Endeudarán a los tucumanos para tener una campaña tranquila

Hay dos preguntas básicas en torno de todo proyecto de presupuesto anual que elabora todo gobierno para la gestión del Estado. La primera pregunta es: ¿Cuánto es el dinero del que se va a disponer? La segunda consiste en: ¿Cómo se planea gastarlo?

El tratamiento del plan de ingresos y erogaciones es uno de los hechos más trascendentes en una administración política. Ya no sólo en lo institucional, sino fundamentalmente en lo material. Toda norma o programa estatal que se diseñe dependerá del financiamiento de ese presupuesto. Por eso, en técnica parlamentaria, se lo conoce como “Ley de Leyes”.

En el caso tucumano, y dada la importancia del asunto, el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Provincia es una de las normas más detalladas del digesto. Entre el proyecto y los artículos, el voluminoso “Listado de Gastos”, el “Plan de Trabajos Públicos”, las planillas anexas, el “Resumen de gastos e ingresos por programa” y las planillas “plurianuales”, insume unas 700 páginas.

Esta semana, la Legislatura se abocará a otro proyecto de ley de la Casa de Gobierno vinculado con el gasto de los dineros del pueblo tucumano para la administración anual del Estado. Se trata de la ampliación del Presupuesto 2023. Una práctica usual en los desafortunados tiempos inflacionarios.

Cuando el miércoles llegue al recinto de sesiones esa propuesta otras dos preguntas rondarán en torno de ese expediente. Pero serán diferentes que las formuladas al Presupuesto General...

Dos hojitas

El primer interrogante es: ¿Por qué no le explican al pueblo tucumano en qué van a gastar el dinero de los contribuyentes? Para que se entienda mejor: el Presupuesto General de la Provincia, para justificar gastos por 788.000 millones de pesos, ocupó las 700 páginas descritas.

Ahora, la ampliación presupuestaria aumenta esos gastos en otros 305.000 millones de pesos. Y todo el proyecto, presentado el primer día de este mes, tiene dos páginas.

No hay en ellas, por supuesto, ningún detalle sobre el destino que se dará a los fondos. En uno de los dos párrafos que tiene toda la justificación, dice que será para municipios, comunas y sueldos provinciales. Pero sin la menor precision. En uno de los dos artículos que integran toda la iniciativa se consigna que la totalidad de este dineral será para “Erogaciones corrientes”. Es decir, ni un peso se destinará a gastos de capital, a la inversión de bienes durables que incrementen el patrimonio de la provincia y, por ende, de los tucumanos. Sólo dos páginas. Y 305.000 millones de pesos.

La carencia de información para respaldar semejante dispendio es, prácticamente, un exótico caso tucumano. El Gobierno argentino emitió el 29 de agosto el DNU 436 que amplía el Presupuesto 2023 de la Nación en 7,7 billones de pesos. La disposición contiene 12 páginas de artículos normativos y 577 páginas con el detalle de los gastos, ministerio por ministerio, partida por partida.

Los 305.000 millones de la ampliación presupuestaria tucumana equivalen al 70% del Presupuesto 2023 total de la provincia de Catamarca, pautado en 453.000 millones. Y, dentro de eso, a casi todo el gasto de la administración pública centralizada de la vecina provincia, fijado en 352.500 millones..

Con el aumento de gastos, el Estado tucumano habrá elevado sus erogaciones a 1,1 billón de pesos. Es casi el triple del Presupuesto 2023 que se dio Santiago del Estero para todo este año: 425.300 millones de pesos. Claro está, la vecina provincia corre con una ventaja. Del suelo tucumano crecen cañas de azúcar, citrus y arándanos. Del suelo santiagueño, en cambio, sólo brotan autopistas, aeropuertos, autódromos, costaneras y circunvalaciones. Y eso les ahorra un montón de gastos…

Dos discriminaciones

La necesidad de contar con un detalle pormenorizado sobre la ampliación presupuestaria tucumana no es para satisfacer ninguna inquietud filantrópica.

La polémica que ha estallado en septiembre, a partir de una investigación de LA GACETA, tiene que ver específicamente con la manera en que la Casa de Gobierno gasta los dineros de los tucumanos en los tucumanos que viven en municipios.

Al respecto han surgido dos niveles de discriminaciones. El primero, que han hecho patente los intendentes radicales, es la discriminación que sufren los vecinos que viven en Concepción, Bella Vista y Yerba Buena respecto del reparto de los Aportes Financieros No reintegrables. Entre 12 municipalidades administradas por el peronismo se repartieron, en lo que va de este año, 13.500 millones de pesos. En los cinco primeros puestos de los más beneficiados aparecen:

• Banda del Río Salí: 2.215 millones de pesos.

• Burruyacu: 1.880 millones de pesos.

• Lules: 1.546 millones de pesos.

• Aguilares: 1.470 millones de pesos.

