El curioso blindaje financiero para una billonaria gestión

¿Cuál es la razón por la que el Poder Ejecutivo pide autorización para tomar un crédito en el agente financiero de la provincia? ¿En qué consiste el acuerdo que el gobernador Juan Manzur firmó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con el ministro de Economía Sergio Massa? ¿Acaso el Poder Ejecutivo modificará su estrategia fiscal para establecer si puede vivir con lo propio? Demasiados interrogantes a las puertas del fin de mandato de Manzur y el advenimiento de la gestión de Osvaldo Jaldo.

Tres días después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el presidente subrogante de la Legislatura a cargo del Poder Ejecutivo, Sergio Mansilla, dictó el decreto 2.737, mediante el cual se autoriza a obtener un endeudamiento de hasta $ 20.000 millones en el Banco Macro. Ese monto representa la mitad de la planilla salarial bruta (incluye aportes patronales) del sector público provincial, que contiene a una población estimada en 110.000 agentes estatales. La operatoria no es nueva, pero sí el monto. Además, en esa entidad el Gobierno tiene un descubierto de casi $ 10.000 millones que el Ministerio usa para pagar sueldos y que se cancela en el mes. Lo diferente es la oportunidad de ampliar el margen, a menos de dos meses para que Manzur cumpla su segundo mandato como gobernador y a días de que el propio Ejecutivo ampliara el presupuesto vigente en $ 305.000 millones para que el total de gastos de la provincia supere la friolera de $ 1,1 billones. Esa ampliación de fondos al ejercicio 2023 será una de las primeras tareas que Jaldo quiere cerrar en su retorno a la Legislatura. Es probable que hoy mismo convoque a Labor Parlamentaria para ponerle fecha al tratamiento de la iniciativa del Ejecutivo en el recinto.

La pregunta que surge es: ¿qué sucedió con los casi $ 26.000 millones que se infiere como superávit obtenido hasta julio pasado al comparar los recursos acumulados en los primeros siete meses respecto de los gastos en el mismo período? La primera respuesta que ensaya la Casa de Gobierno es que a partir de agosto/septiembre se empieza a sentir el peso de los incrementos salariales otorgados en paritarias, además de la suma fija pagada hasta julio. Si esto es así, Jaldo tendrá que hacer malabares para juntar el dinero suficiente para abonar los salarios estatales y afrontar futuras demandas sindicales de incremento en las remuneraciones, según la evolución inflacionaria.

El Gobierno no debería terminar la actual gestión con apremios financieros. Más aún con la sintonía fina que se ha renovado con el Palacio de Hacienda a partir de que Manzur se pusiera al frente de la campaña proselitista de Unión por la Patria en el Norte Grande argentino.

Independientemente del acuerdo con el agente financiero, hay otro pedido de financiamiento en curso: una ayuda del Ministerio de Economía de la Nación de unos $ 20.000 millones que Manzur viene solicitando desde hace tiempo. El viernes pasado, Manzur fue uno de los mandatarios que rubricó un convenio con el Gobierno nacional de asistencia financiera. No hubo especificaciones, como sí se explicó en los casos de Santiago del Estero, Catamarca o Formosa para obras. En el caso tucumano sólo se mencionó que era una ayuda del Fondo Fiduciario Federal. Punto y aparte. Si se trata del dinero que viene buscando Manzur, debería alcanzar para abonar los sueldos del último mes que le quedará como gobernador y algo para cubrir parte del Sueldo Anual Complementario del segundo semestre, que sí le corresponderá a la gestión de Jaldo. Curioso blindaje para un gobierno billonario.

El gobernador electo ya está en territorio tucumano. Llegó con la mayoría de los nombres que integrarán su futuro gabinete. Pocos son los que han trascendido hasta ahora, como el caso de Fernando Solórzano en Economía y de Darío Monteros en Interior. En estos días avanzará con la reestructuración del resto de las carteras. El caso más emblemático es el de Desarrollo Productivo, que puede ser reconvertido en Industria y en el que la Economía del Conocimiento puede llegar a tener un rol fundamental en ese andamiaje. Jaldo apelará a la juventud de Maximiliano Martínez Márquez para esa área, un funcionario que actualmente se desempeña como subsecretario de Micro, pequeña y mediana empresa. Una de las ideas fuerza del nuevo gobernador es convertir a Tucumán en un polo de la innovación tecnológica, como una manera de diversificar la actividad económica aprovechando el capital humano existente en la provincia.

Para Educación y para Salud Pública, más que los nombres de los futuros ministros, Jaldo se preocupó más en la estructura. Según trascendió, el mandatario electo tiene pensado aplicar el mismo organigrama que existe en la Policía con los jefes de las Unidades Regionales. En el caso de Salud, la intención sería fortalecer las áreas programáticas para que, con una descentralización en la conducción, los responsables tengan una respuesta más directa hacia los pacientes, sin tanta burocracia. Las grandes decisiones quedarían para la conducción superior.

En el caso de Educación, Jaldo se apoyaría en los supervisores de los establecimientos que, según los estrategas del vicegobernador, significaría un conocimiento más cercano a lo que sucede en cada zona. En Obras Públicas, el organigrama sigue siendo una gran incógnita, tanto como el nombre que se elegirá para conducir esa área. Sólo se sabe que el futuro ministro no ha tenido tanta exposición en los últimos meses. Desarrollo Social será vital para la contención social. Nadie descarta a Federico Masso, líder de Libres del Sur, como un potencial candidato a ministro. Los estrategas electorales del oficialismo advierten que todo suma, como una potencial lista Massa-Masso para las elecciones presidenciales. Aquí hay opciones, pero con perfil político más bajo. Gobierno y Secretaría General de la Gobernación son dos sectores del Poder Ejecutivo que tendrán una fuerte conducción política, aunque a Jaldo le está costando conseguir el perfil que busca para ocupar la titularidad de cada sector.

El gobernador electo sabe que no puede cometer los mismos errores que sus antecesores en el cargo. “No voy a dilapidar tanto esfuerzo para llegar a mi meta política, poniendo a un equipo que no signifique renovación”, se escuchó decir a Jaldo, como una manera de exteriorizar la incorporación de nuevas figuras al elenco gubernamental.

Las presidenciales, en consecuencia, marcarán el ritmo de la gestión provincial. No es lo mismo gestionar con un presidente del mismo signo que otro de la oposición. De allí la idea del blindaje financiero porque, de perder las elecciones nacionales, el oficialismo local tendrá que subirse al tren de las restricciones financieras, algo que implica más que un esfuerzo político. El peronismo no estaba acostumbrado a gobernar con los dientes apretados.