07 Septiembre 2023
Dos hechos sincrónicos de muerte acaecidos en Buenos Aires recientemente inciden en reflexionar en torno a la deontología, ética y moral en todos los ámbitos, pues no sólo está en riesgo la democracia sino el género humano, sin importar la edad o la ocupación. Las universidades tienen en su currículo los tópicos antes mencionados, los que deben ser aprobados para lograr el grado académico y título profesional; al mismo tiempo, para ejercerlo, han de inscribirse en el correspondiente colegio de titulados, el que les otorga el número de matrícula profesional. Esa misma institución tiene en su nómina la comisión de ética encargada de valorar el desempeño del matriculado y desestimar su inscripción en caso de dolo o mala praxis. Esas instituciones son las que facultan o prohíben el ejercicio idóneo y ocupacional para que sea legal. Eso ocurre con todas las profesiones, a excepción del magisterio, como ocurre en otros países. En consecuencia, ni la Policía ni el Poder Judicial están facultados para inhibir del ejercicio del titular, sino el correspondiente colegio, cuyos integrantes tienen los parámetros para evaluar el comportamiento del diplomado con respecto a las acciones del bien, el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bien común, que son los cánones de la ética. Algo que debiera instalarse en cada uno de los sindicatos, así como en los partidos políticos como un imperativo de conciencia, pues está en juego el progreso y desarrollo de la Nación. La Policía y la Justicia tienen sus propios roles y actúan en consecuencia. Los colegios, a mi juicio, deben considerar las denuncias mediáticas en forma directa y “de oficio”, pues para ello hay una junta directiva y las correspondientes sesiones estatutarias de las instituciones de expertos. Un claro ejemplo, además de aleccionador, se dio en Chile no hace mucho tiempo, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó en cuenta denuncias difundidas en torno al comportamiento de uno de sus ministros. En su propio seno se efectuaron las indagaciones e investigaciones pertinentes, al cabo de las cuales se comprobó el tráfico de influencias, por lo que en sesión interna, sin presencia del encausado, se lo declaró culpable; luego de los descargos correspondientes, lo despojaron de sus fueros y cargo. Como quiera que se trataba del más alto tribunal de Justicia de la Nación, lo que tuvo que hacer el inculpado fue recurrir al Tribunal Internacional de La Haya, el que desestimó la apelación. Todos los graduados no pueden actuar impunemente cometiendo errores tanto variados como recurrentes. Aunque no hay colegiatura periodística, el gremio debiera tener en cuenta por medio de sus correspondientes direcciones el “Código de Ética del Periodismo”, adoptado en 1950 en base al discurso del abogado Ezequiel Pedro Paz en el 56° aniversario del Diario La Prensa de Buenos Aires, que retoma las palabras de Walter Williams. “Nadie debe escribir como periodista lo que no pueda decir como caballero”. Después de esa fecha se han aprobado en muchos países otros códigos en función de la verdad y el deber.
Fernando Sotomayor
J.B. Alberdi 139-C – S. M. de Tucumán
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