01 Septiembre 2023
Tribunal de Cuentas de Tucumán LA GACETA / ARCHIVO.
El Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia dispuso la clausura de distintos procesos efectuados a partir de la detección de facturas presuntamente apócrifas en las rendiciones de gastos de comunas rurales. Como consecuencia, el ente de control ordenó el pago de multas y formalizó las denuncias de cada caso ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) del fuero local.
Los dos expedientes más recientes al respecto refieren a la comuna rural de El Mollar. A través del acuerdo 3.206, del 3 de agosto, el Tribunal de Cuentas -con las firmas de Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci- dio por cerrado el juicio de responsabilidad en el que se constató el daño al erario por la “presentación de facturas apócrifas” del ejercicio 2018. Por ello, se declaró patrimonialmente responsables, en forma solidaria, a Jorge Américo Cruz (comisionado comunal en aquel período) y a Vera Lucía Olartes Medina (secretaria habilitada).
Si bien ambos alegaron en su descargo que el entonces encargado de compras de la comuna había sido responsable de elevar los recibos en cuestión, el TC dispuso un cargo fiscal por $298.000. Además, se comunicó el caso al MPF ante la aparente comisión de delitos, y se notificó a la AFIP “ante la eventualidad de que las irregularidades verificadas impliquen evasión impositiva”.
En paralelo, mediante el acuerdo 3.166, dictado el 1 de agosto, el Tribunal de Cuentas formuló otro cargo fiscal contra Cruz y Olartes Medina, esta vez por $480.000. En este juicio de responsabilidad, también se advirtió sobre “la falta de autenticidad de las facturas presentadas en la rendición de cuentas correspondiente al cuarto bimestre de 2018”.
Una letra que “no es suya”
Un proceso similar se registró en la comuna rural de Alto Verde y Los Guchea (departamento Chicligasta). Según consta en el acuerdo 2.834, del 4 de julio, se declaró patrimonialmente responsables en forma solidaria a Eduardo Ramón Alfaro y a Vanessa Angelina Centeno por la falta de regularización de comprobantes del ejercicio 2016.
En este expediente, el dueño de una empresa de fotografía desconoció una factura; expresó que la letra “no es suya” y que “nunca hicieron trabajos fotográficos para la comuna de Alto Verde”.
El TC dispuso un cargo fiscal de $92.000 contra el entonces comisionado comunal y su secretaria habilitada, y dio intervención tanto al Ministerio Público Fiscal como a la AFIP. Por el acuerdo 3.553, del 22 de agosto, se les otorgó la carta de pago por aquella multa y se ordenó el archivo de las actuaciones.
Esta situación se detectó también en la comuna rural de Sargento Moya (departamento Monteros). El Tribunal de Cuentas resolvió, mediante el acuerdo 2.711, declarar patrimonialmente responsables al ex delegado local, Carlos Mateo Kersul, y a su secretario habilitado, Luis Alberto Argañaraz, por la falta de regularización de comprobantes del ejercicio 2018. En este caso, el cargo fiscal alcanzó los $346.000. Y se reportaron "11 facturas de dudosa autenticidad que podrían configurar un delito", por lo que dio cuenta del caso al MPF y a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Además, en abril pasado, se dio por cerrado un juicio de responsabilidad por una rendición de gastos de la comuna de Las Talas (departamento Leales). El Tribunal de Cuentas, vía acuerdo 1.527, determinó que el comisionado rural Ricardo Yubrin y el secretario habilitado, Pablo Gabriel Coghe, eran patrimonialmente responsables por el daño al patrimonio del Estado “causado por la presentación de la factura apócrifa” presentada en la rendición de gastos. En este caso, el monto del cargo fiscal fue de $66.000. Como en los anteriores casos, se comunicó lo sucedido a la Justicia penal y a la AFIP.
El ente de control tramita otro expediente por esta situación en la comuna de Río Seco (departamento Monteros). Según el acuerdo 2,965, del 24 de julio, se consideró que distintas facturas elevadas en el marco de las rendiciones de cuentas del ejercicio 2018 “pueden ser consideradas como de dudosa autenticidad”. Por ello, se inició un juicio de responsabilidad -aún en proceso- contra Carmen del Valle Alejandro y Jorge Antonio Nieva, quienes estaban al frente de la comuna en el período señalado.
“Dado que este Tribunal (de Cuentas) viene teniendo intervención en numerosos casos de rendiciones de cuentas por parte de diferentes comunas en los que se detectara la presentación de facturas de dudosa autenticidad, lo que motivó en cada caso la apertura de comprobaciones sumarias, se estima pertinente reunir la totalidad de los antecedentes a efectos de formular la correspondiente denuncia penal por ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, en atención a la presunción que no se trata de meros hechos aislados, sino de reiteradas maniobra dolosas llevadas a cabo en fraude al Estado provincial”, apuntó el ente de contralor en los considerando del acuerdo 2.965.
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