Por Gustavo Rodríguez
29 Agosto 2023
DESMINTIENDO TODO. Miriam Amanda Paz (al centro) y Roque Tula, que aparecen junto a Silvia Furque, negaron la acusación en su contra.
“No tengo nada que ver. No conozco a nadie de los mencionados en este caso. Aclaro que soy una víctima de un complot de la policía porque los denuncié”, sostuvo Miriam Amanda Paz (57 años), una de las acusadas del crimen de Lautaro Alexander Ostriz (24). Pese a la versión exculpatoria, a ella y su hijo Roque Miguel Tula (32) se les dictó la prisión preventiva por tres meses en el caso en el que se afianza la pista narco.
El jueves 10, la víctima fue a encontrarse con una persona en un punto de Estación Aráoz. Un amigo lo llevó hasta ese lugar y de ahí nunca más se supo de él. Su cuerpo fue encontrado el domingo 20 en un paraje cercano a esa localidad. Según la autopsia, lo mataron de dos mazazos en la cabeza.
Los primeros indicios que surgieron fueron aportados por Cristian Leal (24), el que fue acusado de entregador y al que le dictaron la prisión preventiva por seis meses. El joven, después de varios días, pidió a gritos declarar, puesto a que sus defensores Ariel Marti y Roberto Vicic le aconsejaron que no lo hiciera por el momento.
El fiscal Ignacio López Bustos solicitó una audiencia para que el acusado pudiera declarar. La jueza Elizabeth Raddi aceptó el planteo y dispuso que el acusado contara todo lo que sabía del caso. Leal se despachó con todos los detalles.
Reconoció que una mujer lo había llevado para que convocara a Ostriz para saldar los $200.000 que le debía a la mujer que lo llamó. Luego señaló que fueron a buscarlo al lugar pactado él y otras tres personas e indicó que lo hicieron subir a una camioneta de color negro. También explicó los lugares que ocuparon cada uno de ellos. Indicó que en el asiento trasero se habían ubicado él, un tal “Negro Hugo” (identificado como Hugo Fernández), y la víctima; que el vehículo era conducido por un tal “Diego” (Tula) y en el asiento de acompañante, una mujer al que sólo conocía como “Marta” (Paz).
En medio de las lágrimas, el primer detenido de la causa, indicó que en el trayecto escuchó la discusión que tuvieron el joven privado de la libertad con los otros ocupantes. “Todo fue por unos tres kilos de drogas que él se quedó. Lautaro decía que no la tenía en esos momentos y que luego se las entregaría”, añadió.
Leal contó que en un momento detuvieron la marcha e hicieron bajar a la víctima. “Fernández le pegó con una maza en la cabeza y, cuando estaba en el piso, le aplicó otro golpe. “Luego, Diego me apuntó con un arma de fuego y me dijo que si no lo ponían en una bolsa y lo tiraba en el lugar donde se encontraba”, dijo.
A partir de ese testimonio, personal de la ex Brigada, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, después de identificar a los sospechosos, pidió su detención, medida que se concretó el domingo por la mañana.
La audiencia
Ayer se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los dos últimos aprehendidos. El auxiliar Guillermo Di Lella acusó a madre e hijo de homicidio agravado por haber sido premeditado y con la participación de más de dos personas, mismos cargos que afrontan Leal y Fernández. Romina Campero, que asumió la querella, adhirió al planteo. “Soy empleada municipal desde hace muchos años. Sí es cierto que presto dinero, pero nunca hice nada malo”, dijo Paz cuando tuvo la oportunidad de hacer su descargo. “Tengo una enorme vergüenza por todo lo que está pasando. No tengo ningún antecedente y ahora me involucran en este caso en el que no tengo nada que ver”, añadió con lágrimas en los ojos.
Paz también señaló que es víctima de una persecución policial. Informó que todos los problemas se iniciaron cuando denunció a varios jefes de la Unidad Regional Este. Silvia Furque, que asumió la defensa de ambos acusados junto a Cergio Morfil y Gerónimo Martínez Molina, informó que hay un expediente abierto en la fiscalía de Delitos Complejos y que su titular Mariana Rivadeneira dictó una medida de protección a su favor.
“Solo presto dinero a mis compañeros de trabajo y personas que son allegadas. Lo máximo es un monto de $ 50.000. No tengo porqué ocultarlo. Tengo una imagen muy visibilizada. Los mismos policías que trabajan en la municipalidad se asombran por cómo trato a la gente que me debe plata. El que no tiene para devolverme, lo ayudo a solucionar el problema. A mí todos me conocen como la Señora Miriam”, añadió en su declaración.
La mujer también dijo que en los últimos tiempos sufrió varios allanamientos en su contra por parte del personal de la Unidad Regional Este. “A partir de que los denuncié, el acoso fue mucho mayor. Tenía miedo, pero nunca me imaginé que podrían llegar a perjudicarme de esta manera. La compadezco a la familia de ese chico, pero yo no tengo nada que ver con su muerte”, comentó. La investigación del caso fue desarrollada por varias secciones de la ex Brigada porque, justamente, buscaban que no se contamine la pesquisa.
Tula sostuvo que él no estaba en la provincia cuando se registró el crimen de Ostriz. “Había viajado a Jujuy para buscar los juguetes que había comprado para vender en mi casa”, explicó.
Los defensores cuestionaron la investigación desarrollada por López Bustos por la falta de claridad y de pruebas que existen en la causa. “Nosotros presentamos más evidencias que servirán para desincriminar a nuestros asistidos que los acusadores para probar su participación en el hecho”, explicó Martínez Molina.
Di Lella solicitó que se le dicte la prisión preventiva a ambos por seis meses, aunque en el caso de Paz sea con la modalidad de arresto domiciliario, ya que sufre de diabetes e hipertensión. El juez Matías Graña, a pesar del rechazo de los defensores, aceptó el pedido, aunque dispuso que la medida cautelar se extienda por tres meses.
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