Lavando los fondos del crimen

“Si algún día esto se llega a destapar vamos todos presos”. La confesión en tono de presagio corresponde a un ex secretario de Gobierno de un municipio tucumano, administrado por el peronismo desde 1983.

La conversación con este columnista, de carácter reservada (según la Ley 25.326 de Hábeas Data, que garantiza la confidencialidad de los informantes y regula a su vez lo que consagra el artículo 43 de la Constitución Nacional), ocurrió en un lugar público, poco antes de que el funcionario presentara su renuncia.

Luego de su dimisión explicó que dejó el cargo por dos razones: porque pese a su pasión por la militancia, “la política está muy turbia”, y porque decidió volver a ejercer su profesión en el sector privado.

Todo secretario de Gobierno es la mano derecha del intendente y tiene acceso a los asuntos más sensibles.

¿A qué se refería cuando dijo “si esto se llega a destapar”? ¿Por qué irían todos presos?

Hacía referencia al envío de miles de millones de pesos en fondos no reintegrables que remite la Provincia a los municipios, con alevosa diferencia entre administraciones oficialistas y opositoras, y que no son sometidos a ningún tipo de control sobre su destino, ni posterior rendición de cuentas.

“Ya vamos construyendo como 12 puentes, rutas y obras públicas”, ironizó con humor negro el ex funcionario para describir que la mayoría de esos trabajos jamás se realizaron.

Su preocupación parte del hecho de que si alguien llegara a auditar esos fondos insondables serían los intendentes los que quedarían en la mira, porque les preguntarían ¿qué hicieron con ese dinero?, cuando en realidad son sólo partícipes necesarios -y cómplices- de una operatoria que se orquesta más arriba.

El ojo está puesto, según las denuncias de Juntos por el Cambio y las investigaciones de LA GACETA, en la discrecionalidad que rige en el reparto de ese dinero fiscal, que beneficia a los oficialistas y socios políticos del Poder Ejecutivo, en desmedro de los opositores.

Esto es éticamente reprochable, pero está lejos de ser lo más grave. Este procedimiento esconde lo que en la jerga política se denomina “retorno”. Consiste en que el Gobierno le transfiere de forma legal 100 pesos a un municipio y este, supuestamente lo gasta en obras públicas, pero la ciudad lo convierte en dinero en efectivo y le devuelve 50 pesos a la Provincia. De este modo, esa plata queda fuera del sistema administrativo y a libre disponibilidad del Ejecutivo.

Según un intendente opositor ese “retorno” nunca es menor al 40%.

Según el ex secretario de Gobierno peronista en ocasiones se llegó a devolver más del 80%, y admitió que algunos intendentes aprueban esta operación, aunque otros, no. Son conscientes del riesgo que están corriendo, pero terminan cediendo porque la presión es demasiada.

El circuito inverso

Los políticos le dicen “retorno”. Pero podría igualarse lisa y llanamente al lavado de dinero.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) se entiende por “lavado de dinero” cuando el lavador introduce ganancias ilegales en el sistema financiero. El lavador mueve los fondos (sea cual fuese el origen, de la droga, de la evasión fiscal o de otro delito) para distanciarlos de su fuente y hacer que se pierda el rastro de su origen ilícito. Así los fondos vuelven a ingresar en la economía legítima.

En este caso el circuito de lavado sigue la ruta inversa. Parte del sistema financiero legítimo, luego se gasta en algo que no ocurre (desaparece), se transforma en efectivo, y regresa a su punto de origen, limpio para cualquier destino, desde comprar un auto, una casa, viajar con un amante o financiar el clientelismo electoral.

No es lo mismo delegar el clientelismo en un intendente que controlarlo directamente desde Casa de Gobierno. Ambas cosas ocurren, lo que cambia son las proporciones del poder en juego. Esta sutil diferencia fue una de las madres de las batallas en la encarnizada guerra entre Manzur y Jaldo en 2021, según el ex secretario.

¿Cómo se trasladan miles de millones de pesos en efectivo, toneladas de billetes? Según el ex funcionario y dos intendentes consultados, en general se utilizan los camiones blindados públicos.

A confesión de partes…

Entrevistado este miércoles por LA GACETA sobre los fondos reintegrables (coparticipación), el gobernador electo Osvaldo Jaldo respondió: “Yerba Buena, Concepción y Bella Vista no pueden pagar los sueldos si la provincia no le transfiere los fondos”. Sonó a una amenaza velada. Algo así como conformate con lo que te damos porque podrías recibir menos.

“Hay que ver qué están generando con sus recursos propios”, agregó Jaldo. Se le podría haber repreguntado: ¿Qué recursos propios genera un municipio chico como Burruyacu que recibe 10 veces más dinero que las intendencias más grandes de la provincia?

El vicegobernador luego declaró algo bastante contradictorio: “Desde el 29 de octubre vamos a producir modificaciones de fondo y cada municipio va a recibir lo que por ley le corresponde. Se van a acabar este tipo de discusiones y desde el 29 de octubre, cuando asumamos, cada uno va a recibir lo que por ley le corresponde”.

De este modo Jaldo confirmó, tal vez sin querer, que hasta ahora no se cumple con la ley y que los municipios no reciben los fondos que les corresponden.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

En fondos no reintegrables, es decir que no se controlan ni se rinden, en 2022 fueron 20.000 millones de pesos y en 2023 ya totalizan casi 12.000 millones, entre enero y agosto, según la investigación de LA GACETA en base a publicaciones del Boletín Oficial, o 13.525 millones de pesos, según la presentación de pedido de informes que realizó Juntos por el Cambio al gobernador Manzur. Entre los envíos de 2022 y 2023 suman más de 30.000 millones.

