El Gobierno de Brasil anunció este lunes un decreto para gravar las ganancias de los fondos de inversión llamados de "superricos" y envió una ley al Congreso para comenzar a cobrar impuestos a los brasileños que tienen cuentas y empresas en paraísos fiscales.
"Enfrentamos un período difícil de siete años sin actualización de salario por la inflación y estamos actualizando el salario mínimo que rige la vida de tanta gente, en especial los jubilados; estamos ahora aplicando impuestos a los que más tienen y los que menos pagan, no es revanchismo ni Robin Hood, es aplicar las mejores prácticas internacionales", dijo el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
El salario mínimo brasileño es de 1.340 reales (274 dólares) y Lula firmó hoy también el aumento del mínimo no imponible de 1.900 reales a 2.680 (550 dólares) que estaba detenido desde 2015. Esto beneficiará a 13 millones de trabajadores.
Por falta de paritarias durante cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro y dos de Michel Temer, los salarios de los funcionarios públicos habían sido congelados en 2017: hoy entró en vigor la ley de Lula para aumentar 9%, tras una acuerdo con los sindicatos.
Por otra parte, Lula defendió la nueva política tributaria para los más ricos. "Estamos poniendo a los ricos dentro del impuestos a las ganancias y a los pobres dentro del presupuesto", aseguró.
Nuevas medidas
También firmó el decreto para cobrar impuestos de entre 15% y 20% por semestre a las ganancias de los fondos de inversión de los superricos que son administrados por una sola persona.
En Brasil hay 2.500 fondos de superricos en esta condición de ocultamiento de los rendimientos en los fondos de inversión exclusivos en los que figura una persona como administradora. La iniciativa es una medida provisoria que debe ser aprobada en cuatro meses por el Congreso.
Hasta el momento los superricos pagaban impuesto cuando retiraban el dinero de los fondos de inversión exclusivos y ahora pasará ser cobrado semestralmente.
El Gobierno también anunció el envío al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre tributación de sociedades y fideicomisos extraterritoriales, que prevé una tributación anual de las rentas de capitales invertidos en el exterior, con tasas progresivas de 0% a 22,5%.