Por Gustavo Rodríguez
31 Agosto 2023
ARCHIVO FOTO LA GACETA/JUAN PABLO SÁNCHEZ NOLI
A la representante legal de un colegio y a un hombre les dictaron la prisión preventiva por una de las tantas causas de amenazas de bomba que se registraron la provincia. Con ellos ya son cuatro las personas que permanecerán detenidas y a las que se les trabó embargo por $3 millones por intimidación pública.
Según la acusación de la auxiliar Julieta Molé, que fue dirigida por la fiscala Mariana Rivadeneira, el 1 de agosto María Emilia Salomé, representante legal del colegio Puente, acordó con Ernesto Drube enviar un mail a la casilla de correo del colegio San Francisco para informar que allí existía una bomba. Por este acto, el colegio fue evacuado. Fueron acusados de este delito porque el mensaje fue enviado desde un IP que está a su nombre.
“Al momento del hecho tenían conocimiento de que esto afecta a la sociedad. Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes”, sostuvo la acusadora. “No se trató de una simple llamada, sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa esté ubicada en pleno centro”, expresó Molé.
"Usaron su wifi para enviar el mail"
Agustín Ferrari, defensor de la acusada, se opuso tenazmente a la formulación de cargos en su contra. “Usaron su wifi para enviar el mail, lo que no quiere decir que ellos hayan sido los autores. Todos sabemos que siempre se comparten esas redes y nadie puede determinar quién las usa y más si se tiene en cuenta que se trata de un establecimiento educativo”, fundamentó. Las defensoras oficiales Mariana Merletti y Anabella Mazza Villalba, que representaron a Drube, coincidieron con su colega.
ARCHIVO FOTO LA GACETA/INÉS QUINTEROS ORIO
Molé, siguiendo instrucciones de Rivadeneira, solicitó que se les dicte la prisión preventiva a ambos por dos meses. Argumentó su pedido señalando que podrían entorpecer la investigación e influir sobre el testimonio de varios testigos. También requirió que se le trabe embargo por $3 millones. “En representación de los intereses del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia”, argumentó. Los planteos fueron rechazados por los defensores.
El juez Fernando Zóttoli aceptó parcialmente el pedido de la representante del Ministerio Público. Les dictó a ambos la prisión preventiva, pero por 29 días. Sí dictó el embargo por $3 millones.
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