Por Gustavo Rodríguez
29 Agosto 2023
ESPERANZADOS. El MPF espera llegar hasta el final con este proceso. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
“Es un gran avance para la familia del pequeño. Por primera vez en más de dos años entienden que la Justicia los está escuchando”, aseguraron Hugo Lami y Marcos Rufino, los abogados que acompañan en el proceso penal a la madre del niño que murió al ser atropellado.
Acompañantes es un término al que los tucumanos deberán ir acostumbrándose. Es el nombre que se le da a los abogados que asisten a las víctimas de delitos que cometen personas y que por norma no pueden asumir el rol de querellantes. “A pesar del paso del tiempo, la madre del pequeño aún no puede recuperarse de lo que vivió. No termina de asumir que su hijo murió en un accidente protagonizado por una niña de 12 años”, comentó Lami.
Rufino dijo que resultó imposible hacerle entender a ella, a sus parientes y a los vecinos que era imposible iniciar una acción penal contra la niña porque era inimputable. “Claro que la conducta de los padres tampoco ayudó mucho para calmar el enojo”, explicó.
Los profesionales relataron que después de la tragedia, entre todos tuvieron que hacer una colecta para comprar el ataúd primero y después, para reparar los daños registrados en la vivienda por el impacto. “Creo que eso dolió mucho más en el vecindario. Sus habitantes son personas humildes que hubieran esperado otra cosa de personas que son dueñas de una empresa de transporte”, explicó Rufino. “Hasta hubo situaciones extrañas por las que la Justicia decretó medidas de protección a favor de la madre del pequeño”, informó Lami.
En el fuero Civil los resultados tampoco resultaron ser los esperados por la familia del niño. “Durante todo este tiempo fracasaron las audiencias conciliatorias. Durante esta etapa, en ningún momento se vieron interesados en reparar el daño provocado por la menor. Recién en noviembre el caso será tratado por un magistrado. Y pasaron más de dos años”, destacaron los abogados en una entrevista con LA GACETA.
Lami consideró como ajustada a derecho la imputación que impuso el fiscal Diego Hevia en contra de los padres de la niña. “Es muy importante, es un enfoque interesante para que llegue un mensaje a toda la sociedad. Muchas veces los menores no se dan cuenta de sus acciones, pero los padres deben controlarlos. El caso se presentó justo cuando hay una gran polémica por falsas de amenazas de bombas”, finalizó.
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