• Las Talitas 1.180 millones de pesos.

En los últimos cinco puestos aparecen Yerba Buena y Bella Vista, con sólo 40 millones; y Alderetes, Concepción y San Miguel de Tucumán, con cero pesos.

Pero hay un segundo nivel de discriminación, más solapado y menos evidente, porque se da dentro del propio peronismo. Aparece en el caso de los aportes financieros que sí deben ser reintegrados: los del Convenio de Fondos Unificados. Aquí los municipios que realizaron gestiones ordenadas y que se autofinancian no aparecen. En el caso de las intendencias peronistas, son Burruyacu y Las Talitas, que ya no aparecen en ningún “Top 5”. (En el caso de las opositoras, es la Capital).

Entonces, las dos intendencias justicialistas mencionadas, a cambio de gestiones sustentables, reciben nada. Mientras que en el otro extremo Banda del Río Salí obtiene 9.150 millones de pesos. Si siguen así, a los vecinos va a empezar a darles la impresión de que tener intendentes que son buenos administradores resulta ser un mal negocio…

El miércoles, si la Legislatura aprueba las dos hojitas de ampliación presupuestaria así como están, los tucumanos tampoco sabrán cuánto de esos 305.000 millones de pesos van para los municipios. Ni para cuáles de esas ciudades. Ni si serán asignados como fondos reintegrables, o no. Ni si serán destinados a compensar las brutales asimetrías detalladas, o para profundizarlas.

Un paraguas

La segunda pregunta respecto de la ampliación presupuestaria es todavía más extraña que la primera: ¿Por qué no les alcanza? Una semana después de que aquí se avisara sobre la ampliación presupuestaria, el Gobierno provincial reveló que solicitará un préstamo bancario por 20.000 millones de pesos, en calidad de “por las dudas”. En el argot oficialista, “paraguas financiero”, que -aclararon- acaso no llegue a usarse. Es arcanas lo que ocurre con la plata de los tucumanos: la Casa de Gobierno tramita autorizaciones para endeudamientos que “tal vez” no le hagan falta. O lo que es igual: abren los “paraguas” mientras, en conferencia de prensa, explican que no está lloviendo…

Si “puede ser” que al Gobierno tucumano le falten 20.000 millones de pesos para llegar a fin de año, ¿por qué no corrige la ampliación presupuestaria y la deja en 285.000 millones? Porque los 305.000 millones propuestos, en realidad, ya han sido gastados. O ya están comprometidos (son los sueldos aún no liquidados, pero que ineludiblemente deberá abonar, por ejemplo). Con lo cual, la necesidad de que el oficialismo explique con mucho detalle el destino de la ampliación presupuestaria ya no es un asunto de proclama republicana ni de calidad institucional, sino de estricta rendición de cuentas.

Ahora bien, ¿dónde pueden faltar esos 20.000 millones de pesos? Para ese interrogante sí hay una pista: los anuncios de campaña de Sergio Massa. El ministro de Economía de la Nación envió al Congreso el proyecto de ley para elevar el mínimo no imponible de ganancias. Dejarán de pagar ese impuesto los trabajadores en relación de dependencia cuyos salarios estén por debajo de 1,7 millón de pesos mensuales. Es decir, los que ganen hasta 15 salarios mínimos (SMVM). La Nación dejará de recaudar alrededor de 1 billón de pesos. Y también dejará de coparticiparlo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) acaba de publicar un informe en el que detalla, provincia por provincia, cuál será el costo fiscal de esa medida, desde este mes y hasta fin de año. Tucumán perderá 13.000 millones de pesos durante este último cuatrimestre.

¿A qué equivale esa cifra? La autopista que construye Santiago del Estero entre su capital, la “Madre de Ciudades”, y Termas de Río Hondo, tuvo un presupuesto inicial de 6.000 millones de pesos, que se actualizó a $ 13.000 millones. O sea, el proselitismo de Massa le costará una autopista a Tucumán.

Por cierto: ese es el cálculo vigente por las próximas horas. Esta semana se oficializará la suba del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, el “piso” para pagar ganancias también subirá y sólo lo pagarán quienes ganen más de 2 millones de pesos por mes. Consecuentemente, será todavía mayor el costo fiscal de la medida con la que Massa relanzó su campaña presidencial.

Ahí es cuando, casualmente, el Gobierno provincial anuncia que, “por las dudas”, pedirá un crédito “paraguas” de $ 20.000 millones. Pero no para construir una autovía. Si resulta que es para tapar el bache fiscal que deja la campaña nacional, se estará tomando deuda, en definitiva, para financiar el proselitismo de Unión por la Patria. Así hacen campaña tranquilos con el dinero de la Provincia.

Después no digan que los gobernadores “juegan quedo” a las presidenciales. Aquí están por endeudar a todos los tucumanos, al grito de que “todos unidos triunfaremos”…