03 Septiembre 2023
OPERATIVO POLICIAL. Reforzaron los controles por las amenazas de bomba. FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Primero fue un susto, luego se lo tomó con gracia y ahora simplemente es hartazgo. Los presidentes de centros estudiantiles tucumanos trabajan en conjunto con los directivos de las escuelas para afrontar una problemática cada vez más recurrente en estos días: las amenazas de bomba.
Los adolescentes apuntaron a que es “urgente” que las máximas autoridades provinciales intervengan e investiguen los hechos. “Estamos preocupados por la repercusión de esto; es un tema delicado”, aseguró a LA GACETA Baltazar Amaya, del Colegio Nueva América.
Resaltó que “al parecer, muchos adolescentes se han olvidado que es un delito penado por ley” y no son conscientes de sus acciones y las consecuencias. “Los estudiantes buscan salir beneficiados saliendo de clases, perdiendo exámenes o incluso por simple diversión”, agregó el joven. Si bien consideró que “el mayor desencadenante, sin dudas, fueron las redes sociales”, el alumno del Nueva América sostiene que son amenazas que comenzaron durante los períodos de evaluaciones, aunque continuaron incluso después de ellas. “Al principio fue una situación angustiante, inesperada. Luego, se volvió un tema recurrente y de broma”, dijo el estudiante.
Sin embargo, añadió que también hay un sector que se encuentra bastante “disgustado y cansado”. “Dentro de los cursos es importante dejar de aplaudir este actuar y concientizar a fondo sobre la situación”, consideró Amaya, en nombre del centro estudiantil.
Acerca de las intenciones, el adolescente sostuvo que “es una picardía con un poco de ignorancia”. “No descartamos los actos mal intencionados por parte de otras personas, las cuales son perfectamente conocedoras de todo lo que conlleva su accionar”, advirtió.
Es por eso que Amaya planteó que “es importante un trabajo conjunto entre las instituciones, la policía y el Gobierno, para coordinar medidas muy claras y evacuar los posibles escenarios para la intervención exitosa de la justicia”.
“Queremos estudiar”
En la Escuela Normal, en tanto, también se volvieron frecuentes las amenazas de bomba. Alejandra Castillo, presidenta del centro estudiantil, consignó que “es una situación gravísima”. “Si alguien piensa que esto es una broma graciosa, está totalmente equivocado; es una persona que no comprende la gravedad del asunto”, indicó.
La referente estudiantil aseguró que esta problemática está generando trabas en el normal desarrollo de la jornada escolar. “Nosotros queremos estudiar, rendir los trimestrales y poder ir tranquilos a la escuela. Exigimos al Gobierno una investigación profunda y seria”, manifestó.
De todas las veces que un mensaje, mail o nota llegó a la escuela alertando sobre un explosivo, se detectaron distintas reacciones. “Algunos piensan que son bromas y que no es posible que pase una situación de tal magnitud; otros se asustan y comienzan a tener miedo; pero lo que todos compartimos es que estamos cansados y que esto debe terminar”, compartió Castillo, en nombre de todos sus compañeros.
Asimismo, la joven compartió una reflexión: “Deberían bajar los niveles de violencia en todos los sectores sociales. Es urgente investigar a fondo las denuncias, encontrar y sancionar a los culpables y abrir un diálogo amplio y profundo entre estos sectores para que la violencia no resurja”.
Poco respeto
Alguien que se mantuvo firme en su postura sobre la gravedad de estas amenazas fue Juan Ignacio Muro, del Colegio del Sagrado Corazón. El presidente del centro de estudiantes aseveró que “de ninguna manera pueden ser consideradas como una forma de protesta o expresión”.
“Las amenazas reflejan nuevamente la debilidad del sistema y la fragilidad cultural por los antiguos protocolos que mueven a las fuerzas del Estado, las lentas investigaciones y el poco respeto por la educación y el orden social”, remarcó.
Además, dijo que “este hecho repetitivo hace mucho dejó de ser un chiste” y que, al contrario, “la situación genera cansancio en los alumnos”. “Las amenazas deben tratarse por lo que son; actos delictivos graves. El motivo, lejos de ser picardía, es mala intención”, aseguró Muro.
Y reiteró: “Mientras tanto, se visibiliza el estado de vulnerabilidad de la provincia en materia cibernética”.
“Broma de mal gusto”
“(Esto) nos está impidiendo (como alumnos) cumplir nuestro derecho de estudiar”, resumió Iván Medina, del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, de Tafí Viejo. Consideró que se trata de una “broma de mal gusto” que provocó que haya miedo y preocupación en los directivos, en los padres y también en los estudiantes.
