Qué dicen el Gobierno y las empresas sobre el bono

El bono de $ 60.000 anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el que otorgará Santiago del Estero, de $ 400.000 por agente en cuatro cuotas, descolocaron a los gobernadores de las provincias. Uno de ellos fue el tucumano Juan Manzur que aclaró que están abiertas las conversaciones con los gremios para recomponer salarios, aunque no dio precisiones acerca del monto. El pago de un bono como el que impulsa la Nación trastoca los planes financieros en el sector público, que viene tratando de cerrar acuerdos con los sindicatos del sector público en el marco de la reapertura de las paritarias, con el fin de que los salarios de los más de 110.000 empleados estatales provinciales no queden tan rezagados respecto de la devaluación del 22% instrumentada en el tipo de cambio oficial y su traslado a los precios finales.

“Uno siempre está dispuesto a hacer un esfuerzo financiero, pero sin perder de vista el orden fiscal. Por eso digo que los aumentos o bonos se darán en la medida que las finanzas lo permitan”, indicó el gobernador en una charla con LA GACETA. En ese aspecto, manifestó que encomendó a los ministros de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y de Economía, Eduardo Garvich, a que continúen con la ronda de conversaciones con los representantes sindicales, con el fin de llegar a un acuerdo que resulte razonable para un manejo prudente de la caja.

Entre los negociadores de la provincia advierten que el bono que otorga el Gobierno nacional es un anticipo a cuenta de las paritarias. En ese sentido, la anterior negociación en el Estado nacional se cerró en julio pasado y, de acuerdo con el cronograma acordado entre el Gobierno y los gremios la próxima negociación debía arrancar en diciembre. “En consecuencia, el bono que están dando es un adelanto del aumento de diciembre”, indicó a nuestro diario un alto funcionario de la Casa de Gobierno.

Los funcionarios consultados insistieron en que la Provincia ha decidido reabrir esas negociaciones y, en ese aspecto, se están llegando a acuerdos que marcan incrementos en los sueldos en agosto, septiembre y octubre, como una forma de acompañar los reajustes de precios en ese período. “De alguna manera, la Provincia viene respondiendo a la demanda de sus empleados para que la caída de sus remuneraciones sea la menor posible en el marco de lo que la economía argentina está viviendo después de las PASO”, puntualizó una fuente oficial.

Manzur viajó ayer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intención de reunirse con funcionarios del Palacio de Hacienda. La intención es establecer si el Gobierno nacional contribuirá con aportes para hacer frente a las demandas de los empleados públicos provinciales. Si tuviese que hacer frente al pago de un bono, debería contar con no menos de $ 5.000 millones para atender esa demanda. “El bono debería ser cubierto por aquellos distritos que no reabrieron paritarias, que no es el caso de Tucumán, que está en permanente contacto con los gremios estatales”, continuó uno de los negociaciones del Gobierno.

A principios de julio, el Poder Ejecutivo había anunciado el pago de un bono de $ 20.000 por empleado estatal, además de reabrir las paritarias, debido al incremento sostenido de los precios. La inflación de agosto (se estima que será de un 12% en el mes) alentó a los sindicatos estatales a reforzar sus planteos ante la Casa de Gobierno para que el poder adquisitivo de los trabajadores no sigan perdiendo la carrera contra esa inflación.

La situación en el sector privado es tan complicada como en la actividad pública. Los industriales consultados señalaron que no prevén el pago de bonos porque, en gran medida, la crisis se los llevó puesto y no pueden hacer un esfuerzo adicional, ya que vienen de temporadas irregulares, afectadas por la sequía y por el tipo de cambio.

“Hay una severa crisis del sector; las empresas y productores con gran dificultad están viendo cómo llegan a la próxima campaña. Y cada quincena o fin de mes es una hazaña pagar los sueldos”, afirma un citricultor. Además, acota que la quita de retenciones ha llegado tarde con las exportaciones ya realizadas.

En tanto, la Federación Económica de Tucumán (FET) reclamó al Gobierno nacional “solucionar los desequilibrios que afectan al desarrollo de la economía de las empresas” y cuestionó el pago de una suma fija a los trabajadores. La entidad que preside Héctor Viñuales Santafe recordó que el ámbito propicio para resolver las cuestiones salariales son las paritarias y no las imposiciones dentro de las relaciones laborales en el sector privado. “Los esfuerzos en estos momentos deberían estar dedicados a solucionar los desequilibrios que afectan al desarrollo de la economía de las empresas, buscando las causas y ejecutando un plan económico basado en el equilibrio fiscal, con un concepción en pos de la inversión y la producción”, indicó la FET a través de un comunicado.

En tanto, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, afirmó que el sector atraviesa un momento difícil con la redeterminación de precios que ha puesto en vilo a las obras públicas y privadas. En ese sentido, el empresario señaló que tiene que sentarse a conversar con el titular de la seccional Tucumán de la Unión de Obrero de la Construcción (Uocra), David Acosta, para saber cómo afrontar esta situación de la actividad.

“Cada empresa es un mundo y habrá que ver qué posibilidades tiene cada uno para hacer frente a una demanda de esta naturaleza. Por eso digo que, junto con el gremio, el sector empresario tiene que buscar la mejor salida posible para que se sostenga el ritmo de las obras en el tiempo”, puntualizó Garber.

El sector Salud: confían en arribar a un acuerdo salarial

En el Ministerio de Economía hay confianza respecto que hoy puede arribarse a un entendimiento con los gremios vinculados a la salud pública. Las partes volverá a reunirse con el fin de tratar de arribar a un acuerdo en el marco de las paritarias. “Estamos muy cerca de un acuerdo, pero hay que esperar para consensuar posiciones”, indicó a LA GACETA uno de los negociadores. El Poder Ejecutivo ha ofrecido una suba en las remuneraciones del 45%. La primera parte, del 21%, será abonada con el salario de este mes, mientras que el 24% restante se liquidaría en octubre. Los sindicatos, además, reclaman al Gobierno certezas respecto de la aplicación de las modificaciones en los coeficientes de la Ley de la Carrera Sanitaria.