El Ministerio Público crea una Unidad de Cibercriminalidad

Hace 15 años, en junio de 2008, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la modificación a la ley 26.388 que incorporaba los delitos informáticos al Código Penal. Ya en ese momento los legisladores consideraron que “el presente proyecto de ley es sin dudas un tema pendiente, ya que la incorporación de las nuevas tecnologías como medios de comisión de distintos delitos previstos en nuestro Código Penal, es un reclamo que lleva larga data”.

De esa manera se aseguraban que el Poder Judicial tendría herramientas para combatir de hecho delitos como la pornografía infantil, la violación de los secretos y de la privacidad, los accesos a sistemas informáticos o a bases de datos, la publicación de comunicaciones electrónicas, el fraude y el daño informáticos en la medida en la que se utilizaran medios tecnológicos para cometerlos.

En Argentina los delitos más comunes de este tipo son las estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, la suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos.

Ola de amenazas contra colegios

En los últimos tiempos, Tucumán fue escenario de una ola de amenazas contra colegios, en delitos también considerados informáticos. Y la Justicia actuó desde el área de Delitos Complejos, que conduce la fiscala Mariana Rivadeneira. Pero luego de toda la controversia que se generó con las demoras en la investigación, el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez dio un volantazo y por primera vez ordenó la creación de Unidad Fiscal especializada en Cibercriminalidad en el Centro Judicial Capital.

La decisión, aunque importante, es polémica. Es que en medio de la creación de la nueva unidad, queda pendiente la resolución de la Corte sobre un planteo de inconstitucionalidad presentado por el mismo Jiménez contra la creación de una Unidad Fiscal de Delitos Cibernéticos que autorizó por la ley la Legislatura en diciembre de 2021.

Dicha ley, esgrimió en ese momento Jiménez, “importa una indebida intromisión del Poder Legislativo en facultades privativas del MPF, soslaya que la determinación de la especialidad de las unidades fiscales es una cuestión de política criminal y persecución penal privativa del MPF; afecta la específica misión encomendada al organismo, de preparar y promover la acción de la justicia en defensa del interés público; de reglamentar su actuación y funcionamiento, como también afecta los principios de independencia, autonomía, unidad de actuación y subordinación jerárquica”.

En síntesis, lo que Jiménez advertía era que la creación de nuevas unidades era potestad del Ministerio Público y no podía inmiscuirse otro poder como en este caso el Legislativo.

Ahora, en la resolución que se firmó el 8 de septiembre, Jiménez asegura: “Luego de la crisis global que experimentó el mundo en el año 2020, la digitalización, la virtualidad y la utilización de medios informáticos se ha incrementado exponencialmente en todos los ámbitos de la vida y en la organización social. Por otro lado, los recientes desarrollos en inteligencia artificial y otras innovaciones informáticas han generado un avance tecnológico desmedido, habiendo nuevas posibilidades de interacción con los medios informáticos”.

Y agregó: “Consecuentemente, estos impactos de las nuevas tecnologías han incidido también en las modalidades delictivas, generando un considerable incremento de la ciberdelincuencia, que va en ascenso cada vez más, según se viene comprobando por los datos estadísticos analizados por la Oficina de Gestión. Esta circunstancia excepcional requiere fortalecer las investigaciones relacionadas a estos fenómenos criminales vinculados a la utilización de los medios informáticos, mediante la especialización jurídica y tecnológica de las investigaciones”.

Jiménez aseguró que “la investigación de los delitos vinculados con los fenómenos criminales cometidos por medios informáticos, corresponden principalmente a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos”. “Teniendo en cuenta la multiplicidad de delitos y la diversidad de fenómenos criminales que abarcan las modalidades de cibercriminalidad, los cuales evolucionan y mutan constantemente, la Unidad Fiscal especializada deberá abordar progresivamente diversos fenómenos criminales, asumiendo inicialmente la potestad para investigar casos vinculados a las estafas cometidas por medios informáticos y otros delitos relacionados”, dijo.

Circunstancias particulares

Jiménez analizó seguidamente: “las circunstancias particulares que presentan la investigación de delitos cometidos por medios informáticos, tanto por los medios de comisión como por la globalización de los circuitos de información utilizados para cometer los delitos, generan una complejidad investigativa que dificulta la identificación de los autores en los casos individuales y la recolección de evidencia de calidad”.

“Por ello, la naturaleza de estos fenómenos criminales exige implementar metodologías de investigación especializadas con una visión sistémica, mediante el entrecruzamiento de información, el análisis de datos y la utilización de herramientas informáticas especializadas. experiencia adquirida en la implementación investigaciones desarrolladas por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, la consolidación del equipo técnico especializado en la órbita del ECIF y los datos sobre criminalidad informática proporcionados por la Oficina de Gestión, resulta conveniente poner en funcionamiento una Unidad Fiscal de investigación especializada”, apuntó.

Por todo esto, el ministro fiscal resolvió: “poner en funcionamiento una Unidad Fiscal especializada en Cibercriminalidad en el Centro Judicial Capital, que será operativa a partir del día 2 de octubre de 2023. Encomendar a la Secretaría de Superintendencia realizar las afectaciones de personal y modificaciones de infraestructura que considere necesarias. Encomendar a la Secretaria Judicial establecer los criterios para la distribución y asignación de delitos a ser investigados por la Unidad Fiscal especializada en Cibercriminalidad y comunicar las instrucciones que resulten necesarias para la implementación de la presente resolución. Notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, al Ministerio Público Pupilar Y de la Defensa, al Colegio de Abogados, a la Policía de Tucuman y a todos los miembros de este Ministerio Publico Fiscal”.

La creación de la nueva Unidad, de la que aún se desconoce quién o quiénes estarán a cargo, dejaría abstracto el planteo de inconstitucionalidad que estaba analizando la Corte.