Opinó que las amenazas de bomba podrían haber comenzado como un juego que después se fue volviendo más y más grave. “Algo que empezó como una idea chica, que salió bien, y después se fue expandiendo hasta terminar en algo grande que se reprodujo a distintos establecimientos”, dijo el representante estudiantil.
Hasta ahora, su colegio tuvo amenazas de explosivos sólo una vez. Sin embargo, Medina planteó que -por la repercusión de los hechos- debería “implementarse un protocolo en todos los establecimientos”. “Hay que estar preparados para estas situaciones; se podría empezar una investigación para saber de dónde vienen estos correos o mensajes”, propuso, para tratar la problemática.
Además, enfatizó en que no se deben pasar por alto este tipo de cuestiones ya que “no se produjo sólo una vez, sino que fue algo que empezó en San Miguel de Tucumán y llegó a los alrededores, como Tafí Viejo”.
Protocolos
La Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no tuvo hasta ahora amenazas de este estilo. Sin embargo, es una de las tantas escuelas que ya ha estado activando protocolos y concientizando a los alumnos al respecto.
“Como centro de estudiantes nos estuvimos replanteando esta situación, buscando una postura. Además, estamos shockeados por la recurrencia de esto”, indicó Milena Sosa Frías.
Sostuvo el mensaje de que “la reflexión es necesaria y la salida es la educación; no podemos descuidarla perdiendo horas y días de clases”. “Como sociedad tenemos que buscar luchar y reivindicarnos con otro camino, no jugando con nuestra educación y nuestra seguridad”, agregó la estudiante.
Además, Sosa Frías advirtió que “más allá de que a algunos les alegre, también hay una gran masa estudiantil que está cansada y otros que sienten temor o miedo”. En este marco, contó que la institución educativa planea llevar a cabo un “simulacro de evacuación” para evitar complicaciones si se diera el caso.
“Estas amenazas ponen en riesgo a todos, más allá de que sea una broma o mentira o no. Lleva a distintas circunstancias y nos afecta”, reiteró la adolescente
“La usaron de chivo expiatorio para intimidar”
La familia y el abogado de María Emilia Salomone, la representante legal del Instituto Puente que se encuentra imputada y privada de la libertad por el delito de intimidación pública contra el colegio San Francisco, manifestó su preocupación debido al estado de salud de la mujer y cuestionó a la Justicia.
Según le contó su hija María Emilia Jarma a LA GACETA, su madre está diagnosticada con cáncer y sufre un melanoma de grado avanzado, que habría empeorado desde que está en prisión. “Ella está muy desbordada emocionalmente y eso nos preocupa a nosotros como hijos sabiendo su diagnóstico de base”.
María Emilia contó que su madre está a cargo del colegio hace 39 años y dijo que para su familia la acusación y el trato que recibió fue injusto. “Esto es su vida; dio todo por ese lugar y verla ahora, como si fuera la peor criminal es muy duro. Yo hago cargo al gobernador y a la fiscal Mariana Rivadeneira de la salud de mi mamá, porque si a ella le llega a pasar algo quiero saber ¿quién va a responder?
De la misma manera opina su defensor, José Ignacio Ferrari. “Este es un típico caso de abuso de poder. Usaron a María Emilia de chivo expiatorio para intimidar a la población”, expresó. El abogado le explicó a LA GACETA que ese mismo jueves presentó un habeas corpus poniendo en conocimiento el estado de salud de su pupila, el cuál fue rechazado por lo que solicitó una audiencia de modificación y de revocatoria de la cautelar que se realizará el lunes. “Frente a esta situación hice un pedido de internación o traslado hacia el Centro de Salud; la doctora Carolina Ballesteros el viernes hizo lugar al pedido, pero hasta ahora no se hizo efectivo el traslado”, contó.
Además apuntó contra las medidas tomadas por el MPF y la decisión del juez ya que dijo que tanto el vocal como la fiscalía tenían a disposición las facturas de las redes de wifi del instituto. “Las dos están a nombre de ella; una tiene domicilio de facturación en su casa y aclara que es del Instituto Primario. La segunda tiene como domicilio de facturación la calle Marcos Paz 651 y aclara que es del Instituto Secundario. La Fiscalía nunca mandó un perito a verificar cuál es la dirección de IP que tiene el módem que está conectado y que da internet al colegio”.
Por último, dijo que para él la semana que viene el tribunal de impugnación revocará las prisiones preventivas de los cuatro imputados ya que “es lo que efectivamente corresponde, que continúe las investigaciones pero que sean idóneas, porque esto es circo para el pueblo”.
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