04 Septiembre 2023
El futuro de la Ley de Alquileres: cautela inmobiliaria
Mientras propietarios e inquilinos esperan una respuesta por parte de la dirigencia política sobre la ley actual que rige en el sector inmobiliario, el Senado de la Nación retomará esta semana el debate por la modificación de la Ley de Alquileres, que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.
Las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda recibirán a representantes de los inquilinos y harán lo propio con representantes de propietarios y cámaras inmobiliarias. Con estos dos encuentros, que se desarrollarán el martes y el jueves, queda descartado que las comisiones dictaminen esta semana y que el proyecto pueda debatirse esta semana en el recinto.
En relación a esto, algunas entidades como la de Inquilinos Agrupados ya dejaron en claro su malestar en relación a la ley aprobada con media sanción de Diputados y defienden la posibilidad de que ese texto sea modificado. Incluso, en los últimos días anunciaron por redes sociales que diferentes organizaciones inquilinas del país le presentaron una carta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para solicitarle que convoque a todas las organizaciones para discutir el tratamiento de la ley del mercado inmobiliario, en el Senado.
Aunque todavía falta para que se conozca cuándo subirá el proyecto al recinto, en los pasillos de la Cámara alta gana terreno la postura del bloque oficialista que promueve modificaciones al proyecto aprobado en Diputados. En caso de que estas reformas se aprueben, la iniciativa tendrá que volver a la Cámara baja. En este escenario, Juntos por el Cambio (JxC) se encuentra en una postura compleja para poder otorgar la sanción definitiva del proyecto impulsado por la coalición. El interbloque opositor reuniría 34 votos con algunos apoyos externos y necesita37 para tener quórum y poder aprobarlo.
Si vuelve a Diputados existe la opción, al menos según el reglamento, de que JxC mantenga el texto original. Para lograrlo deberá conseguir una mayoría de los dos tercios del recinto, lo que le permitiría rechazar el proyecto con modificaciones y aprobar definitivamente el texto original. Esto es algo que, con la composición actual del Congreso y en medio de la carrera electoral, resulta difícil, casi imposible, para cualquier fuerza.
UNA LEY QUE NO CONVENCE. Tanto propietarios como usuarios no están conformes con los alquileres. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Nueva propuesta
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI), el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM – UMET) y la Fundación Rosa de Luxemburgo entregaron ante la comisión de Legislación General del Senado un documento con aportes para discutir la reforma de la ley. Entre los puntos centrales de la propuesta figura la baja de la duración mínima del contrato de tres a dos años.
“Poder permanecer en la misma vivienda durante tres años es una mejora en términos de previsibilidad. Y no solamente en la dimensión habitacional. La vivienda organiza la vida cotidiana de las familias: define el colegio donde van las y los niños, los tiempos para llegar al trabajo, las redes de cuidado. También es importante en términos económicos, porque el plazo de tres años permite a quienes alquilan enfrentar con menos frecuencia el enorme costo de ingresar a una nueva vivienda (mudanza, pago de depósito, garantía, etc.)”, establece la iniciativa y remarca que la vuelta de contratos a dos años “es una regresión inaceptable”.
Las entidades autoras sugieren también establecer un plazo mínimo para los aumentos de cuatro meses y sin un índice determinado, argumentando que la eliminación del índice y la posibilidad de actualizar el contrato cada esa cantidad de meses deja a quien alquila en una situación de alta vulnerabilidad. “Definir un único índice (el Índice de Contratos de Locación) para la actualización evita una negociación, en la que tiene todo para perder quien alquila, pero además da un parámetro objetivo y razonable en un contexto de alta fluctuación económica como el actual”, remarcan.
Finalmente, propusieron eliminar las sanciones ante el incumplimiento de la parte propietaria de registrar su contrato en la AFIP.
“Además de los fines tributarios, es clave contar con un registro actualizado de los contratos para tener información sobre este mercado: cómo es la población inquilina y la propietaria, cuánto gasta en el alquiler, cuáles son las condiciones contractuales. Y esto, a su vez, es el punto de partida para tomar decisiones públicas que mejoren de manera efectiva el acceso a la vivienda en alquiler. Hoy las 10 millones de personas que alquilan su vivienda dependen de un mercado que funciona de manera precaria y opaca para acceder a un derecho tan fundamental como un lugar donde vivir. La eliminación de las sanciones anula la principal herramienta que hoy cuenta el Estado para transparentar este mercado. La opacidad y la desregulación siempre funcionan en favor de la parte más poderosa”, enfatizaron en el argumento del proyecto.
Lo más popular
