Alquileres temporarios: sin el PRO, la UCR acordó con el PJ y se avanzó con un dictamen

Alquileres temporarios: sin el PRO, la UCR acordó con el PJ y se avanzó con un dictamen

El proyecto consensuado en el Senado busca evitar la migración de las viviendas a este mercado y la competencia desleal con los hoteles.

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS / Foto de Archivo LA GACETA - Por Inés Quinteros Orio EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS / Foto de Archivo LA GACETA - Por Inés Quinteros Orio

En el marco del debate que se inició en el Senado de la Nación para analizar las reformas a la Ley de Alquileres, el tema de los "temporarios" se coló en la discusión. Y las medidas que buscan esta modalidad de renta alcanzaron consenso entre representantes del oficialismo y la oposición.

Entendiendo que se trata de una modalidad que ha crecido de manera exponencial en el país y fue en detrimento de la oferta para viviendas de uso permanente y la competencia leal contra el sector hotelero, en la Cámara alta se firmó un dictamen unificado para generar un marco regulatorio.

El rumbo adoptado por el Senado va en consonancia con posturas similares que ya se tomaron en distintas partes del mundo para restringir el funcionamiento de las plataformas que ofrecen alquileres de casas o habitaciones libres a turistas, bajo el argumento de expulsar a la población local, sobrecargar los recursos y fomentar el turismo excesivo. Así, por ejemplo, la ciudad italiana de Florencia anunció la prohibición de nuevos anuncios de Airbnb y otros alquileres vacacionales de corta duración en el centro histórico de la histórica ciudad.

El proyecto de ley, de todos modos, derivó en una nueva interna en el seno de Juntos por el Cambio. Pese a que la candidata presidencial Patricia Bullrich (PRO) había asegurado que está “totalmente en contra” de la iniciativa, el radicalismo cerró en la Cámara Alta un acuerdo con el PJ.

Las regulaciones

La iniciativa consensuada a partir de las propuestas de las senadoras Ana María Ianni (Unidad Ciudadana) y Mariana Juri (Unión Cívica Radical) indica que quedarán alcanzados por la legislación aquellos “propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”.

Por contratos de alquiler temporario turístico se considerará al “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”. “En el caso en que un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal se destine más de un 60% de las unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional de Hotelería) o la que en el futuro la reemplace”, puntualiza el proyecto en su articulado.

El proyecto también dispone la creación en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario” y establece una serie de funciones que tendrá la autoridad de aplicación, entre ellas podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con municipios y provincias.

Respecto a las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, el proyecto prevé que las mismas habiliten un campo en sus sitios para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad y proceda a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler; y utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios u ofertas de unidades habitacionales”.

En cuanto a las obligaciones del propietario o el administrador, éste deberá “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros”, entre otras obligaciones.

Respecto a las sanciones para propietarios y administradores se contempla el apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas, las mismas serán pasibles de: apercibimiento; multas a determinar por la autoridad competente; suspensión de operar en el país; y cese definitivo de actividades en el país.

Discrepancias en JxC

Pese al acuerdo, la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero advirtió que está en contra del proyecto porque considera que “si los propietarios se ponen a ofrecer alquilar por ‘tramitos’ como temporario, es porque les resulta un riesgo más acotado”.

Así también lo aclaró Bullrich: “Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres”, pese a que la información institucional confirmaba que JxC y el oficialismo dictaminaron en forma unánime a favor del proyecto.

La diferencia la marcó Álvarez Rivero, quien aseguró que “nunca” votaría a favor del proyecto acordado entre la UCR y el peronismo. “La falta de oferta del mercado de alquileres tiene más que ver con la falta de valor de la moneda, la inflación, el deterioro económico”, defendió la cordobesa.

El posible impacto en Tucumán

En relación a este tema, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, precisó que este tema no impacta de forma contundente en el mercado local porque a diferencia de otros distritos, en Tucumán no se retiró un considerable número de viviendas del mercado. “De todas maneras, los puntos que quieren modificar tampoco están modificando mucho”, dijo el referente del sector a LA GACETA. Y remarcó que más allá de las medidas que se puedan adoptar, el Estado “debe dar garantías y buscar que crezca el turismo”.

Los alicaídos bolsillos de los inquilinos y propietarios no dejan de recibir noticias poco felices. Quienes hayan firmado sus contratos de alquiler en septiembre de 2022, deberán pagar desde este nuevo mes que viene un aumento del 112,5%. Se trata de un nuevo récord de incremento, ya que hasta ahora la cifra más alta había sido la de agosto, del 109%.

Pero, a los incrementos de las actualizaciones también habrá que sumarle el incremento de las expensas. Este ítem viene incrementando entre un 15% y un 20% en los últimos meses y se fundamenta en los incrementos paritarios de los trabajadores del sector. Ahora, con el sueldo de agosto se debe afrontar un 6% de incremento sobre la cuarta categoría del sueldo básico. Ante este escenario, la Cámara de Administradores de Consorcios y Propiedades de Tucumán (Cacpt) manifestó su preocupación por el bono de $60.000 –anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa- y advirtió que costear el pago desdoblado de dicho pago extra resultará “casi imposible” porque próximamente deben pagar el aguinaldo con un plus de $20.000. “Como ya habíamos firmado y aceptado la negociación paritaria pensábamos que la medida no nos impactaba, pero resulta que sí. Igualmente, esto está en discusión porque nadie puede sacarle al privado lo que quiera por un Decreto”, aseguró la titular de la entidad, Susana Quiroga.

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