Molle.

Pero ya se comprobó que Sosa, que alega tener derechos sobre 4.600 ha en la zona sur del parque de la UNT, va construyendo unas 55 viviendas. En 2019 su hijo, Marcio, había dicho que habían vendido 60 terrenos en el barrio privado. No se sabe cuántas personas viven en ese predio.

La UNT, además de Sosa, entabló medidas contra otras cinco personas en “Las Pirámides”. Lleva adelante una causa penal contra Sosa y otra civil y espera, según el documento presentado por Vitulli, “instar la causa penal para obtener su elevación a juicio y eventual condena del procesado Sosa; pedir la detención de Sosa por incumplimento de la medida cautelar” (en 2018 la Justicia le había ordenado cesar el desmonte y las construcciones) y “solicitar en la causa civil la demolición de las construcciones posteriores al 2018”.

El relevamiento de ese año no incluía la cantidad de habitantes por vivienda “pero si hacemos una estimación por familia tipo compuesta por cuatro personas, tenemos un total aproximado de 676 individuos habitando ilegalmente en suelo universitario”, decía el informe. Vitulli aclara que el cálculo es muy estrecho: “ahora debe haber 200 casas y deben ser unas 1.500 personas, o más”, estima. Según Castro, los guardaparques hicieron croquis detallando la ubicación de cada casa en 2018.

Tres áreas

Se ubican en tres zonas conflictivas: el área sur (“Las Pirámides”), el sector este (Horco Molle, donde hay un barrio de los descendientes de los trabajadores de los cañaverales de los Frías Silva, expropiados en 1947) y el área noroeste (en Las Tipas, Tapia, donde se recuperaron 1.700 hectáreas de la sucesión de Guillermina Inés Viaña de Colombres Garmendia)

El caso “Las Pirámides” es conocido. Sosa dice que su familia vivió ahí desde hace décadas, que tiene derecho de posesión por prescripción adquisitiva y que la UNT no pudo probar que haya sido usurpador. La Universidad, que tiene documentos de propiedad y dice que todo el parque Sierra de San Javier es una zona que se debe preservar ambientalmente, argumenta que ya ha obtenido el reconocimiento de que todo el parque es un bien de dominio público. Ya se consiguió en Catastro, afirma, “que se anulen todos los planos para prescripción adquisitiva sobre propiedad universitaria... Nadie nunca más podrá iniciar un proceso judicial para adquirir por prescripción un suelo universitario”. No obstante, Sosa y los ocupantes del predio siguen ahí. La acción de reivindicación de la UNT se encuentra en trámite.

El otro sector de conflicto es el barrio de Horco Molle, situado a unas cuatro cuadras al este del CAPS, dentro del área de la Reserva, donde está la escuela de Agricultura. En ese barrio de 135 casas hay gente cuyos abuelos vivieron ahí y con quienes la UNT ha tratado de hacer un acuerdo de tenencia precaria, “siempre y cuando reconozcan la propiedad de la Universidad”, según dijo hace tiempo el secretario general, José Hugo Saab. Pero, de acuerdo a Vitulli, luego de varios años de negociaciones “finalmente no quisieron firmarlo”.

La situación se mantiene tirante, sin cambios, desde hace años. La UNT ha impedido que los descendientes levanten nuevas casas y hay medidas judiciales contra dos personas que reclamaron prescripción adquisitiva en predios junto al CAPS: Néstor Vargas, quien fue desalojado en 2010, y Carlos Martín Medina, contra quien hay orden de desalojo. Además han sido intimados 11 ocupantes ilegales de Horco Molle, explicó Vitulli. Por otra parte, a 60 ocupantes ilegales empleados de la Universidad “además de las acciones judiciales correspondientes, se les solicitó el correspondiente sumario administrativo ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos”.

En la zona de La Sala, camino a Raco, la UNT había firmado un acuerdo con los hermanos Albornoz pero estos no han cumplido, se quedaron en el predio y se los debe intimar.

En San Javier se ha intimado el desalojo de las familias de Fabián Antonio, José Benjamín y Juan Tiburcio Cruz -”uno jubilado de la UNT y otros dos actualmente empleados de la UNT. Ya contamos con sentencia de desalojo”.

En el caso del predio de 1.700 hectáreas de El Tipal, de los herederos de Colombres Garmendia, en esta semana se escrituraría a nombre de la UNT, estima el abogado Castro.

Lo que falta

Pero dentro de ese terreno hay un ocupante ilegal, Carlos Antonio Torres, que en 2019 hizo un acuerdo con una empresa para proveer agua del arroyo del predio de la UNT para la construcción de un country. La UNT logró que la Justicia enviara a Gendarmería a secuestrar los materiales y evitara la maniobra. Pero Torres sigue ocupando el predio.

Y hay otros dos ocupantes desconocidos. “Ahora, cuando escrituremos, lo primero que vamos a hacer es medida para identificar los ocupantes; luego medida cautelar, proceso por reivindicación y por daño ambiental”, concluyó Castro.