UNT, querellante contra el constructor de “Las Pirámides”

La Universidad Nacional e Tucumán (UNT) fue aceptada como querellante por el juez federal Guillermo Daniel Molinari en la causa penal que lleva adelante por “resistencia o desobediencia a funcionario público” contra Próspero Marcelo Sosa, quien está construyendo el barrio privado “Las Pirámides” dentro del predio del parque universitario Sierra de San Javier. El abogado Máximo Augusto Castro, en su rol de apoderado de la UNT, con el patrocinio de Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la UNT, pidió ser querellante contra Sosa, quien está procesado y con embargo por el delito previsto en el art. 239 del Código Penal. El procesamiento había sido dictado por el juez Molinari el 28/12/22 y confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones el 28 de julio pasado.

La UNT y Sosa mantienen un largo litigio por el terreno donde se encuentra “Las Pirámides”, ubicado al sur de San Javier, en el km 28 de la ruta 338, cerca del límite con Villa Nougués. El terreno abarca una considerable extensión del parque Sierra de San Javier, en un área de protección ambiental que tiene una totalidad de 14.200 hectáreas en el cerro y que la UNT posee desde 1948, cuando toda esa extensión fue expropiada por la Nación y cedida a la casa de altos estudios. Sosa, que niega el derecho de la UNT y afirma que su familia residió y ocupó parte de esas tierras desde hace muchos años, superó en 2008 una querella por usurpación que le había iniciado 10 años antes la Universidad y tras ser sobreseído comenzó la construcción del barrio cerrado.

La existencia del complejo de viviendas salió a luz en 2018, cuando la Universidad descubrió que se estaban vendiendo por internet los lotes dentro del parque. La UNT, que tiene documentación de la compra realizada por expropiación a la familia Paz Posse en 1947 de ese predio, hizo una querella de revindicación contra Sosa por la ocupación de 4.600 hectáreas.

En diciembre de 2018 se dictó la medida cautelar ordenando a Sosa “suspender de inmediato toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector individualizado como ‘Las Pirámides’ ”.

En julio de 2020 la UNT solicitó a la División Ingenieros de la Policía de Tucumán la toma de imágenes satelitales del predio denominado Las Pirámides “donde se puede apreciar que el lugar fue brutalmente desmontado para continuar con la venta de lotes y construcción”. En febrero de 2021 denunciaron el incumplimiento de la medida cautelar de 2018 y solicitaron el decomiso y secuestro de todas las máquinas, herramientas, materiales y elementos destinados a tal fin. En abril de 2022, por orden de la Cámara Federal, un oficial de justicia verificó la existencia de maquinarias, construcción, desmontes, etc. Según la denuncia de la UNT, “no sólo había un descomunal desmonte, sino que se constató la construcción de 21 casas nuevas, tala indiscriminada, construcciones en progreso, maquinarias en el lugar, materiales, herramientas en uso, etc”.

Castro denunció que a pesar de que la sentencia fue clara y contundente, Sosa incumplió dicha medida en forma recurrente, “convirtiéndose en un verdadero depredador ambiental”. “Continuó vendiendo lotes y permitiendo el ingreso de maquinaria, herramientas, materiales con los que construyó más de 50 viviendas nuevas… desmontó, taló y, en fin, depredó groseramente el bosque nativo… claramente incumplió la medida cautelar de fecha 03/12/2018, desobedeciendo de esa manera lo resuelto por un juez de la Nación”.

Según informó González Navarro en nota al rector de la UNT, Sergio Pagani, el hecho de que la UNT, además de ser denunciante, sea considerada parte querellante, “le permitirá intervenir de manera a activa y con carácter de parte afectada en las acciones necesarias para el resguardo de su patrimonio”. Castro dijo que el procesamiento de Sosa –quien recibió además embargo por 30 millones de pesos- es un precedente importante para que sea llevado a juicio oral por desobediencia. “Se van sumando elementos para obtener medidas cautelares más efectivas”. Respecto del juicio civil por reinvindicación, Castro dijo que se espera que una vez que avance se podrá lograr la restitución de las tierras a la UNT, la demolición de lo construido y la restauración del bosque nativo.