Por las amenazas, se despertaron los cazadores de brujas

Parece haber quedado casi seguro que los que mandan mensajes con amenazas de bombas a las escuelas son estudiantes. Bastó que la Justicia mandara a prisión a una madre y a un padre por las llamadas que hicieron sus hijos, a una adolescente de 18 años y a la representante de un colegio para que se frenaran en seco las amenazas. El Estado actuó como “papá severo” y paró la ola salvaje. El viernes sólo hubo un mensaje al colegio Guillermina. Pero el jueves habían sido 15 y ya entonces había fiscales y jueces que se habían sacudido la modorra y los ministerios de Seguridad y de Educación habían cambiado el lentísimo y burocrático protocolo de 2005 por uno más rápido. En vez de movilizar a cientos de personas y paralizar todo el tránsito a la mañana siguiente de recibido un mensaje en el correo electrónico de una escuela (eso es más o menos el 40% de los casos), ahora se mandará a uno o dos agentes a revisar esa misma noche los establecimientos donde se denuncie que hay supuestamente bombas.

El juego de las bromas

Siempre se pensó que las amenazas telefónicas y por correo electrónico a colegios eran bromas pesadas de estudiantes. De vez en cuando sacudían la modorra escolar y llegaban a los medios con una frecuencia hebdomadaria. El  comisario Mario Herrera, de Bomberos, decía en abril que tenían que ir una vez a la semana a revisar escuelas y que, si bien la Justicia tenía forma de llegar a los bromistas, nunca se había hecho. ¿Movilizar los equipos de Delitos Informáticos de la Policía para investigar una llamada hecha por diversión? No lo hicieron en los 10 años que lleva funcionando el sistema 911. Allí la mitad de las llamadas que se reciben son falsas. 1.000 por mes, según un informe de hace una semana. Era igual hace 10 años: “En los días que estuvo a prueba, se contestaron unas 13.000 llamadas realizadas por ciudadanos que querían testear la operatividad del sistema, pero en más de 5.000 casos fueron bromas, según fuentes policiales… El ministro de Seguridad Ciudadana dijo que se detectó un teléfono fijo del cual se hicieron 1.700 llamadas y uno móvil del cual se registraron 500 bromas”, se señalaba en una nota del 8 de octubre de 2013. Antes de eso la situación era más o menos similar, o peor: a fines de 2010, la Policía informaba que el 99% de las llamadas realizadas al 101 eran bromas, consultas o insultos. “Es un sistema que permite detectar incluso las llamadas con números bloqueados. Y según el tipo de llamado, se analizaría si se debe aplicar alguna sanción”, dijo entonces el comisario que estaba encargado del Centro de Control.

Pero no se aplicaron sanciones, que se sepa. Los operadores se acostumbraron a lidiar con el estrés de recibir la mayoría de llamadas falsas: pensaban que eran bromas. Lo mismo les ha pasado desde siempre a los patrulleros, habituados a escuchar cargadas de bromistas en sus equipos HT o de radios.

De las bromas se pasó, hace dos meses, a un probable juego típico de adolescentes. Lo planteó un investigador de Delitos Telemáticos hace tres semanas y también el profesor Jorge Soria, directivo de la escuela Congreso. Varios docentes pensaron que era un reto viral de TikTok, desafiar a la autoridad. Como en el clásico chiste, es el monito que se le acerca con un palo al león dormido. Pero los adolescentes consultados durante estas semanas por una periodista de LA GACETA dijeron no haber oído de que se tratara de un juego-desafío. Excepto los alumnos del Colegio San Carlos que el jueves pasado contaron que podría tratarse de un grupo de chicos, conformado por estudiantes de distintos establecimientos, que se ponen de acuerdo para realizar las amenazas. “Eso se habla entre los chicos del colegio”, dijo una estudiante llamada Milena. Pero nada de lo que se pudiera obtener datos ciertos.

Primeros identificados

Lo claro, después de la oleada salvaje que instaló una especie de psicosis en la comunidad educativa, es que se podía llegar a algunos estudiantes autores de llamadas. “Que citen a declarar a mi hijo”, pidió en una audiencia la primera madre sometida a medidas leves de coerción por llamadas a la ENET 1 en mayo.  “Los compañeros de mi hijo le agarraron el celular e hicieron la llamada”, dijo otra madre del Instituto San José de Calasanz, también sometida a medidas leves. “No puedo ir presa. Soy la única que trabaja”, dijo entre llantos otra madre, María Jiménez, que denunció a los compañeros de su hijo en el Colegio Nacional. También Ernesto Drube dijo que los compañeros de su hija en el colegio San Francisco le habían usado el celular para hacer la llamada falsa de bomba.

