Impuesto a las Ganancias para todos

Entre la suba por decreto del mínimo no imponible para el cálculo del Impuesto a las Ganancias y el proyecto de ley al respecto se discutirán muchas cosas, algunas sin sentido y otras importantes. Por ejemplo, rechazar que el salario pague el Impuesto a las Ganancias sosteniendo que no es ganancia es un sinsentido. Si eso fuera todo bastaría con tomar el mismo contenido legal, llamarlo impuesto al salario y listo. Es claro que no es un argumento serio. Entonces hay que hacer otras consideraciones.

Una de corto plazo, que mezcla fondo con coyuntura, tocaría la coparticipación federal de impuestos. Porque la medida mencionada reduce lo calculado como base imponible y por lo tanto disminuye la recaudación. Pero Ganancias es coparticipable, por lo que caería lo girado a las provincias. Eso podría llevar a que los gobernadores reclamen vía judicial como hicieron en 2019 cuando Mauricio Macri redujo la alícuota del IVA (también coparticipable). Pero no parece que perder recursos para sus funciones les importe cuando tienen el mismo sello partidario que el ministro-candidato.

De todos modos debería recordarse que la Constitución Nacional prohíbe emitir decretos de necesidad y urgencia sobre cuestiones tributarias. Y siendo estrictos no debería importar si es para aumentar o disminuir la carga fiscal. La decisión sobre quiénes tributan y cuánto y quiénes no lo hacen es exclusiva del Congreso.

Otro punto es que la baja en lo recaudado por Ganancias profundizará el déficit fiscal, desviando aún más los resultados de lo pactado con el FMI. Incumplir podría ser lo de menos, pero el bache se cubrirá con emisión adicional de dinero, o sea con más inflación. Los trabajadores recibirán más billetes que valdrán menos gracias a que los reciben. Eso puede evitarse subiendo otros impuestos, lo que significa recargar sobre sectores que ya pagan un alivio que no llega a los trabajadores más pobres. No quiere decir que los beneficiados sean ricos, pero ocupan puestos superiores en la pirámide salarial. Serviría más revisar, aunque no aplicará para este año, los beneficios fiscales sectoriales y anular los injustos o ineficientes. O bajar gastos, pero es dudoso que el gobierno lo haga antes de las elecciones.

Un aspecto más para contemplar, que no lo hace el decreto pero sí el proyecto de ley, son los tramos del impuesto. Porque está definido como una de las variantes de la tributación progresiva. La idea básica de la progresividad es que el impuesto impacte relativamente más en el ingreso cuando mayor sea éste. La regresividad es lo contrario. Por ejemplo, el IVA es un impuesto regresivo. Se soporta cuando se consume, y quienes son pobres consumen todo su ingreso mientras que a niveles superiores la capacidad de ahorro implica que el IVA incide sólo en una parte del ingreso.

En Ganancias se pretende que sea al revés. Por eso una vez superado el mínimo no imponible se definen tramos de ingreso y se cargan alícuotas mayores según crece el monto comprendido. Bien aplicado, implicaría que superado el piso se pague la alícuota menor por el primer tramo gravable, y si se supera el techo de ese tramo por el exceso sobre ese techo (piso del intervalo siguiente), y sólo sobre ese excedente, se pague la tasa correspondiente al segundo escalón, y así sucesivamente.

De nuevo con los gobernadores: se quejaron cuando disminuyó un impuesto regresivo, el IVA, ¿y no lo harán cuando pierde peso uno progresivo, que recae más sobre los más ricos?

Ahora bien, si por la inflación suben el mínimo no imponible y los salarios pero no cambia la expresión de los tramos muy pronto todos los alcanzados por el impuesto cubrirán toda la escala sin importar sus diferencias salariales, con lo que la progresividad habrá desparecido. De allí que parezca razonable disponer por ley incrementos conjuntos y automáticos (no sujetos al criterio del Poder Ejecutivo) del mínimo no imponible y de las escalas de aplicación de las alícuotas.

Claro, eso si continuara el esquema progresivo. Porque hay dos cosas que señalar. Una, que la idea aparentemente razonable de que pague más quien tiene más base imponible se puede cumplir con cualquier esquema, sea regresivo, proporcional o progresivo. Todo depende de cómo se definen las alícuotas y los montos alcanzados. La otra, que la progresividad puede desalentar el esfuerzo productivo. En situaciones normales cada ingreso adicional es fruto de un esfuerzo adicional; en ahorro, en inversión, en trabajo. Y significa un riesgo adicional. Entonces se estará corriendo un costo adicional, tal vez creciente, por un rendimiento luego de impuestos cada vez menor. En algún momento se llegará a la conclusión de que no vale la pena seguir creciendo. Por lo tanto, no valdrá la pena invertir más o contratar más. En cambio, una tasa invariante para todo nivel de ganancia anularía ese desincentivo.

Y por último tal vez lo más relevante. Derogar, o incluso aliviar mucho, el impuesto a las ganancias para los asalariados incentivaría el trabajo en relación de dependencia. Quien intentara desempeñarse de manera independiente, quien pretendiera ser un emprendedor, se dará con una gran asimetría en los ingresos con respecto a quienes trabajan para otros. Por ejemplo, un contador autónomo versus uno empleado en un banco, o un tallerista independiente comparado con un empleado metalúrgico. Tal diferencia minaría el emprendedurismo, afectaría un espíritu sustancial para el desarrollo del país.

Para estos casos, cuando no se busca corregir distorsiones, es mejor evitar el fetichismo nominalista y pensar en un impuesto al ingreso que abarque asalariados y autónomos que defina mínimos no imponibles y tramos y alícuotas iguales. Que no importe la condición en que se trabaja sino la capacidad contributiva.

Ciertamente hay que disminuir la carga fiscal, pero no de cualquier manera. Deben definirse con claridad pocos impuestos lo menos distorsivos posible y bajar el gasto para que la recaudación alcance. Claro que los beneficiados por el reciente DNU tendrán un beneficio, pero tal vez cueste caro. Suele ocurrir con la demagogia.