La diferencia radica en que el diario tomó el período en que realmente se hicieron efectivos los envíos (algunos ocurrieron en diciembre de 2022 pero se publicaron en el BO de enero de 2023), mientras que la denuncia de JxC se basa en la fecha de publicación del Boletín Oficial. En ambos casos las cifras suman exactamente lo mismo.

En el pedido de informes se consigna que este año ni un solo peso de estos miles de millones tuvo como destino alguno de los municipios que gobierna la oposición. Y en 2022 los montos fueron exiguos.

El dinero que desaparece

De los 13.525 millones que recibieron los municipios entre enero y agosto de este año en concepto de fondos no reintegrables, los montos se distribuyeron de la siguiente forma: 1) Banda del Río Salí 2.215 millones (16,4% del total provincial); 2) Burruyacu 1.880 millones (13,9%); 3) Lules 1.546 millones (11,4%); 4) Aguilares 1.470 millones (10,9%); 5) Las Talitas 1.180 millones (8,7%); 6) Tafí Viejo 835 millones (6,2%); 7) Tafí del Valle 736 millones (5,4%); 8) Famaillá 660 millones (4,9%); 9) Monteros 642 millones (4,7%); 10) Trancas 540 millones (4%); 11) La Cocha 530 millones (3,9%); 12) Alberdi 490 millones (3,6%); 13) Simoca 419 millones (3,1%); 14) Graneros 300 millones (2,2%); 15) Yerba Buena 42 millones (0,3%); 16) Bella Vista 39 millones (0,3%); 17) Alderetes cero (0%); 18) Concepción cero (0%); y 19) Capital cero (0%). En plata oscura, la oposición apenas suma el 0,6% del total, contra el 99,4% del peronismo.

Es muy llamativa la desproporción con que se distribuye el dinero, respecto de la cantidad de habitantes de cada uno, la categoría del municipio y la demanda de servicios y obras que requiere cada ciudad.

“Con 1.880 millones (en ocho meses) Burruyacu debería tener hasta autopistas, pero tiene los caminos destruidos, ¿a dónde fue esa plata?”, preguntó en una entrevista con LG Play Manuel Courel, jefe de Gabinete de Yerba Buena.

De todos modos, la arbitrariedad sería lo de menos, aunque no menor, que no es lo mismo. Lo gravísimo es comprobar cómo el dinero de los impuestos desaparece en algún tramo del circuito, se fuga por algunas de las rutas destruidas o se resbala por algún puente derrumbado.

Por este motivo los intendentes opositores Mariano Campero, Alejandro Molinuevo y Sebastián Salazar presentarán una demanda ante la Justicia Federal, ya que en los fueros provinciales no encuentran garantías de que una investigación prospere.

El dinero que aparece

Las partidas oficiales de fondos reintegrables, coparticipables, esos que sí están sujetos a controles, confirman las declaraciones de Jaldo, respecto de que hoy no se cumple con la ley de coparticipación y que algunos municipios amigos están siendo beneficiados a dedo.

Por ejemplo, los desembolsos provinciales a los municipalidades que están dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (17 de 19, excepto Capital y Burruyacu), entre enero y julio de este año, destinados a pago de sueldos, aguinaldos y gastos de funcionamiento, totalizaron 65.015 millones de pesos.

Los que más recibieron fueron Banda del Río Salí, con 9.150 millones (14,1% del total); Aguilares, 7.222 millones (11,1%); Famaillá 7.023 millones (10,8%); Monteros, 5.914 millones (9,1%); y Alberdi, 5.103 millones (7,9%).

Sólo entre las cinco intendencias más favorecidas acapararon el 53% de la coparticipación total.

En cambio, entre Yerba Buena (3,7%), Concepción (3,1%), y Bella Vista (2,4%) sumaron sólo el 9,2% del total, pese a que Yerba Buena es la segunda ciudad más poblada de la provincia, con 102.000 habitantes, bastante más que el municipio más asistido, que es Banda del Río Salí, con 75.000 personas, y mucho más que el resto ubicado en el top cinco.

Entre Aguilares (32.000 habitantes), Famaillá (22.000), Monteros (23.000), y Alberdi (29.000) apenas igualan a la población de Yerba Buena.

Tampoco se está cumpliendo con lo pactado en el Convenio.

Un solo ejemplo: la Municipalidad de Concepción convino 299 millones para pago de sueldos y funcionamiento, pero su adenda fue de 204 millones, es decir que recibió 95 millones menos. En cambio, Famaillá convino 957 millones, pero embolsó 1.670 millones, 713 millones más.

En junio pasado, mes electoral, Yerba Buena, Concepción y Bella Vista fueron las tres ciudades que menos recursos recibieron para pagar sueldos y aguinaldos. Concepción 10 veces menos que Banda del Río Salí (204 millones contra 2.174 millones). Graneros, el municipio menos poblado de Tucumán, percibió el doble de fondos que Bella Vista, pese a que este último cuenta con casi cinco veces más habitantes.

Esto en lo que respecta solamente a la cuestión demográfica, porque la coparticipación también contempla las categorías de los municipios y las demandas de servicios.

Tiene razón Jaldo cuando afirma elípticamente que no se cumple con la ley y a la vez promete que la ilegalidad en el Estado tucumano se terminará el 29 de octubre.

Por defecto, también está diciendo que Alperovich y Manzur promovieron o ampararon estos ilícitos e injusticias y que él no pudo hacer nada en 23 años como parte del Poder Ejecutivo, como ministro de Economía, del Interior, vicegobernador y gobernador interino. Bastante inverosímil.

El magistral Bertolt Brecht alguna vez dijo: “Quien no sabe la verdad sólo es un estúpido, pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal”, porque cometió un delito grave.