En estos dos últimos casos ya los jueces y fiscales se habían puesto duros, después de dos meses de ignorar los casos (antes habían estado analizando llamadas de mayo, mientras agosto ardía en amenazas) y decidieron darles dos meses de prisión preventiva y trabarles embargos por $ 3 millones.

Multa y escrache

Hijos de rigor, los estudiantes pararon el desafío del monito. Hijos del rigor, algunos padres dijeron que se asustaron y entonces les advirtieron a sus hijos que si ellos estaban en estas bromas, habría sería consecuencias. Esa estrategia judicial había sido dictada por el fiscal de la Unidad de Ciberdelito de CABA, Alejandro Musso, en la entrevista de LG Play del miércoles: “proceso, condena y publicidad, difusión. ¿Por qué es importante todo esto? Para que sepan que no es tan sencillo hacerlo. Y si lo hacen, y si los agarramos, como en estos casos en que me ha tocado intervenir, las penas son muy altas, y de cumplimiento efectivo. Básicamente, el tipo penal es intimidación pública, generar un estrépito en la población, cuando hay involucrados menores se agrava las penas. Es muy complejo, no es una pavada”.

Los límites que se habían rebasado por los desafíos adolescentes llegaron con el rigor de la autoridad que antes había estado totalmente dominada por el monito juguetón. “Hay pistas firmes, había dicho el gobernador, Juan Manzur. “Van a ir presos”, había agregado el vicegobernador, Osvaldo  Jaldo. Pero hasta el jueves no había habido reacción. El mismo juez Matías Graña había dicho que le llamaba la atención que la auxiliar de fiscal haya pedido medidas de menor intensidad, “teniendo en cuanta la situación que estamos viviendo” en el caso de la madre que denunció a compañeros de su hijo por la llamada de mayo al Instituto San José de Calasanz y que fue apenas reconvenida. También el juez  le reclamó al Ministerio Público Fiscal que no se haya pedido geolocalización de la llamada, para saber si efectivamente fue hecha desde con el teléfono de la madre pero desde el mismo colegio.

Velocidades diferentes

Precisamente este caso del San José de Calasanz, ocurrido en mayo, muestra la velocidad con que se puede investigar cuando se pone atención y cuando se toma los hechos de modo burocrátrico. La rectora, Viviana Romero, y la vice, Sonia González, dijeron que en mayo ya sabían quién era el autor de la llamada. “Nos empezamos a enterar por rumores. Fuimos atando hilos, nos acercamos a ellos para hablar y comenzaron a pisarse entre ellos; así descubrimos la verdad”. Las autoridades llamaron al padre del autor de la llamada, le dieron dos días de suspensión al estudiante, que también debió hacer trabajo comunitario y, junto a nueve compañeros, recibió un curso de uso responsable de los recursos y luego tuvo que exponerlo como trabajo grupal en todos los cursos. Perfecto. Resuelto. Caso cerrado. Sólo que la fiscalía investigó la llamada tres meses después, cuando el vicegobernador pidió que los autores de llamadas fueran presos. Ahora la fiscala Mariana Rivadeneira cita a las autoridades del colegio San José de Calasanz para que expliquen por qué no fueron a corroborar la denuncia. Es que el burocrático sistema policial-judicial que tenemos exige que no basta que alguien haga una denuncia, sino que vaya después de nuevo a corroborarla: de otro modo, no se mueve el paquidermo. O el león.

Cacería desatada

José Ignacio Ferrari, defensor de la detenida María Emilia Salomé, responsable del instituto Puente (de cuyo IP salió el mensaje de bomba en el colegio San Francisco) dijo que se instauró la cacería de brujas en la Provincia. A partir de esto comienza el debate de si se está violando derechos personales para parar la conmoción social. También, si esto se relaciona con la crisis del sistema educativo. La profesora Mariana Dato dijo que piensa que a esos hechos “hay que verlos como la punta de un iceberg de lo que pasa en el sistema educativo y su pérdida de eficacia simbólica como institución formadora de subjetividades. No hay respeto por las instituciones a las que apostó Sarmiento democratizándolas con el uso del delantal blanco. Los regímenes de convivencia no están funcionando porque hay algo para decir por parte de los amenazadores que no pueden decirlo y hay que preguntarse por qué”.

Habrá que ver si, con el rigor impuesto (probablemente, ya con el agua al cuello, el ministro fiscal Edmundo Jiménez bajó la orden de actuar con el máximo de las normas) se calma realmente la ola de amenazas.  Lo que quedó claro esto obligó a salir a jueces y fiscales, los cazadores de brujas, de sus zonas de confort. Ellos también son hijos del rigor.