Se analiza una “solución política” para el Mercado del Norte

El expediente que se tramita ante la Justicia, sobre el Mercado del Norte, sumó un informe clave efectuado por la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) del Ente Cultural de la Provincia. Y mientras la jueza de la Sala II, Felicitas Masaguer, analiza los planteos de las partes a propósito de esta nueva documentación, en el ámbito del Concejo Deliberante de la Capital se comenzó a hablar sobre una posible “solución política” para el caso judicial, iniciado hace 10 meses.

El histórico edificio de ingreso por Maipú y Mendoza fue inaugurado el 9 de diciembre de 1939, y cerró sus puertas en marzo de 2021. Según consta en el expediente, “el desprendimiento de la mampostería de dos columnas y un posible derrumbe obligó a su evacuación”.

En febrero de 2022, mediante un decreto, el intendente Germán Alfaro (JxC) autorizó el llamado a licitación pública para el proyecto de “concesión de la recuperación, revalorización, administración, mantenimiento y explotación del edificio del Mercado del Norte”. El objetivo, explicó el jefe municipal, es que el edificio se convierta en un “centro comercial” moderno. “Tenemos que levantar la vara”, dijo Alfaro en junio del año pasado, al abrir los trabajos en el lugar.

Sin embargo, el titular del Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus), José García, planteó una acción de amparo -con el patrocinio del abogado Diego Piedrabuena- para objetar tanto el trámite efectuado para la adjudicación a la firma “Paseo del Norte” (con sede en Buenos Aires), como las obras realizadas bajo el argumento de evitar el colapso del inmueble.

A inicios de agosto, el titular de la Fiscalía Municipal, Hernán Colombres, elevó un escrito a la Sala II para adjuntar un informe de la DPC. Advirtió que, el 16 de junio el Ente Cultural de Tucumán había resuelto “aprobar el proyecto de recuperación” del Mercado del Norte, “conforme a lo dictaminado por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, en el marco (legal)”.

En esas actuaciones, dijo Colombres, consta una copia autenticada del dictamen de la DPC, que aprueba el proyecto de intervención en el edificio del Mercado del Norte. Y recordó que tal informe reviste carácter vinculante para todas las autoridades provinciales.

“Contrariamente a lo manifestado por la demandante, se puede observar el estricto respeto a la Ley de Patrimonio por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, tanto en forma previa, como con posterioridad a la adjudicación de la concesión, tornando inexistente la causa en que se fundamenta la presente acción”, dijo el fiscal. Por ello, solicitó a la jueza Masaguer que rechace in limine la acción de amparo deducida por Fodecus.

La camarista de la Sala II corrió traslado a García, quien también destacó la importancia del informe de la Comisión de Patrimonio, aunque en un sentido opuesto al del municipio. “Esta presentación verifica que, considerando la fecha de la resolución (16 de junio), se admite que le asistía razón a esta parte sobre la inexistencia de la autorización”, dijo García. Y destacó que el amparo había sido formalizado en noviembre de 2022.

En el escrito, además, se consignó que, según la Ley de Patrimonio, no puede asignársele a los bienes declarados “patrimonio cultural” una finalidad distinta a la establecida al momento de su declaración como tal.

García sostuvo que, en paralelo a la cuestión de la protección del edificio del Mercado del Norte, la acción de amparo objeta el proceso de adjudicación, dado que a su criterio falta una ordenanza del Concejo Deliberante que autorice concesión de obra y explotación del inmueble: “El Ejecutivo municipal no puede hacerlo por decreto”. Por ello, Piedrabuena incluyó en el escrito un pedido para que la Sala II dicte una cautelar que suspenda los efectos jurídicos del decreto 1503/SOP/22 y emita la orden de no innovar sobre el inmueble.

Esta semana, la jueza Masaguer dio por contestado el traslado por parte de Fodecus, y tomó nota del pedido de las partes. “Encontrándose pendiente de resolver el planteo de rechazo in limine de la presente acción, resérvese pronunciamiento sobre el pedido cautelar”, indicó.

Mientras el proceso judicial avanza, en el ámbito del Concejo Deliberante se comenzó a dialogar por una posible solución política para este conflicto. En concreto, se baraja la posibilidad de llevar al recinto un proyecto de ordenanza para convalidar el decreto 1503/SOP/22, objetado en la demanda de Fodecus.

Para ello, explicaron fuentes, se debería aguardar que un tercero -por ejemplo, la firma adjudicataria de la obra- formalice un pedido para la aprobación de ese instrumento, algo que dotaría de “seguridad jurídica” todo lo actuado hasta el momento.