El Pacto Social tiene los días contados

Vivir con lo propio. Es un principio al que el sector público no está acostumbrado y ahora, cuando la crisis agobia las cuentas del Estado, se torna una necesidad para no volver a arrastrar déficit que, en definitiva, condiciona el manejo político e institucional de una jurisdicción. Osvaldo Jaldo sabe que los tiempos que se vienen no serán un lecho de rosas en materia financiera. Más aún con la incertidumbre respecto de quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. El gobernador electo ha dado un indicio de que, apenas asuma la titularidad del Poder Ejecutivo (y tal vez antes), se sentará a debatir con los intendentes acerca de cómo será la relación fiscal entre la Provincias y los Municipios. La advertencia que lanzó ayer, a propósito de las denuncias de los intendentes que responden a Juntos por el Cambio sobre la discriminación en el reparto de recursos, ha sido como un disparador para avanzar con una medida que está madurando: la eliminación del Pacto de Saneamiento y la Paz Social. Lo dejó entrever el propio Jaldo cuando, en rueda de prensa, dijo: “vamos a tomar decisiones de fondo para que cada uno se maneje con los recursos (nacionales y provinciales) que por Ley y Constitución le corresponde”.

Las municipalidades que participan de este régimen tendrán que pensar en administrar con los ingresos que lleguen por coparticipación federal y local y con las partidas del Fondo para el Desarrollo del Interior (FDI). El esquema obligará a más de un jefe municipal a redefinir el manejo financiero de su jurisdicción después de años de vigencia de un sistema que, en muchos casos, ha contribuido a sostener institucionalmente a las intendencias, pero también a controlarlas políticamente desde la Casa de Gobierno.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 37/3-(ME) del 13 de enero de 2000, el Poder Ejecutivo puso en vigencia el denominado Pacto de Saneamiento y la Paz Social que establecía una remisión de los fondos suficientes para garantizar el pago de sueldos de los trabajadores durante el primer semestre de 2000. Aquel decreto fue firmado por el entonces gobernador Julio Miranda e impulsado por quien fue su ministro de Economía, José Jorge Alperovich. Las liquidaciones las hacía la Secretaría de Hacienda. Incluían el sueldo básico, escalafón, título, presentismo y salario familiar, sin considerar ningún otro tipo de adicional, horas extras, extensión horaria y/o algún otro concepto similar. Del importe líquido determinado se deduce la coparticipación efectivamente acreditada en el período a la Municipalidad, mientras que el saldo correspondía a la asistencia a cargo de la Provincia. Sin ese esquema, cada municipio tendrá que buscar los recursos para cubrir sus gastos, pero además, buscar dinero para pagar la deuda que aún mantiene con el Ejecutivo frente a tantas asistencias reintegrables. Jaldo propone una refinanciación de ese endeudamiento, de la misma manera que lo hizo el gobernador Juan Manzur con la intendencia capitalina, a cargo del líder del PJS, Germán Alfaro. En un primer paso, el nuevo equipo de gobierno prefiere hablar de reformulación del programa en el que prime el sinceramiento fiscal. Si esto no sucede, advierten, el Pacto Social tiene los días contados.